El gobierno municipal de Barcelona ha multado con 60.000 euros a Airbnb y Homeaway por anunciar pisos turísticos ilegales. El consistorio ha rastreado y enviado requerimientos a 22 páginas web para que identifiquen a los propietarios de viviendas vacacionales, aunque la mayoría se han negado amparándose en la Ley de Protección de Datos.
El procedimiento ha terminado con dos sanciones de 60.000 euros a los dos mayores intermediarias por publicitar viviendas que no figuran en el Registro de Turismo de Cataluña y por negarse a responder a los requerimientos de la administración.
Además, el ejecutivo de BComú, que encabeza Ada Colau, ha enviado a la Agencia Tributaria los datos de 779 propietarios de pisos turísticos a los que abrió un expediente sancionador por alquilar sin licencia hasta octubre de 2015.
Jarro de agua fría
La noticia de las sanciones a Airbnb llega en plenas negociaciones para la regularización de la plataforma de alquiler vacacional en Cataluña. El intermediario ha prometido eradicar las malas prácticas en la web como gesto de buena voluntad, pero el diálogo con el ayuntamiento dista de ser productivo.