La Agencia Tributaria de España ha adoptado medidas más estrictas en la fiscalización de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en los últimos años, especialmente en lo que respecta a las operaciones con criptomonedas. El crecimiento del mercado de criptoactivos ha desencadenado un aumento en el número de notificaciones enviadas a los contribuyentes que operan con estas monedas digitales. 

En 2023, se observó un salto del 189% en el número de avisos en comparación con el año anterior, alcanzando aproximadamente 948.000 notificaciones. Según datos recogidos por los inspectores de TaxDown, una plataforma de apoyo fiscal, el número de contribuyentes notificados que deben declarar criptomonedas en su IRPF ha crecido considerablemente, alcanzando cifras sin precedentes. Enrique García, CEO de TaxDown, comentó que la declaración de renta es un proceso ya complejo de por sí y se torna aún más difícil cuando incluimos las criptodivisas.

Recomendaciones a los inversores

García señala que la principal dificultad es que la mayoría de los inversores realizan operaciones a través de diferentes corredores. Por ello, recomienda que los inversores revisen en qué plataformas realizaron inversiones el año anterior y verifiquen cualquier ganancia de capital, ya sea positiva o negativa. En España, aún no existe una legislación específica que regule la compra y venta de criptomonedas, como las listadas en Techopedia en español. Por tanto, estas operaciones se tratan conforme a las normas generales de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos. 

Esto significa que los contribuyentes sólo necesitan incluir criptomonedas en su IRPF si han vendido o intercambiado dichos activos durante el año 2023, independientemente del resultado financiero de estas transacciones. La regulación MiCA (Mercados de Criptoactivos) de la Unión Europea, que tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para el mercado de criptoactivos y proteger a los inversores, comenzará a aplicarse parcialmente en España antes de lo previsto, entrando en vigor a mediados de este año.

Cuidado con los beneficios del juego

Además del mercado de criptoactivos, la Agencia Tributaria también ha centrado su atención en las ganancias obtenidas a través de juegos y rifas en línea. Una novedad respecto al año pasado es la divulgación, ya en la primera semana de fiscalización, del número de personas notificadas por ganancias en juegos en línea, que asciende a un total de 164.000 avisos. Los contribuyentes deben declarar no solo los beneficios, sino también las pérdidas patrimoniales de tales actividades, indicando las ganancias o pérdidas netas. 

Por ejemplo, los beneficios obtenidos a través de apuestas deportivas deben registrarse en la casilla 282 del borrador de declaración, mientras que los premios de otros juegos de azar y casinos, como el póker cripto, deben figurar en la casilla 290. Es obligatorio declarar las ganancias netas si estas superan los 1.600 euros al año. Aunque las ganancias menores a 40.000 euros no están gravadas, contribuyen al total de ingresos del ejercicio fiscal y deben ser reportadas.

Inmuebles en el extranjero

Otro grupo que ha recibido atención especial por parte de Hacienda son los propietarios y arrendadores de inmuebles situados fuera de España. Recientemente, el número de notificaciones a este grupo también ha aumentado mucho, demostrando el esfuerzo continuo de la agencia por monitorear todas las formas de ingresos, incluso aquellas provenientes de actividades internacionales

Los propietarios de inmuebles que no son residentes en España, pero poseen propiedades en el país, son responsables de calcular y pagar el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), que se aplica a los ingresos obtenidos en España, incluyendo los de alquiler. La regulación tributaria española considera que una persona tiene su residencia fiscal en España si permanece más de 183 días al año en el país o si el núcleo principal o la base de sus actividades económicas o intereses económicos están en territorio español.

La fase de transición para la regulación MiCA comenzará antes de lo previsto, permitiendo que la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) empiece a otorgar autorizaciones a las empresas que deseen prestar servicios de criptoactivos, mejorando la seguridad jurídica y la protección de los inversores. Estos cambios indican un movimiento hacia una mayor institucionalización y regulación del mercado de criptomonedas en España, con el objetivo de aportar más seguridad y transparencia para los inversores y usuarios de criptoactivos. La creciente fiscalización sobre las criptomonedas y otras formas de ganancia patrimonial muestra un claro esfuerzo de la Agencia Tributaria de España por adaptar sus prácticas a las nuevas realidades del mercado financiero.

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