La policía anda muy preocupada últimamente por el incremento de la actividad de grupos delincuenciales que se dedican a reventar pisos vacíos propiedad de bancos y cajas para luego manipular sus contadores de luz y de agua y, después, “alquilarlos” por cifras que oscilan entre los 300 y los 700 euros mensuales, a okupas, mayoritariamente extranjeros.

Los compradores disfrutan de la vivienda (el agua y la luz, obtenida de empalmes ilegales a la red comunitaria, sale gratis), mientras no se produce el desalojo judicial una vez el banco ha presentado la consecuente denuncia. Así, los okupas pueden estar meses, incluso años, viviendo en esos pisos.

Un 4% del parque total

Los bancos sitúan en un 4% la cifra aproximada de inmuebles vacíos de su propiedad ocupados de forma ilegal. Ninguna fuente bancaria oficial se ha atrevido a concretar qué cantidad de esos pisos pertenecen a esta trama ilegal.

Como dato ilustrativo cabe apuntar que la policía, sólo en el termino municipal de L'Hospitalet de Llobregat, ha detectado 250 pisos vendidos por estos delincuentes a personas sin techo o a okupas. Se da la circunstancia de que los autores de estos actos a veces, incluso actúan bajo encargo, es decir, asaltan y preparan un piso vacío en concreto, propiedad de un banco por expresa petición del comprador.

Segundo escalón

La policía ha detectado una nueva versión de este fraude. Se trata de compradores que, con posterioridad revenden el piso ocupado o lo dividen por habitaciones que “alquilan” por separado. Es decir, algunos compradores se dedican a especular con los pisos que han adquirido a la red de delincuentes.

Los bancos se quejan de la lentitud de la justicia en expulsar a los okupas. Además, dicen sentirse víctimas de las decisiones de algunos tribunales que prefieren dar la razón a los que esgrimen el derecho a una vivienda respecto a aquellos otros (los bancos) que reclaman el derecho a la propiedad.