Ni a golpe de millones de euros. Más de 1.000, desde lo abonado ya el año pasado y lo previsto hasta el  2017. Doce comunidades autónomas, con nuevo gobierno de izquierdas o nacionalista –en este caso tanto monta–  no han renunciado a esta bienvenida dotación en tiempos de crisis. Pero, a dos semanas de la vuelta a las aulas, están dejando claro que  no tienen previsto aplicar ni una letra más de la desafortunada reforma educativa, más conocida como Lomce o ley Wert, aprobada por el polémico ministro antes de casarse con la mujer más rica del Gobierno y seguirla con un cargazo a dedo a la OCDE en París.

En el reparto del dinero para ponerla en marcha se ha tenido en cuenta, según el Ministerio de Educación, la dispersión de los centros escolares, el sueldo de los profesores y el número de alumnos. En el caso del País Vasco y Cataluña, que recibirán 48,8 y 106,1 millones, respectivamente, los cambios lectivos sumarán cero mata cero, ya que su rebelión se inició el año pasado y no aplicaron ni una coma en los dos cursos de primaria, como ordena la ley. Ni en la FP básica.

Campañas publicitarias en contra

El Ejecutivo vasco llegó a rizar el rizo al invertir 20.215 euros  en “inserciones publicitarias” en distintos diarios contra la ley. El catalán no lo ha necesitado, porque los principales medios de papel, voz y pantalla cargaron a rebato contra ella desde su anuncio. En teoría, de motu proprio y gratis.  

El resultado es que la polémica norma, que goza de seis recursos ante el Tribunal Constitucional, pasará desapercibida para los nueve millones de alumnos y 760.000 profesores que en breve iniciarán el curso. Eso sucederá a pesar de que Mariano Rajoy ha puesto al frente del Ministerio de Educación a Íñigo Méndez de Vigo, hombre que Génova considera de “buen talante y demostrada capacidad negociadora” a lo largo de sus 20 años como eurodiputado lidiando consensos para el PP con los socios comunitarios. Y manejando entre salario, dietas, gastos pagados y dinero para contratar asistentes unos 500.000 euros al año.

La única marcha atrás

La única concesión de don Iñigo, aristócrata y miembro del Opus Dei, tras reunirse con los consejeros autonómicos, ha sido aplazar, pero no eliminar ni cambiar, la publicación de los decretos que regulan las evaluaciones externas o reválidas. Esta es la medida que más irrita a los nacionalistas porque, aunque no lo dicen, para superarlas los alumnos deberán demostrar que dominan los “contenidos recentralizadores”, sobre todo en historia, geografía y literatura, previstos en las llamadas materias troncales. Estas enseñanzas andan ahora por otros derroteros patrióticos.

“El calendario permite redefinir los decretos y retrasar las convocatorias, ya que no se aplicarán hasta junio del 2016, 2017 y 2018. Pero de ninguna manera suprimilas. Se trata de una ley orgánica y, por tanto, de obligado cumplimiento”, ha advertido el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ex consejero del castellano-manchego del ramo con Dolores de Cospedal .

Hasta el feudo 'aznarista' se opone

En este “nuevo clima de diálogo” se permitirá que pase el 27S y las elecciones generales sin facilitar armas al enemigo, por consejo de los estrategas de Moncloa. No olvidan que la ley ha sido líder en contestación por parte de las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, antiguo feudo de José María Aznar, con el principal argumento de que invadía competencias.

Incluso parece que ha surtido efecto el  raca raca de la consejera convergente de Cataluña, Irene Rigau, de que se atenta contra la lengua vehicular única y propia, el catalán, claro. La ley prevé que, dada la cerrazón de la Generalitat,  los alumnos que deseen estudiar con más clases en castellano acudan a un colegio privado y luego pasen la factura al Ministerio, que – a través de descuentos en la financiación autonómica u otra vía- se la cargará al ejecutivo, todavía de Mas.

Presupuestos siempre provisionales

Una disposición de la ley, hecha a medida, prevé subvencionar con hasta 6.000 euros anuales cada una de estas plazas.  Pues bien, el año pasado el Ministerio destinó a este fin 5 millones de euros. Para el 2016 apenas un millón, un 80% menos, lo que supone que calcula que 166 alumnos como máximo pedirán esta enseñanza con el castellano como lengua vehicular. Pero puede ser una trampa, ya que hasta la llegada de Wert, Educación siempre ha gustado de trabajar con presupuestos mínimos pero no cerrados, por ejemplo en materia de becas.

En febrero, según el último dato disponible, había 362 solicitudes de ayuda al Ministerio. La Generalitat solo reconoció 19. No se sabe cuántas han sido concedidas. Rigau, siempre barriendo para su causa, aseguró que ha habido “mucha literatura” con este asunto, pero “muy pocas” peticiones, aunque tampoco aportó nuevos datos.

Una ley de perfil ‘ligth’

Los sindicatos de docentes consideran que una ley con tantos enemigos parece abonada al fracaso, incluso aunque el PP lograse renovar su mandato. Nicolás Fernández, de Anpe, advierte de que este curso se aplicará a lo sumo y en primaria una Lomce ligth, dado que se da bastante margen a las comunidades para hacer el diseño curricular. Así, Andalucía y el nuevo gobierno de Aragón, a la sombra de Podemos, piensan recuperar Educación para la Ciudanía. Y hasta hace unos días había institutos en Zaragoza que ofertaban una doble matrícula: en caso de que se oferte la Lomce y en caso de que no.

La principal incógnita, tras la previsible ausencia de la mayoría que hoy disfruta Rajoy, es qué ocurrirá con la dotación económica que acompaña la norma y que todavía no ha sido repartida. Y si la ley ocupará en las elecciones un lugar de perfil bajo tras la campaña de “flexibilización” del flamante ministro, considerado la antítesis de Wert. Al menos en las formas.