Los recortes generan un aumento del gasto directo en las familias

Los sucesivos tijeretazos desde el 2008 se han traducido en una carga económica para los dependientes y sus familias, que se han visto obligados a aumentar el copago en 70% en los últimos cuatro años. Los denominados cuidadores familiares --unas 180.000 personas-- que recibían ayudas de entre 400 y 500 euros al mes vieron reducidas esas cantidades en una media del 15%, y la Seguridad Social dejó de cotizar por ellos (entre 80 y 150 euros al  mes) para reforzar la figura del cuidador profesional.

Los cuidadores, junto a la medicación, son los mayores gastos que tiene que afrontar la familia del dependiente. El convenio de 2010 estipulaba que un cuidador profesional debía ingresar 872,30 euros brutos al mes, pero esta cantidad es muy variable dependiendo del horario, la disponibilidad… También adaptar la casa para una persona con problemas de movilidad supone una inversión aunque el Estado contempla una serie de ayudas. El coste medio del ingreso en una residencia, según InfoResidencias, es de 1.550 euros al mes, más la medicación y el correspondiente seguro sanitario.

Burocracia letal

Pero si grandes son los costes para una familia, el procedimiento (solicitud, valoración, resolución y acceso real a servicios o prestaciones) es “lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias”, denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios. Una reciente encuesta de la OCU revela que sólo se aceptan el 56% de las solicitudes y, de este porcentaje, se atiende a menos de la mitad. 

A esta burocracia kafkiana y a una normativa “rotundamente excesiva” culpó el pasado diciembre la consejera de Bienestar, Neus Munté, de que 10.704 barceloneses fallecieran con la dependencia reconocida sin haber obtenido los servicios y prestaciones que merecían. Además, la espera media en Cataluña para obtener plaza pública en una residencia ronda los dos años.

El Govern, a su aire

CiU lleva oponiéndose a la ley estatal de dependencia aduciendo invasión de competencias desde antes del 2007, cuando se promulgó bajo el Ejecutivo de Zapatero con el objetivo de garantizar una asistencia profesional y universal a las personas que no pudieran valerse por sí mismas.

Desde hace tres años la Generalitat tiene previsto dotarse de una legislación propia. Tiene para documentarse los 671 textos legales autonómicos y 134 normas estatales existentes en este campo. Y, sin embargo, falta una regulación estatal  de acreditación de servicios profesionales de calidad que responda a las distintas necesidades de los dependientes.