El debate sobre la independencia está haciendo olvidar uno de los problemas más serios, dentro y fuera de Cataluña, la dependencia. Las víctimas, según datos oficiales, son al menos 445.000 españoles, reconocidos como dependientes, que engrosan para recibir ayudas en una lista de espera colapsada desde sus inicios hace ocho años.

Los desatendidos suponen más de un tercio del total (37%), a pesar de que sólo en los últimos cuatro años se calcula --el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales elude estas cuentas-- que 100.000 personas han dejado su plaza en la cola por defunción, sin haber llegado a percibir la prestación. Dejar pasar el tiempo, como parece ser máxima gubernamental, aminora a veces las cosas.

100.000 grandes dependientes

La situación más crítica de este colectivo sin atención la representan casi 100.000 grandes dependientes y severos, la mitad de ellos mayores de 85 años, que permanecen “atrapados con plazos de tiempo insufribles”, en esta antesala forzosa, según denuncia la Asociación de Directivos y Gerentes Sociales.

Al tratarse de un año tan electoral, el Ejecutivo de Rajoy va poniendo algunos parches de cara al 20D. Así, el pasado julio, tras varias moratorias, el ministerio de Alfonso Alonso incorporó a la lista de admitidos 314.000 dependientes moderados. Pero todo, y más en esta coja cuarta pata del Estado de bienestar, lleva su tiempo.

Las comunidades autónomas tienen seis meses para enviar los nuevos dependientes al Imserso, el organismo que gestiona el sistema de ayudas. El retraso medio para recibir la prestación hasta ahora ronda los 300 días. 

Recortes estatales y autonómicos

Tras recortar 1.490 millones de euros en tres años, los Presupuestos Generales del Estado han recogido un aumento de 75 millones para dependencia en el 2016. Y el Consejo de Ministros celebrado del 25 de septiembre autorizó un crédito extra de 105 millones,  anunciado a bombo y platillo por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Total, 185 millones. Pero para atender la lista de espera actual los expertos calculan que sería necesaria una inyección de al menos 3.000 millones adicionales dirigidos a las autonomías.

25 años para atenderlos

“Con el presupuesto de 75 millones se tardarían 25 años en atenderlos”, ha asegurado rotundo Juan Manuel Rodríguez, presidente de la asociación de trabajadores y gerentes sociales. Un gran dependiente --explica-- genera un gasto público de unos 6.600 euros como media y hay 130.000 con ese grado en lista de espera. El resto, hasta los 445.000, son moderados pero también generan un gasto.

Cataluña figura justo en la media estatal de dependientes en lista de espera. La superan Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Valencia. Pero aunque el propio Mas asegura con razón que el Ejecutivo de Rajoy ha minorado su aportación hasta el 18%, cuando la ley le obliga al 45%, su Gobierno también ha rebajado la cuota autonómica hasta en un 11% en el último trienio. Y, lógicamente, no figura entre las cinco comunidades a las que el Observatorio de la Dependencia da un aprobado.