La Audiencia Nacional ha decidido no investigar por terrorismo la trama que, según el fiscal, “formada por el frente de cárceles de la organización terrorista ETA ha usado documentos públicos y oficiales falsos (falsificados por terceros), a sabiendas de su falsedad, a fin de obtener determinados beneficios penitenciarios, en concreto redenciones por estudios que ha podido suponer para los presos de ETA descuentos cercanos a la mitad de su condena”.
La Audiencia afirma que hay indicios, efectivamente, de falsedad, pero a pesar de la insistencia del fiscal y las pruebas aportadas por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), expone, en un auto de 29 de diciembre del año pasado, que “ello no determina la comisión de un delito de terrorismo sino, a lo sumo, la de uno o varios delitos de falsedad”.
La fiscalía, escandalizada
La fiscalía, en un informe jurídico lapidario asegura que “teniendo en cuenta que en la presente denuncia se relacionan indicios de fraude en la redención de penas de 76 presos de la banda terrorista, existen indicios para pensar que tal práctica obedece a una trama concertada, organizada y dirigida desde la misma organización terrorista y, quienes hayan cometido la misma, serían responsables de un delito de colaboración con organización terrorista”.
La Audiencia se queja de que la fiscalía no identifica a esas personas que habrían falsificado y entregado a los presos los documentos que éstos habrían utilizado para justificar estudios académicos con los que facilitar la redención de condena tal y como prevé y permite la normativa penitenciaria.
El juzgado central de instrucción número 3 rechaza investigar esta trama por una cuestión de competencia aun reconociendo que decenas de etarras se han beneficiado o se están beneficiando de esos documentos públicos para salir antes de prisión.