Por si arrastrara pocos conflictos, el Ejecutivo se ha buscado otro. Además, en el delicado ámbito sanitario, atizando con un decreto la confrontación entre médicos y enfermeros, dos colectivos que hace no muchos años vivían en paz y armonía. En lugar de contemporizar, como acostumbra Rajoy y han hecho sus antecesores durante nueve años y 90 borradores, la disposición del Gobierno especifica que los enfermeros pueden "indicar" (no "recetar", como pedían) medicamentos. Y solo los que no necesiten prescripción. Esto incluso ha empeorado las cosas, al exigirles que pasen un programa formativo específico, que fijará el Ministerio de Sanidad.

La medida ha contentado a los dirigentes médicos, pero ha puesto en pie de guerra a los de enfermería, que barajan una panoplia de medidas de presión en cuanto el texto vea la luz en el BOE. Las primeras recaerán sobre el sufrido y escamado paciente: una huelga de celo y un trabajo a reglamento que burocratizará más la asistencia en temas tan corrientes como la vacunación, las curas de heridas o quemaduras o servicios de emergencia. No las ejecutarán mientras no lleguen la correspondiente indicación y prescripción personalizadas. Tampoco pondrán heparina como venían haciendo.

Un millón de votos enfermeros

Otras medidas de fuerza apuntan directamente al ministro Alfonso Alonso con una querella criminal y un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Y contra el PP: pedirán a los 325.000 profesionales (270.000 colegiados) que orienten su voto hacia otras formaciones. "Multiplicando con familiares y amigos podemos llegar a mover más de un millón de votos", han advertido a Rajoy el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, y Víctor Aznar, del sindicato SATSE.

Los dirigentes enfermeros no se han mordido la lengua, tildando de "traición y desprecio" el cambio que dicen que se ha producido en el último borrador del decreto. Acusan al ministro de "felón, cobarde y mentiroso" y apuntan que ha primado en el Ejecutivo el corporativismo médico representado por Ana Pastor, actual ministra de Fomento y médico de profesión, que se opuso frontalmente al decreto en su etapa como titular de Sanidad.

Podemos y el PSOE ya han puesto el oído. Por prometer, que no quede. Sobre todo cuando el impulsor de la polémica receta farmacéutica fue el ejecutivo de Zapatero. Concretamente la ministra Trinidad Jiménez, apoyada por su entonces correligionaria (hoy en las filas independentistas) la ex consejera de Salud de la Generalitat Marina Geli. El decreto obedece al desarrollo de la Ley del Medicamento aprobada en 2009.

Batalla soterrada

Desde entonces se ha desarrollado una batalla soterrada entre los dos colectivos, atizada en parte por la ambición y protagonismo de sus dirigentes. Incluso desde 2007, cuando el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Ignacio Siguero, reiteraba un ejemplo que irritaba sobremanera a los profesionales de enfermería: "los médicos son los pilotos y las enfermeras, las azafatas". Del otro lado, el presidente de Enfermería, Máximo González Jurado, no dejaba de reclamar para estos profesionales unas competencias casi iguales a las de los médicos, y llevaba esta carrera a lo más alto (en duración y calidad) del escalón universitario.

El actual presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, siempre ha sido más conciliador, pero defendiendo con firmeza el decreto. "Si un fármaco –defiende– es de prescripción médica, o lo prescribe un médico o hay que cambiarle el nombre". También advierte de que los médicos no prescriben la vacuna de la gripe, sino que viene ordenada por una nota de la Dirección General de Sanidad. "Cada año se producen en España 3.500 muertes relacionadas con el uso de los fármacos. No es un asunto para jugar. Y los médicos deben ser los responsables", apostilla.