La sala segunda del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre un año y medio y dos años de prisión por amenazas a tres jóvenes, vinculados a Falange Española, por realizar acciones contra la memoria histórica en varios pueblos de Navarra.

La sentencia, que ratifica una anterior de la Audiencia Nacional, considera probado que los tres condenados se pusieron de acuerdo durante el mes de agosto de 2009 para llevar a cabo una serie de acciones con la intención de que cualquier manifestación pública de apoyo a la memoria histórica “generara en sus legítimos promotores un miedo respecto a su sentimiento de tranquilidad”.

Acciones fascistas en cadena

Según el texto de la sentencia, se considera probado que “con ese objetivo la tarde del 19 de agosto de 2009, J.I.I.S rompió la placa existente en el monumento Homenaje a los esclavos del franquismo en el alto de Igal en el término municipal de Vidangoz. Después, acompañado de los otros dos condenados, hicieron en un vehículo propiedad del  Ayuntamiento de Orkoyen, utilizado por un alguacil, la pintada Julio Kontuz, mira debajo y Zerri comunista junto a un yugo y unas  flechas. La misma noche pintaron una placa de la calle Dolores Ibarruri del mismo ayuntamiento con la bandera de España. Posteriormente, rompieron la escultura y las placas del monolito en recuerdo de los comunistas fugados del Fuerte de San Cristóbal en 1938 y realizaron pintadas en el monte Ezkaba. Acto seguido, se fueron al cementerio de Berrioplano donde pintaron la tapia con expresiones destinadas a menoscabar la realización de actos de reconocimiento de la memoria histórica".

Amenazas de muerte

"Desde allí --continúa el relato-- se desplazaron al cementerio de Aizoain, donde rompieron la placa en memoria de los fusilados del Fuerte de San Cristóbal, y, por último, realizaron distintas pintadas en la fachada principal del Ayuntamiento de Arbizu relativas al asesinato de republicanos en 1936, advirtiendo al alcalde y a los concejales “hoy se os vigila, mañana os matamos”.

El Supremo habla de “pruebas abrumadoras contra los imputados" y da por firme la sentencia. En ella confirma el pago de una indemnización por daños morales al alcalde y a tres concejales del Ayuntamiento de Arbizu y al alguacil de Orcoyen de 1.000 euros a cada uno de ellos por las amenazas de muerte vertidas en las pintadas, además de cerca de 4.000 euros por los destrozos causados con sus actos.