Sólo el 20% de los delitos de odio y discriminación acaban en denuncia
Se presenta en Barcelona un manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de esas conductas con el fin de proteger a las víctimas y evitar la impunidad
12 diciembre, 2015 00:00Bajo la dirección del fiscal coordinador del servicio de delitos de odio y discriminación de Catalunya, Miguel Ángel Aguilar, un grupo de fiscales, jueces y catedráticos han elaborado un Manual práctico para la Investigación y enjuiciamiento de delitos de odio y discriminación, con la voluntad de crear una herramienta útil para policías, jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, forenses y personal de la oficina judicial en la persecución de estos delitos.
Mucho odio por denunciar
Este documento en forma de libro, que se presenta en Barcelona este lunes, resume toda una serie de propuestas que pretenden, entre otras cuestiones, acabar con la impunidad que supone el hecho que el 80% de los delitos de odio, racismo y discriminación, no se denuncien (según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) “por el miedo o la estigmatización de los colectivos que sufren esas humillaciones o agresiones”, según el director del manual, Miguel Ángel Aguilar.
El acto de presentación tendrá lugar en el marco de una jornada internacional sobre Investigació i enjudiciament dels delictes d'odi i discriminació.
Este libro analiza desde diversas perspectivas, entre ellas, las penales, algunas consideraciones alrededor de estos delitos, como un estudio del perfil y problemática de las víctimas y un listado de propuestas efectivas para mejorar las labores de investigación policial y judicial de estas conductas “que no es que hayan aumentado en los últimos tiempos, sino que afloran ahora, a pesar de la bolsa de delito negro, más y mejor”, según Aguilar.
Levantar la alfombra
Entre el abanico de propuestas destacan aquellas que permitan blanquear los delitos no denunciados. Así, por ejemplo, se especifica que “resulta frecuente encontrar casos en los que un agente de policía o un funcionario judicial que atiende a una victima o denunciante deriva, de forma indebida, el caso a los servicios de información al consumidor por hechos, por ejemplo, como que le haya sido negada la entrada a un establecimiento a una persona por su raza, cuando la praxis correcta hubiera sido tramitar este supuesto penal por delito contra los derechos fundamentales”.
En muchos casos, cuando se produce un delito violento, por ejemplo, un robo con intimidación, y la victima sufre insultos o amenazas de origen xenófobo o racista, el atestado policial sólo contempla los referido al robo y no al otro delito cometido, el de odio y discriminación.
El manual sugiere que para menguar la sensación de miedo de las víctimas, es preciso “evitar la confrontación visual directa con el acusado”.
Evitar risitas ni comentarios burlescos
El estudio concreta incluso detalles que a priori podrían resultar menores pero que, a buen seguro, ahondan en la sensación desamparo de las víctimas. Por ejemplo, “ha de ser desterrado cualquier gesto, comentario, mirada, etc, que pueda tener un contenido humorístico, burlesco u ofensivo para las víctimas por mínimo, discreto o subliminal que sea y no sólo por exigencias legales sino para atender debidamente a las victimas y obtener de ellas la mayor y mejor información posible”.
Este equipo de trabajo sugiere modificar los temarios de accedo a la carrera judicial y fiscal para introducir “el estudio concreto de la investigación y enjuiciamiento de los delitos de odio y discriminación”.
El director del estudio reclama una mayor implicación social para con las minorías que pasa por “un aumento de la educación y formación en este sentido”.
Bajo la dirección del fiscal Aguilar han trabajado en el proyecto los jueces y catedráticos Víctor Gómez Marín, Marta Marquina Bertrán, Miriam la Rosa Palacio y Josep María Tamarit. El trabajo, cuya elaboración se ha prolongado por espacio de más de un año, se ha elaborado bajo el auspicio del Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especializada de la Generalitat de Catalunya.