Máxima cautela en Venezuela y en la diáspora venezolana. Los macarras del chavismo controlan las calles mientras la ciudadanía corriente y sufriente acumula provisiones y medicamentos por si acaso. Confusión. En teoría, preside el país la señora Delcy Rodríguez, aquella vicepresidenta de Maduro que tenía prohibida la entrada en la UE y recaló en España en una controvertida escala con cuarenta maletas.
La maniobra trumpista ha descolocado a quienes apoyaban a la señora Corina Machado, última premio Nobel de la paz y rostro visible de la oposición junto a Edmundo González, el candidato que ganó las últimas elecciones con las que Maduro se limpió el trasero.
En España, la oposición al completo estaba con Machado y contra Maduro. La decisión de Trump de confiar el poder a la señora Rodríguez ha dejado al portavoz del PP Tellado con el orto al aire. En la formación conservadora se frotan las manos en la creencia de que el operativo estadounidense afectará a José Luis Rodríguez Zapatero. Está por ver.
Mientras se oscurece o aclara el futuro de Venezuela, uno de esos países convertidos en tragedia, el año político en España se abre con la reunión el próximo jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien explicaba ayer en El Periódico que se verá las caras con el líder socialista el jueves 8 a fin de desbloquear la financiación singular.
De paso, Junqueras aprovechaba la entrevista para descalificar la propuesta de Joan Tardà y Gabriel Rufián sobre un "frente popular". Esto es lo que decía el dirigente republicano: "Lo que tiene sentido en las europeas, porque la circunscripción es única, tiene menos sentido en unas elecciones en las que hay 50 circunscripciones.
En todo caso, dos reflexiones. Una: si alguien tiene alguna propuesta, la puede llevar a los órganos del partido. Y dos: la ciudadanía no espera de nosotros que nos pongamos a hablar de cómo hacemos una candidatura y nos repartimos unas sillas o puestos en una lista. Lo que espera de nosotros es que afrontemos el tema de la vivienda y el tema del transporte público".
Al hilo del inminente encuentro entre Sánchez y Junqueras, El Español publica una encuesta que refleja una notable oposición a las negociaciones del presidente con los independentistas.
"Los españoles rechazan las medidas de Sánchez para salvar el apoyo de Junts y ERC: del cupo catalán a la inmigración" se titula la pieza.
En el sumario se indica que "Uno de cada tres socialistas se opone, además, a la amnistía, la foto de Sánchez con Puigdemont y la supresión del delito de malversación para los líderes del 'procés'".
El texto viene con la firma de Ángela Poves y arranca así: "Una gran mayoría de los españoles rechaza las continuas cesiones que Pedro Sánchez ha hecho a los partidos independentistas para mantenerse en el poder, según la macroencuesta elaborada por SocioMétrica para El Español".
"Pero también la mayoría de los votantes del PSOE rechaza la decisión de Pedro Sánchez de ceder a la Generalitat el control de la inmigración, suprimir el delito de malversación a los líderes del procés e impulsar que Cataluña y País Vasco sean miembros de la Unesco y ONU Turismo, como si se tratara de naciones independientes".
"Además, al menos uno de cada tres votantes socialistas se opone a otras concesiones de Sánchez a los independentistas, como la ley de amnistía, el cupo catalán o el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea (UE)".
"La intención del presidente del Gobierno de hacerse una foto con Carles Puigdemont, para legitimar al líder del procés huido de la Justicia, también crea una profunda división entre los votantes del PSOE: al 48% le parece que es una buena idea, pero otro 43% se opone".
"En conjunto, el 64,3% de los españoles se opone a la decisión del Gobierno conceder la amnistía a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, mediante la ley que el Gobierno logró sacar adelante en junio de 2024, con un Parlamento dividido y por un solo voto más de la mayoría exigida por normativa".
"El 61,2% de los votantes del PSOE apoya la decisión, que permitió a Sánchez afianzarse en la Moncloa. Pero casi uno de cada tres, el 31,8%, la rechaza".
"El Gobierno sostiene que la ley de amnistía ha permitido "normalizar" la situación política de Cataluña y "recuperar la convivencia"".
"Sin embargo, un año y medio después de que la ley de amnistía entrara en vigor, sólo el 38,5% de los españoles cree que ha resultado positiva. Un amplio 56,6% la considera negativa".
"Los más partidarios son los votantes de Sumar: el 87,7% afirma que la amnistía ha tenido efectos positivos. También lo sostienen así el 84,7% de los votantes de partidos nacionalistas y el 76,3% de los socialistas. En cambio, el rechazo supera el 90% entre los votantes del PP (91,74%) y de Vox (92%)".
"Según la encuesta de SocioMétrica, el 72,4%, de los españoles ve injusto suprimir el delito de malversación a los líderes del procés, en consonancia con los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, que consideraron inaplicable la ley de amnistía a dicho delito".
"Esta medida ni siquiera tiene el respaldo de los votantes socialistas: el 60,5% la rechaza. Por segmentos de población, los jóvenes de entre los 17 y 35 años son los más críticos: el 80% se opone".
"Con el fin de intentar recuperar el apoyo de Junts, Pedro Sánchez ha prometido transferir a la Generalitat las competencias de control de la inmigración y fronteras (que la Constitución reserva como exclusivas del Estado)".
"También en este caso, Sánchez cuenta con el rechazo mayoritario del conjunto de los españoles (el 81,2%), y también de los votantes socialistas (el 68%)".
"El Gobierno aún no tiene garantizado el apoyo necesario para sacar adelante esta medida (Podemos se opone), como tampoco la financiación privilegiada a Cataluña, que ha provocado el firme rechazo de varios barones socialistas, como Emiliano García-Page y Adrián Barbón".
"El 67,6% de los españoles rechaza el cupo catalán, que mermará los recursos financieros del resto de Comunidades Autónomas".
"Hay un porcentaje de casi el 40% de votantes socialistas que son críticos con que el presidente del Gobierno otorgue a la Generalitat un sistema de financiación singular, similar al que disponen en el País Vasco".
Pues de eso es precisamente de lo que van a hablar Sánchez y Junqueras, quien en la antecitada entrevista también alegaba que no está en sus previsiones dejar caer al Gobierno por más casos de corrupción que salgan.
Así se expresaba Junqueras: "La alternativa es el PP y Vox. No parece la mejor. Ahora bien, el PSOE tiene que decidir si quiere hacer todo lo posible para seguir gobernando o no. Y si quiere, lo que tiene que hacer es limpiar la corrupción y limpiar los casos de acoso sexual. Lo que no tiene ningún sentido es que pasen los años y las décadas y el PSOE siempre tenga casos de corrupción. Quizá en el PSOE los casos no son tantos como en el PP y quizá no son tan graves, pero no debería permitirse. ¿Qué le sugerimos? Pues que hable con las fuerzas de tradición democrática, busque soluciones y demuestre que quiere acabar con la corrupción y los casos de acoso sexual".
Pues en contra de esta tesis, una información de Vozpópuli con este titular: "Los socios de Sánchez ya descuentan elecciones anticipadas ante la 'mayoría negativa' del Gobierno".
Escribe Beatriz Jiménez Pérez: "El año arranca con dos relatos superpuestos en la política española. El oficial, cuidadosamente elaborado por el PSOE, habla de fortaleza, de continuidad y de una legislatura que, según el entorno de Pedro Sánchez, no solo está a salvo, sino que tiene recorrido".
"El otro, mucho menos visible pero cada vez más extendido entre los socios parlamentarios del Gobierno, apunta justo en la dirección contraria: la sensación de que el Ejecutivo ha entrado en una fase de desgaste irreversible y de que el adelanto electoral ya no es un tabú, sino una hipótesis asumida".
"La aritmética parlamentaria lleva tiempo enviando señales de alarma. El Ejecutivo encadena derrotas en el Congreso, es incapaz de aprobar unos Presupuestos y depende de equilibrios cada vez más frágiles para sacar adelante cualquier iniciativa".
"En privado, varios aliados admiten que la legislatura se sostiene más por miedo a un escenario alternativo que por convicción política. De ahí que empiece a imponerse un concepto que resuena con fuerza entre los socios: la “mayoría negativa”. Una suma heterogénea de fuerzas que no construye, pero sí bloquea".
Tras comentar las citas electores y judiciales de este 2026, la autora de la información cita que "Gabriel Rufián ha verbalizado lo que muchos piensan y pocos dicen en público: si los casos de corrupción adquieren una dimensión estructural, comparable a grandes escándalos del pasado, el apoyo parlamentario dejará de tener sentido. No se trata solo de ética, sino de supervivencia política. Ninguno de los socios quiere quedar atrapado en la defensa de un Gobierno percibido como paralizado o contaminado".
No es eso, como hemos visto, lo que opina Junqueras, de momento por encima de su florido portavoz en el Congreso de los Diputados.
Después de años de gobiernos procesistas encabezados por genios de las finanzas en particular y de todo en general como Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, El País titula: "La Generalitat logra la mejor valoración crediticia en una década a la espera de la quita de la deuda y una mejor financiación".
En el sumario se añade que "La Administración catalana empieza el curso de 2026 con las notas de ‘rating’ alejadas del bono basura".
La información es de Dani Cordero: "Dos de los hitos que tiene marcados en rojo el Govern de Salvador Illa están relacionados directamente con la tesorería autonómica. Uno es la propuesta para un nuevo modelo de financiación; otro es la condonación de parte de la deuda que la Administración catalana acumula del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el auxilio financiero con el que el Estado rescató a la mayoría de las comunidades autónomas tras la Gran Recesión".
"Mientras ambos instrumentos siguen cocinándose a fuego lento en Moncloa, la Generalitat abre 2026 con la mejor valoración crediticia en una década: las tres agencias de calificación que fiscalizan sus cuentas han dejado de considerar su deuda como bono basura".
"La recuperación ha llegado a trompicones. Los analistas de las casas de rating Fitch y DBRS hace años, en 2021 y 2022, que tomaron la decisión de dar a la deuda catalana el grado de inversión. Pero no fue hasta septiembre pasado que Moody’s optó por seguir la misma dirección, al elevar un escalón su nota y situarla en el Baa3 con perspectiva positiva".
"Ese código supone situar la calidad de la deuda por encima de la línea que separa el grado de inversión y el de alto rendimiento. Es decir, el límite entre ser una inversión segura pero con rentabilidad moderada o un negocio más arriesgado aunque mejor pagado. Confiar más o menos en el emisor de la deuda".
"El resultado del último examen de Moody’s muestra una mejora de los ingresos fiscales de la Generalitat que se da por segura en los próximos años, una coyuntura económica al alza que debería permitir reducir el peso de la deuda y “el extraordinario apoyo” del Gobierno como sostén para cumplir con las obligaciones con sus acreedores. De hecho, la mejora del rating de Cataluña, como en el caso de otros 13 territorios españoles, obedece a una mejora preliminar de la nota de la deuda soberana de España".
"No es difícil entender ese último punto: España lleva años siendo el principal, casi de forma monopolística, banco de la Generalitat a través del FLA. El último informe para inversores internacionales elaborado por el Departamento de Economía que dirige Alícia Romero señalaba que en 2025 el mecanismo de rescate tenía previsto prestar 8.488 millones de euros y que este curso esa cifra ascendería a 8.538 millones. La Generalitat adeuda todavía al Estado más de 75.000 millones de euros de ese fondo de liquidez, casi el doble que su presupuesto anual".
Y: "La relevancia de la mejora en la calificación que ofrecen las casas de rating, además de generar más confianza en la administración, es que permite abaratar los tipos de interés que la Generalitat tiene que pagar. El FLA era una barata fuente de financiación en sus orígenes, con tipos de interés que rondaban el 1% y nunca alcanzaban el 2%".
"Pero a partir de 2022 las tornas cambiaron al son del Banco Central Europeo y el dinero que llega del Estado se ha de devolver desde hace tres años con unos intereses del 3%. De ahí que la Generalitat haya buscado alternativas en el mercado, siempre con la autorización del Ministerio de Hacienda, puesto que beneficiarse del FLA también cuenta con el condicionante de la fiscalización estatal y la falta de autonomía para buscar dinero alternativo".
Más noticias de la administración autonómica. "La Generalitat ahonda la intervención en la vivienda con nuevas regulaciones", destaca un titular de La Vanguardia.
La pieza es de Maite Gutiérrez: "Catalunya aumenta su liderazgo como la comunidad autónoma más intervencionista en el mercado de la vivienda este 2026. El año arranca con importantes novedades en materia habitacional, la mayoría, fruto de los acuerdos de investidura de Salvador Illa con los comunes. La extensión del tope de precios al alquiler de temporada, que acaba de entrar en vigor esta semana, afianza la regulación de las rentas".
"El control rige ya en la práctica totalidad del territorio a través de la declaración de zonas tensionadas, así como en todo tipo de contratos residenciales, independientemente de su duración. No hay ninguna otra comunidad autónoma con una aplicación tan intensa de la ley de Vivienda estatal".
"Ahora, el Govern se dispone a dar un paso más allá con una medida de alto voltaje: la limitación de la compra para invertir. Desde la Generalitat y los partidos de izquierdas lo denominan “compra especulativa”, si bien no han definido exactamente qué supuestos entran en el saco".
"A tenor de lo expuesto hasta la fecha, se trataría de toda aquella compra de vivienda que no corresponda a una primera residencia o que no se destine a un alquiler permanente, con algunas pocas excepciones".
"La Generalitat quiere tener lista una propuesta durante el primer trimestre de este año. El objetivo es desincentivar este tipo de transacciones y lo harán tocando la fiscalidad e introduciendo condiciones a través del urbanismo, según ha avanzado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en una entrevista a la ACN".
"La iniciativa ha puesto en alerta al sector inmobiliario y empresarial, que ve en estas políticas un ataque a la propiedad privada y una socialización de facto. “En la práctica, supone una restricción indirecta del ejercicio de derechos patrimoniales, como el derecho de propiedad o la libertad de disposición de la vivienda, que se ven condicionados por el riesgo sancionador y por la intervención administrativa”, considera Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y jurista".
"En cuanto a la intención de tocar los impuestos para desincentivar la compra para invertir, fiscalistas consultados ven poco margen de maniobra por parte de la Generalitat. Las comunidades autónomas gestionan dos gravámenes en la compraventa de vivienda: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), aplicable a los pisos usados, y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)".
"El Govern ya reformó el primero en verano pasado, fruto de otro pacto con los comunes, para elevar el tipo al 20% en el caso de los grandes tenedores, aquellos con cinco viviendas o más sin contar la de residencia habitual del propietario –para el tope de rentas, sí cuenta el piso donde se vive–".
"De este modo quieren disuadir las adquisiciones para invertir y redirigir el mercado de vivienda a las primeras residencias. Fuentes del sector consideran que el Govern podría volver a reformar este impuesto si quiere frenar la participación de fondos o empresas".
Y: "Catalunya no podría ir mucho más allá de elevar de nuevo los tipos sobre la vivienda usada o crear algún recargo. Un impuesto específico tendría un incierto recorrido legal, porque no se puede gravar dos veces una misma transacción, y reformar el IVA para las viviendas nuevas es competencia estatal".
En El Mundo, por su parte, reparan en que "Puigdemont busca un 'mirlo blanco' para Barcelona tras superarle Orriols: sondea al economista Sala i Martin y al ex consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola".
En el sumario se recoge que "Artur Mas y el fundador de Mediapro, Tatxo Benet, ya rechazaron ser el candidato de Junts a la Alcaldía de la capital catalana".
Escribe Víctor Mondelo: "Carles Puigdemont reactiva la búsqueda de un «mirlo blanco» para convertirlo en el candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona después de comprobar cómo la Aliança Catalana de Sílvia Orriols ya los supera en intención de voto en la capital catalana, según el último barómetro municipal, publicado la pasada semana".
"La pretensión de Puigdemont siempre fue fichar a una figura reconocible de la sociedad civil nacionalista catalana para convertirlo en su cabeza de lista, sin importar que no tuviera el carné de Junts. De ahí, que, tal y como reveló El Mundo, sondeara sin éxito al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, o al fundador del grupo audiovisual Mediapro, Tatxo Benet".
"Estas dos tentativas -realizadas a través del secretario general de Junts, Jordi Turull, y del presidente de la federación barcelonesa del partido, Joan Rodríguez- fracasaron y eso llevó a Puigdemont a decantarse como alcaldable por el vicepresidente y portavoz de la formación neoconvergente, Josep Rius, un hombre de su entera confianza: fue su jefe de gabinete como president y lo acompañó en su fuga al extranjero tras el referéndum ilegal del 1-O".
"Sin embargo, su designación nunca llegó a producirse, al no ser aceptada por el delfín de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona: Jordi Martí, que ejerce como presidente del grupo municipal en el Consistorio tras la retirada de Trias, quien abandonó definitivamente la política después de no conseguir convertirse en alcalde de la Ciudad Condal por segunda vez a pesar de ganar los comicios de 2023 (el escogido fue el socialista Jaume Collboni gracias a los votos del PP y los comunes)".
"Puigdemont quiere evitar a toda costa la celebración de unas elecciones primarias para elegir a su candidato al Ayuntamiento de Barcelona, al considerar que generarían un ruido que desgastaría todavía más la maltrecha imagen del partido, favoreciendo el sorpasso de Aliança".
"Por esta razón, y según confirman a este diario fuentes de Junts, el prófugo se reunió a principios de diciembre con el propio Jordi Martí en Waterloo y alcanzó una entente cordial, según la cual el delfín de Trias no forzará unas primarias si Puigdemont consigue una persona de relevancia y notoriedad como candidato, pero sí lo hará si acaba designando a Josep Rius por falta de alternativas. Testigo de ese pacto fue el presidente de la federación de Barcelona de Junts, Joan Rodríguez, también presente en el encuentro".
Y: "Tras alcanzar ese acuerdo, Puigdemont retomó la búsqueda de su ansiado candidato independiente y, según fuentes de Junts, antes de Navidad contactó con dos perfiles de su gusto: el economista Xavier Sala i Martin y Jaume Guardiola, ex consejero delegado del Banco Sabadell y presidente del Círculo de Economía hasta el pasado año; sin haber recibido por el momento respuesta de ninguno de los dos a su oferta".
Sociedad. "El narcotráfico abarata el mercado negro de armas en Catalunya: una pistola por 500 euros", apunta un titular de El Periódico.
En el sumario se dice que "Hace unos años, este mismo objeto valía entre 3.500 y 4.500 euros".
Escribe Germán González: ""La marihuana ha servido para que ahora haya muchas armas de fuego en la calle". De esta forma el intendente Toni Rodríguez, adjunto a la Prefectura de los Mossos d'Esquadra, alertaba hace unos días sobre el incremento de pistolas, escopetas y hasta armas de guerra en Catalunya como consecuencia de la implantación de narcotraficantes dedicados al cultivo y distribución de la marihuana. Y ello ha comportado un descenso del precio de las armas en el mercado negro".
"En estos momentos es tan fácil conseguir un arma de fuego en Catalunya que su precio ha bajado considerablemente. Por 500 euros se puede comprar una pistola a bandas locales o de países del Este en el mercado negro. Hace poco, esa misma pistola valía entre 3.500 y 4.500 euros, explican a El Periódico fuentes policiales. Por esa cantidad, los delincuentes se hacen con una "arma limpia", es decir, con el número de serie borrado y que no ha sido utilizada en delitos anteriores, según suelen garantizar los vendedores".
Y: "Si se quiere un arma de más potencia y de más precisión, el precio aumenta. En los últimos tiempos, el mercado negro de armas ha aumentado con pistolas o escopetas que han sido inutilizadas pero que gracias al perfeccionamiento de técnicas de arreglo se ponen a disposición de estos grupos criminales. De esta forma, se compran estas armas inútiles, que tienen el cañón o el percutor dañados, y se suelen volver operativas para ser reutilizadas".
5 de enero, Día de la Nata Montada. Santoral: Diosgracias, Simeón el estilita, Juan Nepomuceno Neumann, Eduardo el confesor, Emiliana, Sinclética, Convoion, Gerlaco y Genoveva Torres Morales.