Los cuatro grandes partidos --PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-- todavía no han hablado de sanidad en el debate sobre posibles pactos de Gobierno. Han dado prioridad a temas económicos, laborales y vinculados al polémico proceso independentista de Cataluña.

Sin embargo, el PSOE y Podemos ya han llevado al Congreso de los Diputados una iniciativa para la derogación del polémico real decreto 16/1012, de Ana Mato, la ministra de Sanidad que tuvo que dimitir por su vinculación al caso Gürtel. Todo indica que prosperará porque los partidarios de tumbar la norma son mayoría.

Copago de los jubilados

El polémico decreto, que incluyó por primera vez el copago de fármacos para los pensionistas y excluyó a los inmigrantes sin papeles de la sanidad (excepto urgencias, embarazo y pediatría), pasará a la historia como el más impugnado de la democracia.

Los numerosos intentos de eliminarlo durante la pasada legislatura, han chocado con el bloqueo por mayoría absoluta del partido liderado por Rajoy.

 

Diecinueve impugnaciones

Los procesos litigiosos contra esta norma dejan muy lejos los desplegados contra la reforma sanitaria del PSOE entre 1984 y 1986. Cierto que la promulgación de la Ley General de Sanidad, promovida por el ministro Ernest Lluch, que universalizó la asistencia sanitaria pública y gratuita, también fue recurrida por Alianza Popular, precursora del actual PP.

Pero el decreto de Mato acumula nada menos que 19 impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, la mayoría por parte de las comunidades de Navarra, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Canarias y Aragón. Todas siguen en trámite. Sólo de momento.

Fácil suma

José Martínez Olmos, máximo batallador contra el decreto como portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, y ahora senador por Granada, considera que la iniciativa saldrá adelante. ¿Razón? El PP y Ciudadanos no suman los 176 diputados imprescindibles para mantener vigente la ley.

Ciertamente, el partido que lidera Pedro Sánchez no cuenta de momento con el apoyo del partido de Albert Rivera, que no apuesta por la derogación completa del decreto, aunque sí es partidario de hacer modificaciones.

Pero la iniciativa socialista y podemita, más pomposamente denominada “recuperación de la sanidad universal”, tiene todos los visos de salir adelante. Basta con hacer una fácil suma de los diputados de IU, de ERC y PNV. Estos grupos nacionalistas, así como CiU (ahora Democracia y Llibertat), se han pronunciado en reiteradas votaciones a favor de eliminar el decreto, aunque solo sea por el viejo mantra de la invasión de competencias. Su voto parece innegociable. 

Cumplimiento en desuso

Un total de 14 partidos se comprometieron el año pasado a derogar el decreto “en cuanto fuera posible”, a instancias de Médicos del Mundo. Esta onegé, que ha liderado la lucha contra la norma desde su promulgación, calcula que ha supuesto la retirada de casi un millón de tarjetas sanitarias a inmigrantes y que más de 2.000 personas han sufrido exclusión sanitaria. 

El objetivo, como defendió el propio Rajoy, era ahorrar 1.500 millones de euros al año, pero diez comunidades autónomas interpretaron y modificaron la aplicación del decreto. Casi cuatro años después, ni las comunidades del PP lo cumplen tal como fue promulgado. Todas, sobre todo tras las elecciones autonómicas de mayo del 2015, han devuelto la atención a los inmigrantes. El copago de medicamentos se mantiene, aunque no ha logrado sus objetivos.