La canciller alemana, Angela Merkel, se ha visto en el epicentro de un escándalo en Alemania por la persecución judicial a dos periodistas que publicaron los planes del servicio de inteligencia del país para monitorizar las redes sociales con el objetivo de combatir el terrorismo. La tensión que ha generado el caso ha obligado al Gobierno de la Unión Democrática Cristiana a mover ficha y cesar al fiscal general germano, Harald Range, la persona que inició un proceso para condenar a Andre Meister y Markus Beckedahl por traición.

La polémica se remonta al inicio de 2015, cuando el portal Netzpolitik publicó varios documentos confidenciales en los que señalaban cómo el servicio de inteligencia germano planeaba expandir su vigilancia online. La persecución de estos delitos propiciaba que los contenidos que se intercambiaban por las redes fueran susceptibles a acabar en manos de los agentes de seguridad si existían dudas sobre el tipo de información que contenía.

Actividad parecida a la que denunció Edward Snow

El punto de partida es muy parecido a la denuncia que en su día hizo Edward Snow sobre el programa de vigilancia masiva que la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés) había emprendido. En su caso, compartió información confidencial con los periódicos The Guardian y The Washington Post para demostrar cómo se había abusado de la privacidad de los usuarios de las redes con el pretexto de parar los pies al terrorismo internacional.

El antiguo empleado de la CIA quería demostrar que cualquier foto, por ejemplo, que una persona mandara a otra en territorio estadounidense acababa siendo fiscalizada por inteligencia, y acabó exiliado en Rusia por los mismos delitos que ahora se intentaba imputar a los periodistas alemanes. En el caso alemán, con un agravante: la información fue publicada en un medio digital pequeño.

Contestación en las calles de Berlín

Meister anunció hace una semana que la fiscalía estatal les había abierto una investigación por traición y que si la causa prosperaba “a Markus y a mí nos encarcelarán por dos años”, escribió en Netzpolitik. Esta declaración fue contestada en las calles de Berlín, donde miles de personas protestaron por el atentado contra la libertad de prensa.

La política en sí no movilizó a los alemanes, ya que el programa de la agencia de seguridad nacional había sido discutido previamente. Incluso se había debatido sobre los documentos que acabaron publicados en el portal. Lo que indignó a una nación que aún tiene muy presente el férreo control que ejercía la Stasi sobre las vidas de los ciudadanos de Alemania del Este y anteriormente había sufrido el totalitarismo de la policía hitleriana, la Gestapo, es que Fiscalía volviera a las andadas y otorgara una libertad total a las autoridades para usar los datos personales a su parecer y condenara al mensajero, los periodistas que lo habían denunciado.

Polémica viva tras la destitución  

El nivel de alarma de la población ha provocado finalmente que Merkel, el ministro de Justicia, Heiko Maas y el de Interior, Thomas de Maizière, tomaran cartas en el asunto y retiraran su confianza en el fiscal Range. El martes pasado anunciaron el cese. Es la primera vez en la historia alemana que un Gobierno destituye a su Fiscal General.

Range ya no está en primera línea, pero la polémica no ha llegado a su fin. La oposición exige una investigación exhaustiva para averiguar por qué el ministro de Justicia dejó que a los dos periodistas se les abriera una causa por traición, ya que no es posible que este procedimiento empiece por decisión unilateral de Fiscalía.

Los periodistas piden más datos

Los dos afectados, a su vez, reclaman conocer si las autoridades han realizado previamente pesquisas sobre su vida, tanto en el ámbito profesional como en el privado.

Merkel tiene pendiente contestar a ambas peticiones.