La Dirección General de Tráfico (DGT) ha empezado a instalar cámaras especialmente diseñadas para vigilar el uso del cinturón de seguridad, así como de los sistemas de retención infantil.
La vigilancia de este dispositivo a pie de carretera se va a complementar con la vigilancia a través de cámaras instaladas en las vías. Actualmente, la DGT está probando tres de ellas en la A-1, A-2 y A3, en Madrid, pero la idea es que a lo largo de este año, 270 cámaras puedan controlar que se lleva puesto el cinturón de seguridad.
Carreteras convencionales
El 60% de estas cámaras serán instaladas en carreteras convencionales, que son las que registran la mayor accidentalidad y siniestralidad y el 40% restante en vías de alta ocupación. En varias muestras realizadas en las cámaras en pruebas, el 2% de los conductores de los vehículos captados por las mismas iban sin cinturón de seguridad, según ha informado Tráfico.
Las imágenes que captan las cámaras son enviadas al centro Estrada de León, donde se comprueba que efectivamente circula sin cinturón de seguridad. Después se envía el boletín de denuncia al titular del vehículo para que identifique al conductor.
En función del asiento
El uso del cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. En 2014, 194 de los 822 fallecidos usuarios de turismo y furgoneta no hacían uso de dicho dispositivo (24%). Los datos de la DGT también indican que el uso del cinturón de seguridad es más habitual en los asientos delanteros que en los traseros. 10 de cada 100 personas que viajan en estas posiciones no llevan puesto este dispositivo.
En los asientos traseros, el no uso del cinturón se duplica. 20 de cada 100 personas que van sentadas en los asientos traseros no lo usa.
En el caso de las vías urbanas teniendo en cuenta el tamaño del municipio, el uso de este sistema de seguridad varía. En las ciudades con más de medio millón de habitantes, el 90% de los ocupantes usa el cinturón de seguridad. En las ciudades medianas, de al menos 100.000 habitantes, su uso ronda el 84% y los municipios de menos de 60.000 habitantes se sitúa entre el 70 y 80%.