Apenas un 0,5%. El Ayuntamiento de Barcelona ha precintado u ordenado clausurar 33 pisos turísticos desde que el nuevo equipo de BComú tomó posesión en junio de 2015. El consistorio que preside Ada Colau ha actuado contra 482 viviendas para turistas sin licencia, cuando el recuento municipal es de al menos 6.000 apartamentos irregulares.
El balance de inspecciones de 2015, que ha presentado el lunes la teniente de Alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, arroja cifras desiguales. Los inspectores municipales han visitado 2.108 pisos que alojan a turistas. Parte de estas actuaciones, un total de 226, se han iniciado tras quejas de los vecinos: el teléfono habilitado a tal efecto ha recibido 3.000 llamadas desde que entró en funcionamiento.
"Tendremos tolerancia cero contra este tipo de viviendas y seremos inflexibles para garantizar el descanso de los vecinos", ha señalado Sanz.
Una minoría
La actividad inspectora, no obstante, ha cubierto una parte ínfima de la ilegalidad. El ayuntamiento calcula que sólo dos intermediarios vacacionales, HomeAway y Airbnb, alojan más de 6.000 pisos de uso turístico (HUT, por sus siglas en catalán) sin licencia. A esta planta se le añade la oferta del resto de páginas web, más los apartamentos que gestionan personas físicas o jurídicas.
Cabe recordar que poner coto a los pisos turísticos ilegales es un compromiso de BComú, que hizo de las molestias del turismo uno de los ejes de la campaña que le aupó a la alcaldía. En la actualidad, rige en Barcelona una moratoria de licencias para nuevos HUT legales, que los congela en 9.606.
No obstante, diversas fuentes --incluido el propio consistorio-- cifran la oferta ilegal de apartamentos y pisos que acogen a turistas de forma irregular en una cantidad similar a la de legales.