Las investigaciones en torno a la actividad de las empresas de Florentino Pérez se acumulan en Baleares, y esta vez con el palacio de Marivent como escenario. La adjudicación presuntamente irregular del hospital de Son Espases a una unión de empresas liderada por una filial de ACS -Dragados- no es la única objeto de sospecha: a ésta se suma el desvío de fondos del que, según la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear, se habría beneficiado Lireba, otra de las mercantiles del presidente del Real Madrid, por el mantenimiento y la limpieza de la residencia estival de la Familia Real.

Tal y como sostienen los investigadores, Lireba facturó del Gobierno balear 539.491 euros públicos euros por servicios que no prestó y que estaban contemplados en los contratos que la empresa firmó con el Ejecutivo en 2007, 2009 y 2011 por el mantenimiento del complejo.

Presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude o estafa

Las pesquisas apuntan de este modo a la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad, mientras que los servicios jurídicos autonómicos atribuyen a los responsables de Lireba apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil.

Tras admitir la querella que la Fiscalía interpuso por estos hechos, la jueza que instruye la causa imputó además al que fuese consejero de Presidencia y número dos en el último Gobierno del Pacto (2007-2011), Albert Moragues, quien en su declaración aseguró que no se encontraba entre sus funciones el elegir las empresas licitantes ni controlar los contratos, por lo que acabó dando el visto bueno a esta adjudicación sin revisar antes el expediente.

La Abogacía autonómica, sin embargo, considera a Lireba la única responsable de la defraudación. En próximas semanas, la magistrada prevé poner fin a la causa, tras lo cual dará traslado a las acusaciones para que determinen las penas que reclamarán, y abrir juicio oral por estas actuaciones.

Adjudicación directa

Según las investigaciones, los contratos fueron adjudicados por la Administración mediante un expediente negociado sin publicidad, atendiendo únicamente, según apunta la Abogacía en un informe presentado ante el Juzgado y al que ha tenido acceso este medio, a la "especial confianza" que le merecía la empresa de Florentino Pérez. Con ello, el Ejecutivo evitaba tener que tramitar un procedimiento abierto al que pudieran concurrir otras empresas, y que habría correspondido por la cuantía de la adjudicación.

En concreto, los pliegos incumplidos contemplaban un servicio de carácter permanente formado por cuatro trabajadores de mantenimiento y tres de limpieza, además de un servicio de refuerzo dirigido a cubrir las necesidades que surgieran durante la estancia de la Familia Real en verano. En cualquier caso, los documentos establecían la obligación de la empresa contratista de asegurar un número de personas estable y suficiente para llevar a cabo esta labor.

En el contrato inicial se fijó, además, un salario mensual de 2.950 euros para cada uno de los integrantes de la plantilla de mantenimiento, y 2.350 para el personal de limpieza.

Menos trabajadores de los pactados

Sin embargo, la Administración constató en 2011 cómo la concesionaria estaba prestando el servicio tan sólo con tres trabajadores de mantenimiento, a pesar de cobrar por la totalidad de empleados previstos en las cláusulas acordadas. En las distintas facturas mensuales que Lireba librada al Govern, aseguraba que trabajaban todos, sin aportar, sin embargo, los correspondientes justificantes que acreditasen estos extremos.

La propia concesionaria llegó a reclamar por vía judicial hasta 431.401 euros a raíz de la liquidación de dos de los contratos, al argumentar que había facturas que no le fueron retribuidas y que algunos pagos se hicieron con retraso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares primero y el Tribunal Supremo después rechazaron las pretensiones de Lireba al recalcar que la empresa había facturado y cobrado sin contraprestación alguna por su parte.