Fue una de las últimas operaciones urbanísticas de la era Xavier Trias que ahora deberá finiquitar con cierto riesgo Ada Colau. Tuvo lugar a principios de este año. El consejo comarcal del Barcelonès puso en subasta pública unos terrenos situados en el término municipal de Sant Adrià del Besòs para realizar equipamientos sanitarios. En ese epígrafe se incluyen, también, los usos funerarios. El inmueble era en un 93,3% del consejo y en otro 6,7% del mismo ayuntamiento.

De acuerdo con la subasta, que se resolvió en febrero, el terreno fue a parar a la empresa Tanatori del Litoral, SL, propiedad de una unión temporal de empresas (UTE) entre la funeraria Áltima y PFB Serveis Funeraris de Badalona bajo la denominación Elisysius Europa. Los ganadores de la subasta pagaron más del doble del precio mínimo de salida fijado. Se adjudicaron el terreno por 6,1 millones de euros. Otros optantes, como Mémora (4,2 millones) e Interfunerarias (3,5 millones) quedaron muy lejos del precio final pagado.

Cinco salas de vela y un crematorio junto a Barcelona

Escoger el método de la subasta frente al de concurso público permitía, según fuentes urbanísticas, que una eventual impugnación de la venta fuera más improbable. Ahora, los ganadores disponen de nueve meses para formalizar las solicitudes de licencias de obras y la licencia ambiental al Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs. Con esos sencillos trámites locales, el nuevo crematorio del área de Barcelona podría recibir el plácet.

En cualquier caso, el principal interés de Áltima es la creación de unas instalaciones funerarias que incluyan cinco salas de vela de difuntos y un horno crematorio. En este segundo servicio es donde radica el problema principal que deberán afrontar los nuevos socios.

Contra los hornos

Ningún horno crematorio en España se está levantando junto a núcleos urbanos. Grupos políticos y ecologistas se oponen de manera contundente. En Almería, Bilbao, Alicante, por citar algunas capitales españolas, se están produciendo movimientos contundentes para bloquear la apertura de estas instalaciones junto a las propias ciudades.

El terreno de Sant Adrià del Besòs está colindante a la Ronda Litoral y muy próximo a una parte de la fachada marítima barcelonesa. Hasta la fecha, y por el sigilo con que se ha llevado la operación, no existen voces discordantes con la implantación de un horno crematorio tan próximo a Barcelona. 

Implicada una aseguradora

Fuentes del sector, sin embargo, explican que la operación de los terrenos de Sant Adrià guarda una estrecha relación con los intereses de una aseguradora, Santa Lucía, en el negocio funerario del área barcelonesa. La aseguradora, de acuerdo con este relato de otros operadores del sector, estaría detrás del impulso a la inversión y sería la razón por la que Áltima pujó tan fuerte en la subasta.

Las necesidades de la compañía aseguradora, con una buena posición de su cartera en el ramo de seguros de deceso, de entrar en el mercado barcelonés funerario estaría impulsando esta operación, según el mismo relato del sector. Tampoco se descarta, en ese ámbito, una posible futura permuta de terrenos que pueda favorecer a los promotores del controvertido proyecto.

Una vía trasera para el negocio funerario

Ni Áltima ni Santa Lucía han optado a la privatización de los servicios funerarios de Barcelona, que recayeron en la sociedad Mémora (propiedad del fondo de inversión 3i), pero sí que podrían ejercer una competencia desde uno de los laterales de la Ciudad Condal cuando avancen las instalaciones del tanatorio de Sant Adrià.

La nueva alcaldesa de la capital, Ada Colau, y su equipo deberán revisar, en cualquier caso, el proyecto en tanto que integrantes del consejo comarcal. De alinearse con las tesis que partidos de izquierda y ecologistas mantienen en el resto de España, el crematorio de Sant Adrià puede contar con severos problemas futuros para entrar en funcionamiento. De hecho, Cementerios de Barcelona, empresa del Ayuntamiento de Barcelona, será la principal perjudicada por la apertura del nuevo horno: los dos existentes en la ciudad (Montjuïc y Collserola) le pertenecen.

Un proyecto paralizado por el ‘caso Pretoria’

Que el Consejo Comarcal del Barcelonès diera luz verde a este proyecto se produce justo después de que cuatro años antes lo paralizara. Un manejo entre el entonces alcalde de Sant Adrià, Jesús María Canga, el cerebro de la trama Luis García Luigi y el entonces gerente del consejo, Imanol Pujana, para adjudicar el tanatorio de manera irregular quedó al descubierto al salir a la luz los manejos urbanísticos de la trama Pretoria que investigó el juez Garzón y que supusieron la prisión provisional para Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y el propio Luigi.