Wert lo dejó todo más atado de lo que parece. Posiblemente, la consecuencia más directa de la paralización de la Lomce será la económica. Está previsto que en el 2017 las comunidades autónomas contarán con 964 millones de euros para la implantación de la ley. El Gobierno pondrá solo 350 millones y los 614 restantes provendrán del Fondo Social Europeo. Todos ellos divididos en varios pagos.
El problema que se plantea a quienes inactiven la norma radica en que este desembolso comunitario está condicionado a la justificación de los gastos incurridos, en los términos previstos por la normativa nacional y comunitaria. Es decir, estos recursos están destinados únicamente para financiar la reforma educativa y se pagan una vez gastados y comprobado que se han dedicado a esta finalidad. Está previsto que el Ministerio de Educación adelante la partida europea a las comunidades autónomas, pero desde que la reciban hasta que justifiquen en qué lo han gastado aparecerá en sus cuentas como deudas.
Lomce ya en las aulas
La principal consecuencia académica será que futuros gobiernos sin el PP tendrán que seguir aplicando durante años la parte que entró en vigor en las aulas durante el curso 2014/2015 en los cursos impares de secundaria y bachillerato. Y la parte que entre en vigor en el 2015/2016. Deberá hacerse hasta que haya otra ley nueva y ésta inicie su andadura. Los expertos consideran que eliminar de golpe lo implantado es difícil e imposible, ya que originaría grandes trastornos a profesores y alumnos, y en ningún caso puede haber un vacío legal o educativo.
A modo de ejemplo, la Religión se ha implantado como asignatura específica en el bachillerato y los alumnos de 1º de los centros públicos que la cursan se han duplicado, según los datos de la Conferencia Episcopal Española. Los docentes aseguran que, más que por un repentino renacimiento de la fe, la elección obedece a que su calificación, generalmente alta, cuenta para la nota media de final de curso. Suprimirla sería un agravio comparativo para los alumnos que les sucedan.
Historia repetida
Paradojas de la historia, el primer ejecutivo de José María Aznar en 1996, precisamente por tener que hablar catalán en la intimidad y en el pacto del Majestic, tuvo que aplicar la tan denostada Logse, promulgada por el Ejecutivo de Felipe González. La primera ejecutora popular fue nada menos que Esperanza Aguirre, entonces ministra de este ramo. Y la segunda, Pilar del Castillo, promotora de la LOCE. Empleó cuatro años en su elaboración, ya sin necesitar el apoyo de JORDI Pujol. Pero no pudo aplicarse ni una coma, porque llegó el primer ejecutivo de Zapatero y la derogó.
Además, el PP del aznarato también cedió ante Pujol algo más contrario imposible para su didáctica de la unidad de España: que el Ministerio de Educación renunciara al control o supervisión de los currículos y de los libros de texto. La enseñanza, sobre todo de la historia, es desde entonces muy distinta en Cataluña y otras comunidades. Mariano Rajoy y sus compañeros no lo recuerdan o culpan a otros de lo que consideran un desaguisado.