El juez de El Vendrell y los fiscales anticorrupción que investigan el llamado caso 3%, saben lo que buscan. Con nombres y apellidos. Con fechas y direcciones. Saben qué piezas faltan para completar el puzle de este sumario que ha puesto patas arriba las finanzas ocultas del partido que gobernó Catalunya durante más de 20 años.

Y la llave de la caja fuerte la tiene Andreu Viloca, el tesorero de CDC que ayer quedó en libertad bajo una fianza de 250.000 euros, acusado de trafico de influencias y cohecho.

Decepción en la fiscalía

Una decisión judicial que ha provocado decepción en la fiscalía ya que, si bien es cierto que no se cuestionan los delitos imputados, la excarcelación del tesorero le deja con la manos libres para “seguir destruyendo o escondiendo pruebas”, según el ministerio público.

La llave del calabozo, pues, está, en última instancia en manos de la Audiencia Provincial de Tarragona que atendiendo los recursos de los imputados, ha de dirimir quién tiene razón, si defensa o acusador. En el caso de Viloca, la audiencia certifica en el auto hecho público ayer que los indicios delictivos contra él “presentan los caracteres de delitos graves tales como el de cohecho y tráfico de influencia sin prejuicio de calificaciones posteriores más precisas en función del avance en la tramitación de la causa”.

Sin embargo, la sección cuarta de la audiencia provincial considera “escasos” los datos aportados por la acusación para justificar que Viloca deba permanecer más tiempo recluido.

Caso en secreto sumarial

Este es el mismo argumento que esgrimió la sala para dejar en libertad bajo fianza, en este caso de 450.000 euros, a Jordi Sumarroca. Con ese precedente los fiscales se personaron en el acto por la vista del recurso con el listado de gestiones de averiguación sobre la actividad de Viloca cuya viabilidad y éxito dependía del mantenimiento en la cárcel del tesorero.

La audiencia, a tenor de lo que se describe en el auto de libertad con fianza, no parece haber tenido en cuenta esa lista: “No alcanzamos a entender bien el motivo por el cual, reveladas por el juez las razones investigativas, no se precise, aun de forma discreta, en qué medida la libertad del recurrente impedirá descubrir los instrumentos utilizados para la comisión del delito y la localización de otros posibles responsables".

Buscan datos del 2013 al 2015

Según ha podido saber Crónica Global, los fiscales y el juez instructor siguen la pista de unos documentos concretos datados entre el 2013 y el 2015, cuyo hallazgo cerrará el círculo que describe las sospechas contra el entramado en el que, según la investigación, Andreu Viloca juega un papel fundamental.

El tesorero destruyó pruebas en una trituradora de papel situada en su despacho, en la sede de CDC. Llegado a este punto y mientras la Guardia Civil acelera el análisis de la documentación incautada en los registros, los investigadores persiguen nuevas listas de obras concedidas y de pagos recibidos que pretenden casar con la documentación incautada en los registros de Teyco, la empresa de Jordi Sumarroca.

Las indagaciones del juez y los fiscales alcanzan también al posible reparto del dinero acumulado. Es por ello que se tiene algo más que la sospecha de que algunos documentos que servirían para poner nombre y apellidos a estas sospechas no estaban donde debían de estar y que, por lo tanto, alguien, probablemente Viloca, los destruyó, escondió o perdió. Si no lo hizo antes, dice una fuente próxima al caso, lo hará ahora.