La fiscalía anticorrupción, personada como parte en el sumario que investiga el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona por el llamado caso de las ITV, ha iniciado contactos con las defensas de los principales acusados al objeto de llegar a un eventual acuerdo que desemboque en una sentencia de conformidad.

Esos contactos iniciales han causado sorpresa en círculos judiciales de Barcelona, dado que, hasta el momento, el papel del ministerio fiscal se había caracterizado por una firme actuación acusatoria a partir de unos argumentos totalmente asumidos por la juez y también por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) durante el tiempo que tramitó la causa que sigue abierta contra el entonces aforado Oriol Pujol. El TSJC llegó a ratificar, incluso a profundizar, en todos los extremos incriminatorios a la vez que avaló la instrucción del sumario, que llegó a calificar de “modélica y sin fisuras”.

¿Cuándo hay que pactar?

El criterio habitual que impulsa a la fiscalía para llegar a acuerdos de conformidad con las partes es, fundamentalmente, el relativo a las dudas que el fiscal puede albergar respecto a la solidez jurídica y probatoria de los argumentos que sustenta la propia acusación. En definitiva, ante la duda de una victoria por goleada, se opta por una victoria mínima, lo menos “incómoda” posible para el acusado, pero victoria al fin y al cabo.

La complacencia de la anticorrupción para pactar con Oriol Pujol llama poderosamente la atención toda vez que, incluso en círculos próximos a los imputados, se daba por segura una sentencia condenatoria y severa ante lo explícito y contundente de las pruebas que la juez Silvia López y el TSJC han acumulado durante estos años de instrucción. Por ello, no se entiende que ahora la fiscalía contemple un acuerdo que sin duda es la mejor noticia que podría planteárseles a los defensores de los principales imputados en este caso de corrupción.

Sabedores de ello, y según ha podido saber Crónica Global, las defensas de los principales imputados entre ellos, Oriol Pujol, han planteado una “oferta” a la fiscalía que no ha desagradado al fiscal adscrito al caso.

El jurado es el enemigo

En fuente próximas a la investigación judicial se trata de justificar los contactos entre fiscalía e imputados alegando que el caso se va a dirimir por la vía de la ley del jurado. Ese extremo parece ser un hándicap para la acusación que ve difícil poder explicar a unos ciudadanos --legos en materia jurídica-- la incriminación penal que se atribuye a los políticos y empresarios imputados en esa trama tan compleja de corrupción.

La juez de instrucción número 9 de Barcelona investiga al ex diputado de CiU, Oriol Pujol, acusado de favorecer a empresarios de su entorno a cambio de comisiones ilegales. Se le acusa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

Disparidad de criterios en la fiscalía

Crónica Global, ante la imposibilidad de poder contactar con el fiscal del caso, Fernando Maldonado, ha comunicado con la fiscalía general del Estado y según fuentes próximas al gabinete de la fiscal general, estos contactos acusación-defensa no son compartidos por Consuelo Madrigal, quien ha hecho constar que no aprobará ningún acuerdo, pacto o negociación con los imputados en este caso por tratarse de delitos flagrantes, graves y en opinión de esa jefatura “perfectamente acreditados”.

La acusación popular personada en el caso, liderada por el sindicato Manos Limpias, ha presentado escrito de calificación provisional en el que pide 11 años de cárcel para el hijo pequeño del ex president Pujol. El fiscal aún no ha presentado su escrito.