Los funcionarios judiciales se ven obligados a adelantar de su bolsillo los gastos en transporte y tardan hasta dos meses en obtener la devolución debido al complicado engranaje administrativo. Así lo ha denunciado este colectivo vía sindical y parlamentaria, pero la Consejería de Justicia asegura que se trata de casos puntuales y que los retrasos en el pago se concentran en el mes de diciembre, coincidiendo con el cierre del ejercicio. Esta situación afecta a los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial encargados de hacer notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos fuera de las sedes de los órganos judiciales.

Los empleados públicos destinados en la ciudad judicial de Barcelona-L’Hospitalet, son una excepción, pues tienen un régimen especial aprobado por el Govern, que les da derecho a bonos de transporte público de uso preferente y a una retribución de 150,25 euros mensuales brutos para eventualidades.

No constan quejas

Sin embargo, en el resto de la provincia de Barcelona, así como en Tarragona, Lleida y Girona no existe ese régimen especial, lo que da lugar a que los trabajadores se vean obligados a poner el dinero de su bolsillo y luego pasar la factura correspondiente a la Consejería de Justicia. Fuentes de este departamento aseguran a Crónica Global que no han recibido quejas al respecto y que se trata de casos aislados. Respecto a la devolución del dinero, explican que se han producido retrasos en el mes de diciembre, debido al cierre del ejercicio.

Debate parlamentario

Sin embargo, las quejas de los trabajadores públicos han llegado a la Comisión de Justicia del Parlamento catalán, donde la diputada de Ciudadanos, Carmen de Rivera, defendió una propuesta de resolución cuya finalidad es corregir esta situación, que afecta a un colectivo "con salarios muy precarios, de 800 0 900 euros en algunos casos". En concreto, en el texto presentado se instaba al Govern a adoptar “todas las medidas pertinentes para garantizar que ningún funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial destinado en Cataluña tenga que adelantar de su cuenta los gastos de locomoción y transporte para la práctica de los actos de comunicación judicial que se practiquen fuera de las sede de los juzgados y tribunales de Cataluña”. Asimismo, se proponía “convocar a la Mesa de Negociación del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en Cataluña para inicial las conversaciones que permitan llegar a una solución a esta cuestión y así evitar el adelanto por parre del funcionario”.

La iniciativa contó con el apoyo de PSC, PP y CSQP, formación esta última que pidió hacer esta medida extensiva a todos los funcionarios judiciales, y no solo del cuerpo de auxilio. Los votos de Junts pel Sí y la CUP impidieron que la propuesta de resolución prosperara.