La teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suarez, presentó un informe al juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que solicitaba que el magistrado ordenase a la UDEF el registro “íntegro” del domicilio particular del ex President de la Generalitat, Jordi Pujol.

El informe se presentó pocos días antes de que el juez José de la Mata dispusiera toda una serie de diligencias en el marco del sumario que dirige contra el clan Pujol por delito fiscal y blanqueo de capitales.

De la Mata, ni caso

De la Mata hizo caso omiso de esta petición, a la que ni siquiera respondió. De forma unilateral, ordenó el 27 de octubre del año pasado, entre otros registros, el de la habitación que, ocasionalmente, ocupaba en casa del ex President, su hijo primogénito y principal imputado, Jordi Pujol Ferrusola. Sólo aquella habitación y dio concretas instrucciones de que no se registrase ninguna otra dependencia.

Ese registro, según se consideraba en círculos próximos a la UDEF, no aportada ningún dato a los investigadores y se llevó a cabo con el consiguiente desencanto de los fiscales que veían a todas luces insuficiente circunscribir la diligencia a aquella única habitación y no al resto de la vivienda.

La fiscalía quería imputar al ex 'President'

La fiscalía reclamaba un registro íntegro del domicilio, lo que ya presuponía, entonces (octubre del 2015), la voluntad de la acusación pública de imputar al ex President en la causa que se seguía en la Audiencia Nacional.

El informe de anticorrupción hacía referencia a la comisión rogatoria recibida de las autoridades andorranas que ponía el acento en la controvertida cuenta 63810 abierta en la Banca Reig de Andorra en el año 2000 y firmada por el primogénito del clan con 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros).

Una cuenta bajo sospecha

La propia comisión aportó dos documentos relevantes: uno fechado el mismo día de la apertura, firmado por Pujol Ferrusola donde se explica que el titular real de los fondos de la Banca Reig era su padre y un segundo documento que es un manuscrito del propio ex President fechado en mayo del 2001 en el que Pujol Soley afirma ser el propietario de la cuenta.

Esa controvertida cuenta se cerró en 2010, dato que la fiscalía esgrime como dato revelador de que el ex President, al menos hasta esa fecha, era responsable de los ingresos y movimientos bancarios, lo que dejaría sin efecto, en opinión de anticorrupción, una posible prescripción de los hechos atribuidos al ex molt honorable.

Es en el marco de este razonamiento, que la fiscal, Belén Suarez, pidió el registro de todo el domicilio del ex President como paso previo, siguiendo una lógica procesal, a su eventual imputación. De la Mata, ni contestó, pero paradójicamente y para perplejidad de la fiscalía, los mismos argumentos incriminatorios contra Pujol Soley vertidos en aquel informe por la teniente fiscal, son los que, dos meses después, si utilizó De la Mata para citar como imputado al ex President el 10 de febrero.