'La Vanguardia' acusa a Rajoy de "acto de guerra"

Como sabrán los lectores de CRÓNICA GLOBAL, una familia de Mataró sufre el señalamiento y acoso de las buenas gentes nacionalistas del pueblo por haber pedido que a sus hijos se les enseñe un poco de castellano. Tal osadía ha provocado un verdadero incendio en La Vanguardia y los demás periódicos impresos de Cataluña.

David González por ejemplo y en La Vanguardia sale en defensa de los Padres Escolapios que le llevaban de excursión a pesar de ser cani o charnego. ¡Qué tiempos! Aún no había nacido González, pero él sabe de qué habla. Es la "asunción de la complejidad". Escribe el autor: "Esos peligrosos escolapios, que acogían en su casa lenguas proscritas y personas bajo sospecha cuando Franco aún ajusticiaba a garrote vil, cogieron a tiempo las riendas del tiempo. Estudiaban ahí los hijos de muchos empresarios y los hijos de muchos obreros, de los de Mataró de toda la vida, y de los llegados antes de ayer de todas las Españas, entre los que me cuento. Se leía a Carner, a Riba, a Machado y a Cervantes. Y a Shakespeare. Ahí se cimentaban futuros abiertos desde la asunción de la complejidad. 40 años después, Wert y el Gobierno del PP someten de nuevo a esa escuela al estado de excepción lingüístico usando a una familia como coartada frente a todas las demás. Para que quede claro en Badajoz o en Cehegín que Albert Rivera también es catalán".

¿Estado de excepción? Nada. Eso es poco según el aguerrido, soflamático y orgánico Álvaro, opinión de referencia en el diario de Godó. Ahí va el comienzo del texto titulado "Acto de guerra":

"Siempre hay quien no ve más allá de la nariz. Pero resulta evidente que la ofensiva de Wert contra el catalán no es sólo un asunto de oportunismo electoral para competir con C’s en contundencia e impulso españolista. Lo que hace Rajoy – no Wert como si jugara solito – es aplicar un proyecto muy bien pensado en los laboratorios de la FAES desde hace más de una década".

"El objetivo no es ningún secreto, se ha teorizado en muchísimos papeles y se ha formulado desde varias tribunas: extirpar todo lo que convierte Catalunya en un territorio anómalo dentro del Estado e ir reconfigurándolo como una segunda Valencia, donde el nacionalismo y sus productos derivados sean cada vez más irrelevantes, residuales e ineficientes. Es la versión posmoderna y constitucional de lo que otros habían intentado por medios más expeditivos antes. La lengua catalana no es sólo de los nacionalistas, por descontado. Pero el neocentralismo necesita romper la columna vertebral del idioma para tratar de provocar el conflicto civil. Animar a los padres a salir de la inmersión es exactamente eso. Implicar los tribunales todavía lo es más. Es –soy preciso– un acto de guerra".

Y en plena campaña electoral. ¡Qué barbaridad! Según la parte informativa de La Vanguardia, tal acto de guerra se sustancia en un breve que dice lo siguiente: "La Escola Pia Santa Anna de Mataró ha acordado con las familias del centro impartir la asignatura de matemáticas en castellano a partir del 19 de mayo. De esta manera, cumplen con la interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir un 25 % de clases en castellano en dos grupos. Una familia del centro acudió a los tribunales para pedir más horas en esta lengua".

Algo más de información ofrece Esther Armora en el Abc: "La familia de Mataró a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido el derecho a que sus dos hijos reciban el 25% de las clases en castellano ha decidido que la medida no se aplique hasta el curso que viene. Su decisión trasciende apenas 24 horas después de una multitudinaria manifestación en las puertas del centro –la escuela pía Santa Anna–, secundada por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario catalán, excepto PP y C’s, contra la aplicación de la resolución del alto tribunal catalán. Bajo el lema «Defendamos la escuela en catalán. Desobediencia. No a la imposición del castellano», los manifestantes, entre ellos varios concejales de Mataró de CiU, ERC e ICV-EUiA, exigieron el pasado miércoles el desacato a la sentencia. Al margen del acto, la familia recibió también presión en las redes sociales".

Sigue: "Agustín, el padre demandante, aseguró ayer en declaraciones a ABC que su decisión de aplazar la ejecución de las medidas no responde a estos actos de presión, sino que lo decidió «desde el minuto cero por una cuestión de lógica y sentido común, ya que solo falta un mes para acabar el curso». Así se lo propuso, según explicó, a la dirección del centro a comienzos de semana, cuando trascendió la resolución del TSJC. «Nos reunimos el lunes con el director para comentar la sentencia y le expresamos esta idea» , dice Agustín. Según el padre, el pasado miércoles por la tarde, horas antes de la protesta, se reunieron de nuevo con el director del colegio para que «se garantice que a nuestros hijos no se les acosará por la opción educativa que hemos escogido». Apenas tres horas después, se encendieron las redes y el colegio se envolvió de pancartas en contra de la decisión del TSJC. Presiones al margen, el centro ha acordado impartir a partir de la próxima semana la asignatura de Matemáticas en castellano para dar cumplimiento a la sentencia en las clases de 3d y 5C de Educación Primaria, en las que se encuentran los dos hijos de la familia demandante".

O sea que todo esto es un "acto de guerra". Envuelven a una familia en infamias, una escuela concertada se llena de pancartas y panfletos, los profesores portan carteles con la palabra "desobediencia" y en las redes sociales arde Fuenteovejuna. Que un "maestro" hoy, ahora, en este país, lleve una cartulina con la palabra desobediencia muestra un grado de incompetencia supino. Y que Álvaro precise que la jauría contra una familia se debe a un "acto de guerra" del Estado no sólo es una insensatez, que también, sino el punto exacto al que parecen querer llegar quienes le inspiran las columnas a ese ciudadano.

Supongamos que, efectivamente, Rajoy, España o un ujier del ministerio de Cultura le haya declarado la guerra al catalán y a los catalanes. ¿Y qué hace Álvaro? A estas horas debe estar dando clase o tomándose un cortado, tan tranquilo (es el deseo de esta revista de prensa), abrazado a la brisa matinal de un día de primavera en Barcelona, con su periódico bajo el brazo. Un infierno, vamos. La guerra en su expresión más despiadada, tiros por las calles de Macedonia y "ejecuciones" del Estado Islámico. ¿No oyen las bombas? Pues Álvaro sí, aunque es capaz de matizar: "Además, que el clima sea de guerra simbólica no implica, sin embargo, que la lista de aspirantes a héroe sea larga. Nunca lo es. Tampoco nada es gratis". Pues a las barrricadas amiguito. Tres artículos más como ese e invades Madrid. Pedazo de héroe.

Más madera, que es la guerra. Emboscada de Sociedad Civil Catalana (SCC) contra la estelada. Lo cuenta en Abc Àlex Gubern: "La Junta Electoral Central ( JEC) ha ordenado en una resolución emitida el pasado miércoles la retirada de las banderas independentistas catalanas, las «esteladas», de todos los edificios públicos, al considerar que «son incompatibles con la obligación de neutralidad de los poderes públicos». La resolución se produce después de la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana (SCC), que mediante un informe acreditaba documentalmente la existencia de 323 municipios en Cataluña donde la enseña independentista luce en edificios y espacios públicos".

Sigue: "SCC apuntaba en su denuncia que estos ayuntamientos podrían vulnerar la neutralidad política, consagrada en el artículo 103 de la Constitución, durante la campaña electoral. Desde la eclosión del desafío independentista en 2012, la utilización de la bandera «estelada» se ha generalizado en muchos municipios, principalmente con la colocación de enseñas en las rotondas de acceso a pueblos y ciudades. En otros casos, la bandera se coloca directamente en edificios públicos".

Y concluye: "La Junta Electoral considera en su resolución que la colocación de dichas enseñas puede considerarse una acción «partidista», y ordena su retirada de «edificios públicos y locales electorales», sin mencionar en este caso las banderas colocadas por iniciativa municipal en el resto de espacios públicos. Desde Sociedad Civil se consideró en declaraciones a ABC que la resolución de la Junta Electoral debe leerse de manera amplia, entendiendo por tanto que la prohibición afecta a todas las banderas colocadas en cualquier espacio público, no solo las de los edificios municipales".

Joaquim Coll, otro irredento "unionista" que dicen en la trinchera separata, escribe un artículo en El Periódico en el que va y afirma que el independentismo es minoritario: "Al margen de lo que suceda en Barcelona, se puede anticipar con bastante seguridad que CiU, ERC y CUP sumarán mayorías en más del 70% de los 947 ayuntamientos catalanes. En algunos casos porque no se presenta nadie más. Se trata de un cifra llamativa que será esgrimida como prueba de que el 'procés' ha recibido un espaldarazo en las urnas. Artur Mas tiene ese discurso escrito de antemano para poner rumbo al 27-S".

Añade: "El líder republicano también lo dirá, aunque solo con la boca grande si es el más votado en Sant Vicenç dels Horts, lo cual está por ver ante la original campaña del socialista Miguel Comino denunciando al alcalde Junqueras que no está. En definitiva, a grandes rasgos, va a repetirse lo que sucedió en el 2011, solo que esta vez con un traspaso de votos de CiU hacia ERC. Si examinamos con atención ese porcentaje tan alto de ayuntamientos secesionistas, vemos que es extraordinariamente engañoso, pues esconde la heterogeneidad de la sociedad catalana. La mayoría son municipios de pocos habitantes, y todos juntos representan a tan solo el 25% de la población. Al otro lado, hay la Catalunya del 75%, tal como la ha definido el estudio de Societat Civil elaborado por expertos en estadística y politólogos. En las áreas metropolitas de Barcelona y Tarragona, la suma de esas tres fuerzas, la llamada CUPvERCgència, no va a sumar mayorías en casi ningún sitio".

Expediente X. La consejería de Interior acusa al ministerio de Interior de haber soplado a los yihadistas la operación de Sabadell. Es un supuesto que fue archivado, tal como explican Eduardo Martín de Pozuelo y Fernando García en La Vanguardia: "Una espinosa polémica a tres bandas, motivada por una supuesta injerencia de la Policía Nacional en la investigación de los Mossos d’Esquadra que culminó con la desarticulación el pasado abril de una célula yihadista en Sabadell (operación Caronte), envuelve desde ayer a la conselleria de Interior de la Generalitat, al Ministerio del Interior y, de rebote, a la Audiencia Nacional, donde se preguntan porqué ha emergido ahora el asunto dos meses después de ser archivado judicialmente y desde donde se anuncia que se va a investigar el origen de la filtración de un tema que consideran resuelto".

Siguen: "La causa inicial que motivó ayer un cruce de agrios comentarios entre el conseller de Interior, Ramon Espadaler y el ministro, Jorge Fernández Díaz, fue la denuncia por parte de los Mossos ante el juez que llevaba el caso de un supuesto chivatazo a los yihadistas por parte de agentes de la Policía Nacional. Los policías habrían alertado a los yihadistas sospechosos de que los Mossos les estaban vigilando y dos agentes infiltrados de la policía autonómica catalana serían los que habrían detectado esta supuesta acción, que constituiría un delito de revelación de secreto. Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado a La Vanguardia que, al recibir la denuncia, inmediatamente se abrió una investigación durante la cual se tomó declaración a los agentes implicados de ambos cuerpos policiales, determinándose que no había caso y que los Mossos siguieran con las investigaciones que habían iniciado once meses atrás. Entonces, el juez Santiago Pedraz resolvió con un seco carpetazo las diligencias secretas abiertas en pieza separada bajo el supuesto de que se habría puesto en riesgo la operación contra unos yihadistas que planeaban asesinatos y atentados en Catalunya. (...) El auto, al que accedió ayer La Vanguardia, desvela que el magistrado llegó a imputar y tomar declaración a varios policías por presuntos delitos de revelación de secretos, y encubrimiento y colaboración terrorista e interrogó asimismo a algunos testigos. Todo ello, con la operación Caronte en marcha. La resolución de Pedraz, con fecha de 16 de febrero, es contundente y el razonamiento es uno sólo: “ No habiendo quedado debidamente justificada la perpetración de delito, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 779-1 º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”".

Cambio de plano. En Andulucía se avizora la repetición de elecciones, que según Toni Bolaño en La Razón, podrían coincidir con las catalanas caso de que las catalanas se celebren el 27S. En El País, Luis Barbero describe el panorama: "El bloqueo político que sufre Andalucía ha abierto un escenario inesperado hasta hace pocos días. Los partidos ya hablan de la posibilidad de que se vuelvan a repetir los comicios autonómicos después de que ayer fracasase el tercer intento de la socialista Susana Díaz de ser investida presidenta de la Junta de Andalucía. La presidenta en funciones dijo en el Parlamento: “Si hay que ir a elecciones, se irá a elecciones”. El PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida volvieron a sumar sus votos para impedir su investidura. Díaz necesita la abstención de al menos 16 diputados de la oposición, un paso que ninguno está dispuesto a dar, al menos hasta la celebración de las elecciones del 24 de mayo".

Más: "El Estatuto de Andalucía fija que se tendrán que celebrar nuevos comicios en caso de que ningún candidato logre la confianza de la Cámara dos meses después de la primera votación de investidura. Este plazo se cumplirá el 5 de julio. La dirigente socialista sigue confiando en lograr esa confianza “tarde o temprano” y evitar unas nuevas elecciones, pero ayer ya dejó entrever que se trata de una hipótesis de trabajo cierta. “Si alguien no las teme es el PSOE ni esta candidata”, afirmó Díaz en una reunión con su grupo parlamentario. Todos los partidos siguen reiterando su opinión contraria a que los andaluces tengan que acudir por segunda vez a las urnas este año".

Últimas encuestas sobre Madrid. En El Mundo afirman que Esperanza Aguirre obtendrá el 36% de los votos y entre 22 y 24 concejales. Podemos, que en la capital se llama "Ahora Madrid", el 20,2% y entre 12 y 13 concejales. El PSOE obtendría el mimos número de ediles pero con un punto menos de voto y Ciudadanos, el 14,/% sacaría 9 ediles.

Espeluznante cogida en Las Ventas. El diestro Saúl Jiménez Fortes sigue vivo de milagro después de que un toro le asestara dos cornadas en el cuello. Operado en la plaza por el doctor Máximo García Padrós, está ingresado en la UCI. Los pitones contusionaron la venas yugular y carótida.

15 de mayo, Santoral del Abc: Isidro Labrador, Juana de Lestonnac, Reticio de Autún, Ruperto de Bingen, Severino de Septempeda y Torcuato obispo.