El Tribunal Supremo ha condenado a tres empresas por tráfico de drogas en lo que constituye la primera ocasión en la que el alto tribunal aplica la reciente reforma del Código Penal que prevé la responsabilidad punitiva de personas jurídicas como empresas u otras organizaciones.

El Supremo confirma una sentencia condenatoria de la sección primera de la Audiencia Nacional que imputó a tres empresas por su “directa e indispensable participación en el tráfico de 6.000 kilos de cocaína que a punto estuvieron de ser introducidos en España procedentes de Venezuela, escondidos en maquinaria industrial.

Sociedades delictivas y manipuladas

“Junto a las sociedades que operan con normalidad en el tráfico jurídico mercantil y en cuyo seno se pueden producir  compartimientos delictivos, existen otras estructuras societarias cuya finalidad exclusiva o principal es precisamente la comisión de delitos”, dice la sentencia que invoca el contenido del renovado artículo 31 bis del Código Penal que atribuye responsabilidad punitiva a la entidades jurídicas.

La sentencia (154/2016) dictada  hace una semana y de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza Martín ha sido emitida con los votos a favor de 8 de los 15 miembros de la sala. Siete han presentado un voto particular, no sobre el fallo resultante, sino por disconformidad con la doctrina utilizada.

Condenas económicas y legales

El Supremo condena a la sociedad Transpinelo SL a la pérdida definitiva de su personalidad jurídica y de su capacidad de realizar actividad comercial alguna y a una multa de 775 millones.

La misma condena ha recaído sobre las sociedades Geormadrid Machinerys SL y Investissimetn Trans Spain África  SA (Itsa) para las que, además de la millonaria multa, impone su automática disolución.

La investigación policial objeto de esta sentencia se produjo en 2011 a cargo de agentes de élite de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en coordinación con la guardia bolivariana de Venezuela. Entre ambos cuerpos se llegaron a decomisar cerca de 6.000 kilos de cocaína que los imputados (que han sido condenados a penas firmes de más de 10 años), trataban de introducir en España escondida en maquinaria industrial como, por ejemplo, excavadoras.