El juez de instrucción número 4 de Madrid, que investiga una presunta macro estafa de más de 15 millones de eurosen el sector del biocombustible, ha requerido al Ministerio de Industria “para que informe sobre la existencia y viabilidad de un sistema de trasformación y producción de biodiesel llamado kurata y su implantación en España”.
El juez ha admitido una querella criminal por estafa, apropiación indebida y administración desleal contra los administradores de la empresa Biocombustible de Melo, Jesús y Maite Torres Vérez, miembros del Grupo Torres que controla un enorme elenco de empresas dedicadas al sector de la transformación y producción de biocombustible bajo el paragüas de la sociedad matriz, Cartera Kairós.
Sin aval científico
La querella acusa a los imputados de haber creado un entramado de captación de inversores para la construcción de plantas de producción de biodiésel cuando, en realidad, se trata de una pantomima, es decir, se trataba de proyectos ficticios basados en un sistema, el kurata, que no dispone de ningún aval científico.
Para la construcción de la planta, los imputados constituyeron la sociedad Biocombustibles de Melo, que solicitó, incluso, diversas subvenciones públicas para financiar el proyecto. En ese sentido, el juez pide al Ministerio de Hacienda y también al de Industria datos de los expedientes de solicitud de subvenciones públicas por parte de Biocombustibles de Melo.
Medio millón de euros
El denunciante es un inversor de Madrid que aportó más de medio millón de euros para un proyecto de producción de biocombustible en Barajas de Melo, Cuenca, una planta que ni siquiera se ha llegado a terminar de construir transcurridos varios años desde que se inició la captación de fondos.
El querellante informa al juzgado de que el método kurata es poco menos que un timo y que, sin embargo, los imputados lo “vendieron” a diversas carteras de inversores para recabar dinero. En total, según la querella, más de 15 millones de euros.
Los inversores preguntan por el proyecto y los recaudadores se limitan a poner excusas y dar largas. El caso ha llegado a los tribunales. Según la querella, el dinero captado era “desviado” otras sociedades del grupo que atravesaban problemas económicos.