El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha sido citado a declarar como investigado –nueva denominación del tradicional imputado– por un presunto delito de prevaricación, en el marco del 'caso Inipro', que investiga supuestas irregularidades en la contratación por patre del consistorio de la empresa del mismo nombre.
En un auto divulgado este viernes, el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona cita a declarar a Ballesteros, junto a otros 10 imputados, para que justifique por qué "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad".
Adjudicación directa
Los investigadores sospechan que el consistorio tarraconense contrató de forma irregular a la empresa Inipro, para trabajos de asistencia a inmigrantes, entre los años 2010 y 2012, tras una adjudicación por procedimiento abreviado sin publicidad –es decir, sin concurso–, como permite la ley para contratos de menos de 60.000 euros.
El juez sospecha que hubo un "direccionamiento" de la adjudicación a una empresa en concreto, y resalta que se excluyó a cualquier otro competidor, y que podría haber habido alguna contrapartida a cambio del contrato a Inipro. Además, señala que el servicio contratado no era necesario, ya que el Ayuntamiento disponía de personal suficiente para estas tareas, y que el número de extranjeros incluso descendió en la ciudad en 2011.
Denuncia de la CUP
Las investigaciones arrancaron el mismo 2010, tras una denuncia de la CUP local. En su denuncia, el partido indicó que, pese a que la primera adjudicación de 2010 fue correcta, ya que el valor total era inferior al tope de 60.000 euros, no lo fueron las dos prórrogas de los años siguientes, que ascendieron a 93.000 y 121.000 euros, respectivamente.
En su denuncia, la CUP relacionó también a Inipro con el PSC, que gobernaba entonces y sigue gobernando en el Ayuntamiento de tarragona. En concreto, señaló que su director era militante socialista, y que la empresa fue investigada ya en 1999 por una adjudicación del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, también entonces en manos del PSC.
El gobierno municipal, en manos del PSC ahora y cuando se produjeron los hechos, atribuye las dos prórrogas irregulares a errores de gestión. El consistorio ya cesó en su momento al gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Antonio Muñoz, que fue detenido tras el registro de este ente municipal, el pasado mes de octubre.