AirBnb, Homeaway y otros intermediarios del alquiler vacacional se 'esconden' tras la protección de datos para cobijar pisos para turistas sin licencia. Las plataformas contestan así al castigo de las administraciones, como las dos multas de 60.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto a ambas webs esta semana.
La mitad de las dos sanciones se debe al rechazo a proporcionar los datos de los usuarios que anuncian pisos vacacionales sin licencia. Preguntado por Crónica Global, un portavoz de Airbnb asegura que entregar los datos de los navegantes es contrario a la normativa de protección de la información personal. Homeaway, en un comunicado, se ha expresado en el mismo sentido el miércoles.
Requerimiento
El Ayuntamiento de Barcelona insiste en que sólo busca cerciorarse de que se cumple la ley. "El requerimiento no afecta a la protección de datos de carácter personal, ya que no se solicita ninguna información en este sentido, sino las direcciones de las actividades comerciales de viviendas de uso turístico para ver si cada una de ellas se ajusta a la legalidad", ha señalado un portavoz del consistorio.
El gobierno de BComú, que comanda la alcaldesa Ada Colau, recuerda a los portales que la Ley de Turismo de Cataluña le faculta a acometer inspecciones. La norma incluye a los intermediarios "o cualquier otra persona física o jurídica que intervenga en la publicidad, ofrecimiento o mediación de un servicio turístico".
"Caso débil"
Miguel Ferrer, abogado especializado en comercio electrónico y protección de datos, recuerda que "la ley establece muy pocas excepciones para que las autoridades accedan a información personal en las transacciones online". El profesional sostiene que la actuación del gobierno de Colau "no es habitual", ya que "un ayuntamiento no es un juez".
Con lo que respecta a la vía punitiva iniciada por Barcelona, Ferrer valora que "es un mal precedente". Según él, las dos sanciones a AirBnb y Homeaway "sitúan a Barcelona y a España en la cola del progreso y la innovación, cuando debería ser al contrario".
"No es la protección, es la ley"
Más crítico se muestra Diego Fanjul, un letrado que trabaja en el mismo campo. "El problema de fondo no es de protección de datos [...]. Los alquileres particulares no están cumpliendo con los estándares exigidos para hosteleros profesionales y aquí vienen los problemas, tanto para profesionales como para usuarios", ilustra.
El profesional pide ser riguroso. "Muchas veces el elemento tecnológico nos impide ver qué hay detrás o qué camufla prácticas ilegales: los alquileres tienen una regulación que persigue la seguridad de los huéspedes (por ejemplo)".
Así las cosas, ¿puede un usuario ilícito de AirBnb escudarse en la LOPD? "Si Hacienda busca calcular sus obligaciones tributarias, su argumento es poco convincente. Siempre y cuando los datos que pide el ayuntamiento son los relacionados con el cumplimiento de la normativa de alquileres, por aquí si se podrían negar a proporcionar datos".