“No me puedo creer que el Departamento de Política Territorial no asuma ya, y de una vez, su responsabilidad por la desclasificación de la llamada zona Fluvià Nautic y por el daño económico provocado. Saben que actuaron de forma no ajustada a la ley. Lo saben desde el primer momento. Sólo tres meses después de que el conseller de política territorial, Felip Puig, firmase la resolución que volvía a catalogar la zona como suelo agrícola, me citó en su despacho y me ofreció en compensación por el agravio ocasionado parte de los terrenos y del proyecto del Centro Direccional de Cerdanyola del Valles. Corría el mes de septiembre de 2003. Ahora no pueden decir que mis demandas son infundadas y que no se sienten vinculados por las sentencias del Supremo y del Constitucional”.
Son las primeras declaraciones del presidente de la empresa matriz VLV Inmuebles SL, el empresario navarro, Victor Latorre, que exige el cobro de la indemnización de 129 millones de euros (tasación del TSJC) por los perjuicios que ocasionó la modificación ilegal del Plan General Urbanístico de Sant Pere Pescador.
Negociación en la sombra
“Cuando el entonces conseller de Política Territorial, Felip Puig, me ofreció esa permuta, es porque sabía que aquella desclasificación urbanística de Sant Pere era mas que cuestionable”.
Poco después de esta oferta se celebraron elecciones autonómicas. Y ganó el tripartito.
“El primer constructor que recibió el nuevo conseller de Política territorial, Joaquim Nadal fui yo. Me recibió un sábado en Girona. Me dijo que Puig le había puesto al corriente del tema y de la oferta de Cerdanyola, que a mi no me parecía una mala compensación. Pero me dijo que en estos meses las cosas habían cambiado por culpa del alcalde comunista de aquella población que había rebajado la edificabilidad en la zona. Nadal me dijo que buscara nuevos terrenos para poder llegar a un acuerdo. Yo, ya empezaba a estar harto. Disponía de todos los permisos municipales y de la Generalitat, además del aval del propio Plan General de Ordenación Urbana de Sant Pere que declaraba inequívocamente la zona como “solares urbanos”. No vi nada claro el asunto y decidí seguir por la vía de la reclamación judicial y administrativa. No me quedaba otro remedio”.
Ninguneado por la administración
Latorre invirtió 2000.000.000 de las antiguas pesetas en los terrenos de Sant Pere Pescador. Y desde entonces su inversión esta embarrancada, ante la posición autista de la administración catalana.
“Sin duda están dejando correr el tiempo para que lleguen las elecciones y el problema lo tenga que asumir y resolver otro. Estoy pagando las consecuencias de no ser una de las grandes familias industriales o financieras catalanas. Ellos ya tendrían solucionado el caso”.
Latorre ha propuesto renunciar a la indemnización a cambio de suelo para edificar. “No soy un usurero. Quiero crear empleo y pagar mis impuestos en Cataluña, pero de momento los responsables de política territorial han escondido la cabeza”.
Latorre desconfía de Política Territorial
Un portavoz autorizado del departamento ha comentado a Crónica Global que han enviado el recurso administrativo presentado por Latorre a la comisión jurídica asesora para que eleven el preceptivo informe vinculante.
“Espero que hayan incluido en el expediente administrativo que han enviado a la comisión jurídica asesora el último escrito que presenté el pasado 28 de agosto, con consideraciones jurídicas, la especificación de las tasaciones efectuadas por el TSJC y el ofrecimiento de la compensación en especie. Es un informe en el que han participados los mejores abogados y urbanistas del despacho Cuatrecasas. No incluir este informe supondría dejarme en un situación de indefensión manifiesta, impropia de un estado de derecho, contra lo que yo actuaré por la vía judicial hasta las últimas consecuencias.
Víctor Latorre dice que, tras 14 años de contencioso judicial y administrativo, no va a desistir, que se siente defraudado con el sistema y con la impunidad con la a que se maneja la clase política catalana para tapar sus vergüenzas.