La constructora Ortiz pasteleó contratos con la trama Gürtel y también con la Pretoria

Esta semana se ha sabido que el propietario del grupo constructor Ortiz, Enrique Ortiz, ha confesado que financió ilegalmente al PP de Valencia. Lo ha admitido para evitar la prisión. La cadena SER reveló algunas conversaciones explícitas de contubernio del empresario con responsables políticos de la trama y del PP. Pero no es la primera vez que un escándalo de corrupción política con sobornos y tráfico de influencias salpica al Grupo Ortiz.

Entre los años 2009 y 2010, estalló el caso Pretoria, un escándalo de corrupción política y urbanística que tenía su epicentro en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y que situaba al exdiputado socialista Luis García, conocido como Luigi, al exsecretario general de la presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y al exconsejero de Economía Macià Alavedra como sus máximos responsables.

Primera gran trama de comisionistas

La trama puso al descubierto cómo se amañaron contratos millonarios de distintas administraciones con la intermediación de comisionistas.

En septiembre de 2009, la unidad central operativa de la Guardia Civil había interceptado los teléfonos de los principales sospechosos por orden del juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Llamada reveladora

A las 15 horas y 3 minutos del día 15 de septiembre de 2009, Luigi descolgó su teléfono. Le llamaba el exconsejero de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya y, entonces ya, presidente de la filial catalana de la constructora Grupo Ortiz, Joan María Pujals.

La Guardia Civil tomó buena nota de la conversación. Era evidente que no era la primera que mantenían. Los dos se conocían bien y, por lo que se intuía, ya habían negociado sobre obras y contratos, y sobre de licitaciones y concursos públicos, manejando una información absolutamente reservada a la que jamás debería de haber tenido acceso una empresa aspirante o concursante. Ambos hablan de un millonario contrato de obras que el Ayuntamiento de Santa Coloma estaba a punto de sacar a concurso.

Trafico descarado de información

“La cosa pinta mal”, le dice Luis García a Pujals. “Se han presentado 18 empresas. Que más barato que nosotros son 9. Que tenemos por delante a algunos como FCC, que ha hecho una oferta terrorífica. La oferta de Fomento es de 2.950.000 euros y la nuestra de 3.140.000 euros. Pero es que incluso Proinosa es más barato, 2.766.000".

Pujals le muestra su preocupación por esta situación. “Estate tranquilo”, le dice García. “Tengo el primer CD con el proyecto. Ya tengo una copia, te llamo y quedamos".

Ese mismo día, a las 18 horas y 9 minutos Luigi recibe de nuevo una llamada de Pujals. La Guardia Civil seguía a la la escucha.

Pujals le dice que ha hecho una simulación del proyecto “que nos ocupa y que sólo estamos a seis puntos de Fomento y que, por lo tanto, si rebajamos cinco, entramos en la batalla”.

Luigi le responde: “Tú no sufras, ya me lo guiso; a ver cómo me lo monto”. A lo que Pujals le responde: “Lo dejo en tus manos". Luigi concluye: “Las cosas son así, me cago en la puta”.

El descaro de quien se creía impune

Resulta evidente, a ojos de la Guardia Civil, que la “información que Luis García comparte con el empresario (Joan María Pujals) debería circunscribirse al ámbito de conocimiento municipal”. Los agentes de la UCO estaban perplejos por la forma cómo Luigi administraba y traficaba con información de contratos públicos.

Así se menciona, de forma expresa, en un informe policial que obra en el sumario de la operación Pretoria datado el 27 de noviembre de 2009 y cuyo destinatario era el juzgado 5 de la Audiencia Nacional. En ese mismo informe se especifican todas las gestiones sospechosas que Alavedra y Prenafeta realizaron entre empresas, y entre éstas y administraciones, para facilitar contratos de obra pública concedidos en extrañas circunstancias.

'El País' demuestra la mordida

En 2009, el Grupo Ortiz mantenía con esa rama de comisionistas vinculada al PSC y a CDC una línea viva y fluida de colaboración.

Ahora se ha sabido, gracias a una investigación del diario El País, que en 2010 el Grupo Ortiz pagó 400.000 euros a la fundación de convergente CatDem como requisito para acceder a contratos públicos. Según esta información, que la fiscalía anticorrupción ya tiene en su poder, a partir de oficializar el pago, el Grupo Ortiz, presidido por Pujals, empezó a recibir contratos de administraciones convergentes bajo los primeros gobiernos de Artur Mas.

Pujals, de rositas

Se ignora el motivo por el que Garzón, que llegó a detener y a esposar a Luigi, Prenafeta y Alavedra, no imputó al exconsejero de Enseñanza cuando las evidencias aportadas por la Guardia Civil eran palmarias.

La esposa de Joan María Pujals es María José López Pallares, secretaria del Ayuntamiento de Montcada i Reixac. Se da la circunstancia de que el director del área territorial del mismo consistorio, Toni Jiménez, cuando el alcalde era el socialista Cesar Arrizabalaga, fue imputado en el caso Pretoria por distintos casos de prevaricación urbanística. Por aquel entonces, López Pallares era ya secretaria municipal en Montcada.