Prevaricación, el arma penal del Gobierno contra el 'procés'

Prevaricación, es decir dictar una resolución a sabiendas de que es injusta, es el delito que pondrá el Estado sobre la mesa de los tribunales ante la inminente nueva vuelta de tuerca soberanista que ha anunciado el gobierno de Carles Puigdemont, conjurado con su proceso de desconexión de España.  

Hasta el momento, sonaban los delitos de sedición y rebelión que, a priori, mejor resumían lo que, en términos de análisis jurídico, podía atribuirse a las resoluciones soberanistas que ha emitido la presidencia del Parlament y del Govern.

Sedición no violenta

Sin embargo, los servicios jurídicos que dependen del Gobierno entienden que tanto la sedición como la rebelión serán difíciles de argumentar por cuanto que en ambos casos, el Código Penal recoge como circunstancia sine qua non para poder invocarlos el hecho de que se produzcan con un alzamiento tumultuario y por la fuerza, (en el caso de la sedición) o con un alzamiento violento y público y (en el caso de la rebelión).

Hasta el momento, ninguna de las actuaciones denunciadas, ni tan siquiera aquellas que eventualmente lo serán, parece que estén (o lleguen a estar) rodeadas de actuaciones “ni violentas, ni tumultuarias, ni por la fuerza”.

Más bien parece todo lo contrario.

Penas de inhabilitación

Así que los últimos informes jurídicos que obran en poder del Ministerio de Justicia hablan de un delito de prevaricación como el que pudiera resultar técnicamente más efectivo e incuestionable en caso de que las leyes secesionistas (“de desconexión”) en Catalunya, sigan avanzando hasta un punto de no retorno.

El delito de prevaricación está castigado con penas de inhabilitación de cargo público.