El debate sobre la regulación de infraestructuras civiles en telecomunicaciones subraya la necesidad de que las condiciones de acceso reflejen la evolución de los costes reales. El objetivo es no desincentivar la inversión en redes digitales, su mantenimiento y su modernización.
La cuestión es actual tras la consulta pública de la CNMC del 30 de junio. Esta se refiere a la segunda oferta de compromisos de Telefónica sobre el mercado mayorista de acceso a la infraestructura física. La propuesta revisada tiene una vigencia de cinco años, prorrogable a uno más.
Mantiene los plazos de provisión y resolución de incidencias de la oferta MARCo vigente, conserva el Procedimiento de Gestión de Operadores e incorpora una senda de actualización de cuotas recurrentes.
Adaptación a un mercado maduro
El debate no cuestiona el acceso abierto a conductos, arquetas, postes, canalizaciones y centrales. Sin embargo, busca garantizar que este acceso sea viable en un mercado de fibra maduro. Las necesidades de mantenimiento, modernización y nueva inversión difieren de la fase inicial de despliegue.
El Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha defendido que la revisión de MARCo es una “cuestión estratégica”. Su fin es asegurar la inversión futura en redes, preservar el liderazgo español en conectividad y garantizar un acceso económicamente sostenible y accesible a las infraestructuras civiles.
Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas, afirmó que “la propuesta sometida a consulta apunta en la dirección correcta: mantener el acceso, preservar la competencia y avanzar hacia unas condiciones económicas más alineadas con la realidad de los costes y con la necesidad de seguir invirtiendo en redes”.
De tarifa a sostenibilidad
Para el Instituto, la propuesta desplaza el debate de una lectura puramente tarifaria a una reflexión sobre la sostenibilidad de las infraestructuras digitales. La actualización ordenada de condiciones económicas bajo supervisión regulatoria no cierra infraestructuras a terceros. Evita que el acceso deteriore los incentivos de quienes construyen, mantienen, amplían y gestionan esos activos. Este enfoque coincide con el debate europeo sobre conectividad. La Comisión Europea presentó en enero el Digital Networks Act.
Este busca modernizar, simplificar y armonizar las normas de conectividad, considerando que las reglas actuales deben actualizarse. El objetivo es crear condiciones que permitan invertir en redes avanzadas de fibra y móvil. Bruselas vincula estas infraestructuras de alta capacidad con tecnologías como la inteligencia artificial y el cloud. Las considera base de la competitividad europea.
Consenso entre las asociaciones
DIGITALEUROPE también defiende que la ambición europea de liderar en conectividad depende de un marco regulatorio obsoleto. La asociación reclama un modelo más simplificado, armonizado y centrado en la inversión. También pide una regulación de acceso más proporcionada y adaptada a la realidad de los mercados.
El FTTH Council Europe sostiene que la fibra es esencial para la transformación digital europea. El marco regulatorio debe incentivar la inversión y fomentar una competencia efectiva. La asociación defiende que los remedios de acceso se adapten a las realidades nacionales y de mercado, preservando un entorno estable y previsible para los inversores.