Illa, la especulación y el ejemplo de Ámsterdam

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció una reincorporación "progresiva" al trabajo tras la osteomielitis púbica, de la que aún está en tratamiento. Pero más bien se ha tratado de un regreso frenético con reuniones, anuncios y una repleta agenda de entrevista que culmina (al menos de momento) este domingo.

Como en los viejos tiempos del periodismo de papel, el último día de la semana y el de más venta se reservaba para la gran entrevista en profundidad con un personaje de relieve. Y ese "espíritu" es el que recupera este domingo El País con Illa, que posa sonriente en la tapa del diario de Prisa.

La actualidad catalana gira en torno a las iniciativas del dirigente socialista. Por ejemplo, colea y coleará el anuncio de prohibir la actividad meramente especulativa en el mercado inmobiliario, un propósito tan ambicioso como plagado de efectos secundarios y contraindicaciones, según una información de La Vanguardia sobre la experiencia pionera de Ámsterdam.

También es noticia Oriol Junqueras, que trata de rascar protagonismo con su negativa a negociar los presupuestos autonómicos hasta que no se traspase la gestión y recaudación del IRPF y al tiempo sumido en sesudas cogitaciones sobre el uso del burka y cómo prohibirlo sin prohibirlo.

Además, la cita de los "therian" en el Arco del Triunfo de Barcelona acabó como el Rosario de la Aurora, sin "therian" y con cinco detenidos. Los "therian" son la última idiotez de una sociedad que está pidiendo a gritos la extinción. Por cierto, la quedada "therian" eran cuatro humanos que se sienten gatos y tres mil curiosos.

Al tajo. "Salvador Illa: “Puedo defender la nueva financiación desde Algeciras a Girona”", titula El País en portada.

La entrevista es de Jan Martínez Ahrens y Miquel Noguer, que abordan con el presidente catalán todos los expedientes abiertos tanto en Cataluña como en el resto de España. Illa explica de entrada que no tiene la más mínima intención de suceder a Pedro Sánchez y que su plan es gobernar Cataluña durante una década, el tiempo necesario para corregir el rumbo.

Ahí va una selección de las preguntas y respuestas de más enjundia:

P. ¿Y en el caso de una victoria en las elecciones generales del PP y de Vox, no teme un resurgimiento del independentismo?

R. Yo no contemplo un escenario de gobierno de la derecha y la ultraderecha. Veo un Gobierno de España que está haciendo bien su trabajo.

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P. ¿Tampoco ve riesgo de que en Cataluña se pueda repetir el escenario de ruptura de 2017?

R. Ya le he dicho cuál es mi planteamiento. Me veo con capacidad de estabilizar Cataluña durante diez años. Los ciudadanos piden que la prosperidad que se está generando se comparta social y territorialmente. Esto exige políticas públicas ambiciosas. Y eso es lo que hacen el Gobierno de España y el de la Generalitat.

P. Pero la extrema derecha, pese a esas políticas, también crece en Cataluña. Y allí, además de Vox, está Aliança Catalana. ¿A qué lo atribuye?

R. Hay un entorno muy cambiante, hay personas que se angustian, que ven riesgos en los cambios y que atienden a discursos populistas que, cuando se llevan a la práctica, solo aportan frustración, fracaso. ¿Cómo se combate esto? Aplicando políticas realistas, contando la verdad a la ciudadanía. Y buscando soluciones, aumentando la oferta de vivienda, construyendo pisos, regulando el mercado. ¿Se soluciona esto en un mes? No, pero los datos comienzan a mostrar signos de mejora en Cataluña.

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P. Ha hablado de la necesidad de planificar políticas públicas a largo plazo. ¿Hasta qué punto el modelo de financiación puede ayudar?

R. El nuevo modelo es una inyección importante de recursos para el Estado del bienestar. No perjudica a nadie, beneficia a todo el mundo y contribuye a estabilizar España porque estabiliza los servicios públicos. Es un ejercicio de responsabilidad y coraje.

A quienes lo critican les pregunto qué hicieron ellos para mejorar la financiación cuando gobernaron España o en alguna de sus comunidades autónomas. Y segundo: ¿qué propuestas tienen? Porque solo decir no, no y no… Con el modelo pactado no queremos ningún privilegio y se ejerce la solidaridad. Me veo capaz de defenderlo desde Algeciras hasta Girona, y voy a dejarme la piel para que salga adelante.

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P. Hay quien insiste en que está diseñado para satisfacer los intereses de Cataluña, pero no los generales.

R. Eso es falso. Una simple lectura del modelo desmiente esta afirmación.

P. ¿El principio de ordinalidad no choca con el principio de progresividad fiscal?

R. No. Y lo que no es de sentido común es que después de ejercer la solidaridad, algo que estamos convencidos que se debe hacer, Cataluña quede en peor posición relativa que el receptor de esta solidaridad.

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P. Cuando presentaron el modelo, excepto Cataluña, todas las comunidades autónomas, incluso las socialistas, lo rechazaron. ¿Por qué?

R. ¿Y qué proponen? Ya lo he dicho antes. ¿Qué hicieron cuando tuvieron ocasión para resolver esta cuestión? Hay que tener altura de miras. Insisto, el modelo beneficia a todo el mundo. Es positivo. Aporta 20.000 millones de euros a las comunidades autónomas...

P. En algunos sectores se ha entendido este modelo como una concesión a Esquerra Republicana. ¿Fue un error de planteamiento?

R. No fue una concesión a nadie. Fue un acuerdo, una negociación. Y cualquier actor político, mientras respete las normas, tiene derecho a hacer planteamientos concretos. ¿Otros actores las han hecho? ¿Acaso las han llevado a cabo? Deberíamos de ser más exigentes con aquellos que critican mucho la financiación, pero que cuando han tenido responsabilidades no han hecho nada y no saben hacer nada.

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P. Esquerra Republicana insiste en que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos, incluido el IRPF. ¿Puede garantizar que esto será así en esta legislatura o a medio plazo?

R. Estoy comprometido con los acuerdos de investidura. Los vamos a cumplir desde posiciones de realismo. Y en eso estamos trabajando.

P. Mientras esta cesión del IRPF no avance, ERC mantiene congelada la negociación para las cuentas catalanas. ¿Qué hará?

R. Cataluña necesita presupuestos. No contemplo otro escenario. Yo cumpliré. Me dejaré la piel en ello.

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P. Y si finalmente se transfiere la recaudación del IRPF, ¿cómo se garantiza la solidaridad con el resto de España?

R. Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni ninguno de los acuerdos que yo vaya a firmar va a poner en riesgo la solidaridad de los territorios de España. Pero siempre habrá quien diga que todo se rompe. Siempre. Haga lo que haga y diga lo que diga.

P. La falta de vivienda asequible es uno de los grandes problemas. Su gobierno ha tomado medidas firmes. ¿No se debería hacer lo mismo en todo el país?

R. La vivienda es una competencia autonómica. El Gobierno ha puesto instrumentos a disposición de las comunidades. Utilizarlos es su decisión, pero algunas han optado por la ley de la oferta y la demanda. Permítame que les aporte datos que no son nuestros, sino de CaixaBank Research. Año 2019 frente a 2025; Madrid frente a Cataluña.

En 2019, prácticamente las dos comunidades autónomas estábamos en unos 13 años de salario necesarios para adquirir una vivienda. En 2025 en Cataluña se mantiene. En Madrid ya son necesarios 16 años de salario...

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P. ¿Ve necesaria una intervención del mercado?

R. Hemos impulsado un plan para sumar 50.000 viviendas públicas que vamos a cumplir de aquí al 2030, estamos movilizando suelo para hacer 214.000 viviendas, hemos creado créditos de emancipación… ¿Regulamos el mercado? ¿Lo intervenimos? Definitivamente, sí. Intervenimos para proteger la creación de prosperidad. La ley de la oferta por sí sola no garantiza el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Por eso intervenimos y lo seguiremos haciendo.

P. Han presentado un plan para limitar las compras especulativas que dificulta mucho que los grandes tenedores puedan adquirir más pisos. ¿No puede esto redundar en menos oferta de alquiler?

R. No. En su día escuchamos cosas como que la subida del salario mínimo iba a quebrar el mercado de trabajo. Lo mismo con el sistema de pensiones. No ha pasado. Si alguien quiere invertir en vivienda, perfecto, pero no para sacarse rentabilidades del 15%, ni para hacer pisos turísticos, que es una manera de expulsar a los vecinos.

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Al hilo de las pretensiones de Illa en materia de vivienda destaca este titular de La Vanguardia: "Catalunya sigue a Ámsterdam en la prohibición de comprar vivienda pese a las dudas del modelo".

La pieza es de Maite Gutiérrez y arranca así: "El Govern de la Generalitat ha aceptado limitar la compra de vivienda y controlar las herencias para conseguir los seis votos del grupo de los Comunes a los presupuestos del 2026".

"La propuesta legislativa, que esta semana ha difundido el partido de la exalcaldesa Ada Colau, toma como referencia el modelo que los Países Bajos aprobaron en el 2022 con objetivos similares: reducir la participación en el mercado inmobiliario de los inversores y promover la adquisición de pisos por parte de particulares".

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"Vale la pena, pues, analizar los efectos de la normativa holandesa para anticipar lo que puede ocurrir en Catalunya si finalmente el Parlament aprueba la restricción durante este año, tal y como se ha propuesto el PSC".

"El impacto parece contradictorio, como recogen los primeros trabajos académicos que miden su efectividad. El Senado de los Países Bajos votó hace cuatro años a favor de prohibir la compra de inmuebles para ponerlos en alquiler".

"Se buscaba así facilitar el acceso a la vivienda en propiedad de las clases populares y estabilizar los barrios, pero lo cierto es que son los ciudadanos de ingresos medios y altos los que han salido más beneficiados. En cambio, los hogares con ingresos bajos están encontrando mayores dificultades para conseguir una vivienda, afirma Matthijs Korevaar, investigador de la Erasmus School of Economics, a través de correo electrónico".

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"Este profesor es coautor de un estudio de referencia sobre la prohibición de la compra para alquilar en Holanda. La decisión de implantar la restricción recae en los ayuntamientos y solo se aplica en viviendas de precio medio y bajo. (...) El trabajo de Korevaar concluye que restringir las compras de inversores ha aumentado significativamente las tasas de propiedad de vivienda y la estabilidad de los vecindarios, sin reducir los valores de las viviendas ni los volúmenes de transacciones. Ahora bien, está contribuyendo a expulsar de los barrios a las personas con menos recursos".

Líneas después la conclusión del estudioso es que: "“el mecanismo es muy contundente: prohibir la conversión de viviendas en alquiler es simplemente una herramienta muy poderosa para detener la afluencia de residentes de bajos ingresos y más transitorios a un barrio. En consecuencia, es una herramienta muy potente para gentrificar un barrio”, concluye Korevaar. Este diario ha intentado recavar la valoración del Ayuntamiento de Amsterdam, sin éxito".

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La información continúa así: "Los investigadores de la Universidad Erasmus sostienen que si el objetivo de la política es limitar la dependencia de los inversores con ánimo de lucro para mejorar la asequibilidad de la vivienda, se debería ampliar en paralelo el parque público o asequible, que en los Países Bajos ya es mucho mayor que aquí".

Y: "“El 50% de las viviendas en Holanda, en concreto en Ams­ter­dam, son de protección pública, mientras que en Catalunya estamos en el 2%; ello se debe a una tradición histórica de más de cincuenta años de inversión constante en vivienda, tal y como se ha hecho en educación y en sanidad”, subraya Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico".

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De modo que vendría a quedar demostrado que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Siguiendo con el tema, procede este titular de El Mundo: "El PP catalán anuncia un recurso al Tribunal Constitucional contra la limitación de la compra especulativa de viviendas pactada entre Illa y los comunes".

El texto es de Cristina Rubio: "El PP catalán tiene la intención de llevar al Tribunal Constitucional la limitación de la compra especulativa de viviendas pactada entre el Govern de Salvador Illa y los comunes si la ley sale adelante".

""Como es un ataque a la propiedad privada inaceptable, lo llevaremos al Tribunal Constitucional en cuanto tengamos los mecanismos oportunos para hacerlo", ha afirmado el líder del partido, Alejandro Fernández, en declaraciones a la prensa en Valls (Tarragona)".

""Están destruyendo el mercado de la vivienda, en Cataluña y en España, están destruyendo las esperanzas de millones de jóvenes que nunca en la historia reciente de nuestro país se habían encontrado con la imposibilidad tan bestial de adquirir una vivienda", ha sostenido Fernández".

Y: "Por ahora, se trata de una propuesta de ley, que todavía debe ser tramitada y aprobada en el Parlament. De acometerse, Cataluña sería la primera comunidad autónoma en ejecutar este tipo de políticas. Además, forma parte del acuerdo para los presupuestos entre el PSC y los comunes, que dependen de ERC para su aprobación".

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Hablando del partido republicano El Confidencial anuncia que "ERC sigue la estela de Junts y negocia con Moncloa puestos clave en empresas como Indra".

En el sumario se resume la jugada: "Junqueras presiona a Moncloa elevando el precio: a la financiación autonómica, la recaudación del IRPF y la supervisión de la ejecución presupuestaria en Cataluña se suma ya la presencia en el poder económico y empresarial madrileño".

La nota es de Juan Fernández Miranda, quien escribe que "según ha podido saber este periódico en fuentes de la Moncloa, las negociaciones con ERC, que abordan diversos temas, tanto en Madrid como en Cataluña, han adquirido una nueva dimensión con la pretensión de los independentistas de contar con alguna persona en Indra en un momento especialmente delicado para la compañía por el presunto conflicto de interés en la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E): la compañía participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está presidida por Ángel Escribano, y M&E por su hermano Javier".

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"Es decir, Junqueras está aprovechando la debilidad parlamentaria y judicial de Sánchez, y su deseo públicamente expresado de agotar la legislatura, para presionar a Moncloa elevando el precio de su apoyo: a la financiación autonómica, la recaudación del IRPF y la supervisión de la ejecución presupuestaria en Cataluña se suma ya la presencia en el poder económico y empresarial madrileño".

Y mientras Junqueras trata de meter cucharada en la capital del Reino el mismo Junqueras se debate en un mar de dudas sobre el burka, el niqab y el islam.

"La propuesta de ERC en el debate del burka: sancionar su uso sin que sea delito", señala El Nacional.

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En el sumario se dice que "Los republicanos rechazan tocar el Código Penal y abogan porque estas mujeres presten servicios a la comunidad".

Escribe Abel Degà: "Esquerra Republicana se abre a negociar la sanción del burka y el nicab solo si no se criminaliza su uso y se hace acompañado de medidas integradoras para las mujeres que actualmente lo llevan. El velo integral ha sido el tema legislativo de la semana en Madrid: el Congreso de los Diputados ha tumbado una proposición de ley de Vox contra esta prenda de ropa para evitar que sea una formación de extrema derecha quien lidere este debate".

"Es decir, diversas formaciones se mostraron dispuestas a abordar la cuestión, pero se negaron a hacerlo bajo la batuta de Vox. El PP —que en un principio se sumó a la iniciativa de los ultras— y Junts per Catalunya han presentado sus propias iniciativas, el PSOE se ha abierto a estudiarlo a través de un “debate sereno” y el PNV ha propuesto la creación de una subcomisión con expertos que analice qué derechos pueden entrar en colisión, atienda la jurisprudencia europea y garantice la convivencia".

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"Ahora es Esquerra Republicana quien también plantea acabar con el uso del burka sin tocar el Código Penal, en la misma línea que las normas registradas por los juntaires y los populares".

"Fuentes del partido de Oriol Junqueras remarcan que están en contra del burka y del nicab y que, por tanto, se abren a amonestar su uso. Pero abogan por hacerlo de forma constructiva: con la obligación, por ejemplo, de prestar servicios sociales a la comunidad".

"Argumentan que este tipo de sanción provocaría que estas mujeres pasaran por un proceso de integración. Esto enlaza con uno de los miedos que los republicanos y otras formaciones de izquierdas le tienen a la prohibición punitivista, tal como remarcó este martes en el Congreso la diputada Pilar Vallugera cuando defendía su posición: la criminalización podría provocar que, en vez de salir de casa sin el burka, estas mujeres directamente no salieran nunca".

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"Es por este motivo que los republicanos señalan que no quieren trasladar un mensaje de prohibición de este velo hacia estas mujeres".

"Los republicanos apuestan por un sistema de incentivos, desincentivos y de negociación y comunicación con la comunidad islámica para conseguir que las mujeres participen en actos locales sin esta pieza de ropa".

O sea que la "salvajada" del burka que decía Rufián hay que desincentivarla a base de incentivos.

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