Los registros de este miércoles en sedes de los Bomberos de la Generalitat se han saldado con detenciones. Agentes de la Policía Nacional han arrestado al jefe de Sala Central de los bromberos autonómicos, Manel Bosch, y al jefe del Área de Prevención de la Región Metropolitana Sur, Ramon Dinarès, según informa Europa Press a partir de fuentes cercanas a la operación.

Las detenciones se han producido después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional hayan registrado sedes de los Bomberos de la Generalitat en Sabadell, Sant Boi de Llobregat y Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el marco de una operación por presuntos contratos irregulares, a cambio de sobornos.

La operación, en la cual se han practicado detenciones y registros en Catalunya, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura, investiga a más de 30 personas y 20 empresas, por una supuesta trama para amañar contratos de las administraciones públicas.

Contratos con la Generalitat

Las investigaciones, coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), tienen como epicentro a la empresa valenciana Avialsa, dedicada a operaciones forestales, de salvamento y extinción de incendios con medios aéreos. La empresa se adjudicó durante el año pasado contratos por la Generalitat de Catalunya por valor de 3,5 millones de euros.

Por este mismo caso ya fue detenido en mayo el ex consejero de la Generalitat Valenciana y ex delegado del Gobierno en la comunidad (fue destituido de este cargo al estallar el caso) Serafín Castellano. Los investigadores creen que Castellano favoreció irregularmente a Avialsa al adjudicarle contratos de la Generalitat Valenciana por un valor total de 33 millones de euros. En la operación fue detenido también el propietario de Avialsa, Vicente Huerta.

Denuncia de un ex gerente

La investigación arrancó tras una denuncia de un ex gerente de Avialsa, que asegura que Huerta había sobornado a Castellano, con quien coincidía en cacerías, para obtener contratos de la administración autonómica valenciana.

La causa, bajo secreto de sumario, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.