Por primera vez en tres lustros hay un Govern de la Generalitat que se preocupa por las cosas del comer, las que de verdad importan y tienen un impacto en las condiciones de vida. De ahí, por ejemplo, el ambicioso plan de vivienda asequible que lidera el Ejecutivo de Salvador Illa.
Se ha criticado el uso propagandístico de los anuncios sobre vivienda, pero es inevitable. Los pisos públicos habían desaparecido del discurso político desde la última crisis del ladrillo, al final de la primera década del siglo.
Desde entonces, ningún gobierno autonómico o central había reparado en que el acceso a una vivienda se estaba complicando por momentos y por razones como los sueldos bajos, la falta de suelo, la ausencia de promociones y las dificultades burocráticas.
Y es que de ser una competencia supralocal, la vivienda pasó a ser una cuestión municipal, lo que agudizó los problemas del sector. No hay más que recordar la brillante gestión al respecto de Ada Colau, con 31 pisos, ojo al piojo, 31, de protección oficial en dos mandatos. Vaya crack.
La cuestión es que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, impulsa un programa de construcción de vivienda que presenta rasgos alternativos a lo que fue, en su día, la construcción de un parque público de vivienda.
En El Confidencial, Marcos Lamelas firma una amplia información sobre las intenciones del Govern y en materia de vivienda, convertida esta en el principal de sus objetivos de mandato.
De su texto: ""En los próximos años el que no tenga grúas en su ciudad perderá las elecciones", les dijo Salvador Illa a los alcaldes del PSC en una reciente reunión, según explican fuentes del socialismo catalán. El mensaje fue claro. El plan de 50.000 viviendas de la Generalitat es clave para la legislatura".
"En la actualidad la construcción supone el 6% del PIB catalán. Se trata de que pase al 8%. Un giro estructural de la economía catalana impulsado desde el sector público a año y medio de las municipales. Para eso, Illa y su consellera de Territori, Silvia Paneque, quieren cambiar las reglas de juego de la promoción de vivienda de alquiler protegido. Ahora se la juegan en un nuevo concurso público".
"El nuevo concurso es pequeño para la partida del conjunto de la Generalitat. Se trata de 50 solares paquetizados para construir 2.300 viviendas. Eso supone una inversión aproximada de 345 millones de euros. Desde la Generalitat se espera que cuatro fondos inmobiliarios puedan ser adjudicatarios. Todavía quedan tres meses pero será el pistoletazo de salida".
"Este concurso será la prueba del nueve del nuevo modelo con el que Salvador Illa y Silvia Paneque están intentando revolucionar la promoción inmobiliaria y que rompe las reglas que hasta ahora han estado imperando en el sector en España".
"El primer cambio es romper la dinámica de subvencionar la inversión del promotor. Es lo que ha estado haciendo el Gobierno español con la Línea 6 de los fondos Next Generation: 168 millones que se han repartido entre 141 promociones de viviendas de alquiler de protección social y que han servido para hacer 6.000 viviendas".
"Por el contrario, la vía Illa está movilizando un proyecto mucho más ambicioso. Primera regla, ya no se subvenciona al promotor, sino a la renta. Se ha fijado un alquiler por metro cuadrado en 10,65 euros. Y se garantiza a los promotores que durante los 75 años que dure la cesión del derecho de propiedad el inversor percibirá ese dinero más el IPC anual".
Sigue la pieza: "Esa renta la pagarán los inquilinos. En caso de que por nivel de renta no puedan abonar esa cantidad, la Generalitat aportará la diferencia. Pero la ayuda no se abonará a los residentes para evitarles problemas en su declaración del IRPF. El complemento lo percibirá el promotor como parte del concurso, con lo que su rentabilidad está garantizada. Esa rentabilidad no será de dos cifras pero se prolongará durante 75 años y recoge la inflación".
"El precio establecido por la Generalitat es el mismo para toda Cataluña. El dinero se garantizará en los próximos presupuestos de la administración catalana a través de una plurianualidad, es decir, un compromiso de pago a futuro que garantice el proyecto a largo plazo. Así el inversor no pierde en Barcelona y gana de manera razonable cuanto más se aleja del área metropolitana".
"Salvador Illa y su gabinete esperan que su plan de vivienda llegue más lejos que sus mandatos. Que se convierta en una política estructural que sirva para reducir el malestar social que hay en Cataluña, y que es el mismo que hay en el resto de España: que los alquileres son demasiado caros mientras que los salarios siguen siendo demasiado bajos".
"Gran parte del auge de la ultraderecha se basa en dicho malestar. Y la Generalitat y el PSC quieren frenarlo no con discursos, sino con las grúas a las que se refería Illa al principio. Todavía no se podrán entregar los pisos pero habrá una expectativa de mejora".
Y: "Estamos hablando de una fortuna. Para el plan 50.000 viviendas se movilizarán más de 3.000 millones. Pero Illa en un año ya subió la apuesta a 160.000 viviendas, casi el triple. Eso supone lanzar en total una inversión de 9.000 millones de euros. En todos los casos, el origen es el municipalismo: los solares los aportan los ayuntamientos a coste cero, con lo que el suelo ya queda fuera de la ecuación".
Y mientras la Generalitat trata de recuperar un retraso de décadas, "Barcelona aprueba cobrar las sanciones de hasta 900.000 euros a los infractores del 30%", según un titular de La Vanguardia.
Pues una cosa, los planes de la Generalitat, no casa con la otra, las multas a los promotores.
Lo cuenta Guillem Cerdá: "El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la proposición presentada por Barcelona en Comú (BComú) para activar los procedimientos necesarios para cobrar las multas por un valor de 3 millones de euros a los infractores de la reserva del 30% de vivienda protegida, que afloraron con la inspección del año 2022".
"Así, los infractores de la medida del 30% podrán llegar a pagar multas de hasta 900.000 euros. Cabe recordar que la reserva, vigente desde septiembre del 2018, exige destinar el 30% de las nuevas construcciones y de las grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados a vivienda a precio asequible. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSC y ERC, la abstención de Junts y el voto en contra del PP y Vox".
"La portavoz de BComú, Janet Sanz, ha lamentado que, hasta ahora, las sanciones aplicadas eran de apenas 500 euros, al tramitarse por la vía de la legalidad urbanística en lugar de hacerlo mediante la Ley del Derecho a la Vivienda del 2007. Sanz ha criticado que la situación ha permitido que especuladores y rentistas (a los que ha tachado de “gentuza”) encontraran vías para eludir el cumplimiento de la normativa".
Y: "Asimismo, la concejala ha admitido que la aplicación del 30% no ha producido “los resultados esperados” —en siete años solo se han generado 31 nuevas viviendas protegidas— y ha señalado que su implementación “demasiada tardía respecto a otras ciudades europeas” (como Londres o París, que llevaban una década aplicando medidas similares) hizo perder “unas 500 viviendas”. No obstante, Sanz ha sostenido que la regulación contribuye hoy a proteger a más de 60.000 familias frente a la especulación inmobiliaria".
Claro, los números lo aguantan todo. Una regulación que protege 60.000 familias. ¿Y por qué no 75.000 o 90.000? Total, qué más dará. En la época de los Comuns al mando se construyeron en Barcelona 31 viviendas protegidas y aún se creen en condiciones de dar lecciones al respecto. No tienen enmienda.
Más noticias contradictorias. El País entrevista al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien pide a Salvador Illa que salve las centrales nucleares en Cataluña. Recuérdese que los socialistas vienen de votar en el Congreso el cierre de la central extremeña de Almaraz y no les ha importado en absoluto que se vayan a celebrar elecciones autonómicas en Extremadura.
"Josep Sánchez Llibre: “Salvador Illa debe liderar la ampliación de la vida útil de las nucleares en Cataluña”", destaca el titular del diario de Prisa.
Firman la entrega Daniel Toledo Quer y Xavier Pellicer y estas son las preguntas y respuestas más relevantes:
P: Las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs generan el 60% de la electricidad en Cataluña. ¿Cree que los partidos catalanes han estado a la altura en la reciente enmienda parlamentaria del PP que no salió adelante para alargar la vida útil de las plantas?
R: La energía nuclear es de vital importancia para garantizar la transición energética hacia las renovables. Es una energía que no contamina, no emite dióxido de carbono, garantiza el suministro eléctrico y da estabilidad al sistema. Y va a continuar siendo necesaria mientras no haya alternativas para el almacenamiento de las renovables.
Foment del Treball está totalmente de acuerdo en alinearse con la neutralidad climática en 2050, pero la energía nuclear es fundamental para que Cataluña pueda liderar la política económica española. Sin ella, perdería competitividad y productividad y pasaría de ser la locomotora de la economía española a ser el furgón de cola.
P. Si hay consenso en eso, ¿qué pasó en la votación del Congreso la semana pasada?
R: Concurrieron varias circunstancias. Primero, la sobrecarga de responsabilidad y protagonismo político de Junts per Catalunya, que se vio abocado a la abstención cuando tendría que haber emitido un voto afirmativo.
Esquerra Republicana, por cuestiones ideológicas, pasó de la abstención al voto negativo. Y también el PSC votó en contra. Si Cataluña quiere liderar la política económica española, el presidente Salvador Illa tendrá que liderar en su momento la posibilidad de ampliación de la producción nuclear en Cataluña en las centrales de Ascó y de Vandellòs.
P: Entendemos que habla de la vida útil de las centrales…
R: Sí. Tienen muchísima capacidad y muchísimos años para poder continuar produciendo energía nuclear en España. Sin la energía nuclear nos veríamos abocados a un apagón energético muy importante en 2030, con unas consecuencias muy negativas como las que ya vivimos en las finales de abril de 2025. Vamos a ayudar al Gobierno de Cataluña para que haga un cambio ideológico, para que pase de votar que no en el Congreso de los Diputados a votar afirmativamente.
P: ¿Cuál es el alcance de la batalla que se juega Almaraz? ¿Contempla Foment una excepción catalana en el asunto nuclear?
R: No. Somos muy realistas. Si se cierra Almaraz se van a cerrar indiscutiblemente el resto de las centrales españolas, por lo que apoyamos que se prolongue la vida útil de Almaraz. La cuestión está muy bien encarrilada. Dado que los propietarios de la central quieren alargar su vida útil, estamos convencidos de que el Consejo de Seguridad Nacional emitirá un informe que dará la posibilidad al Estado de dar luz verde a ampliar Almaraz. No queremos ningún trato diferenciado desde Cataluña.
P: Cataluña lleva años en el furgón de cola de las renovables. ¿El problema en realidad no es que el 60% del consumo industrial venga de las nucleares?
R: Eso nos da más razones. Si se apagasen las centrales de Ascó y Vandellòs, no tendríamos energía suficiente procedente de las renovables. Ha existido una negligencia de las fuerzas políticas que han gobernado Cataluña en estos últimos diez años, que han imposibilitado que las renovables pudieran tener una presencia de 50% o el 60%, como en otras comunidades autónomas.
P: ¿Hay otros factores que están determinando las posiciones de los partidos independentistas, por ejemplo la amnistía en el caso de Junts, que pueden ir pasando a otro plano cuando llegue el fin de la vida útil de las nucleares?
R: En el caso de Junts, hay una sobrecarga de protagonismo político. No puede ser que Junts lo vaya a resolver absolutamente todo en España. Esto es imposible y lo entendemos. Creo que en un futuro inmediato esto se va a resolver. En el caso de Esquerra ha sido la sobrecarga ideológica y, al mismo tiempo, el Gobierno de Cataluña y el liderazgo de Salvador Illa no han estado a la altura de las circunstancias, porque si quiere liderar desde Cataluña la política económica española, sin la nuclear no lo va a conseguir.
Política pura y dura. "Nueva crisis en ERC: dimite más de la mitad de la dirección en Barcelona por discrepancias con su presidenta", señala un titular de El Periódico.
La información viene con las firmas de Júlia Regué y Quim Bertomeu: "La federación de ERC en Barcelona se sume en una nueva crisis interna después de que más de la mitad de los miembros de la dirección permanente hayan presentado su dimisión".
"Hasta ocho representantes de la cúpula han decidido abandonar sus cargos, incluidos nombres clave como Miquel Colomé, el secretario general, y figuras de peso como Quim Bosch, Nil Font, Agnès Russiñol, Rosa Suriñach, Sheila Vidal y Max Zañartu por discrepancias con Creu Camacho, la presidenta. Unas horas más tarde se ha sumado al goteo de ceses Esther Martín, como ha avanzado la ACN y ha confirmado El Periódico".
"El partido se ve obligado ahora a celebrar un congreso extraordinario en la federación que, tal como marca el reglamento interno del partido, debe convocarse en un mes. Pese a esto, fuentes de la dirección recalcan que "todo sigue operativo" porque la organización debe garantizar su funcionamiento, dentro de la provisionalidad, hasta que se elija una nueva dirección".
"Las dimisiones están ligadas a importantes discrepancias internas, según apuntan fuentes del partido a este diario. Camacho, la candidata del sector crítico a la dirección de ERC que encabeza Oriol Junqueras, dio la sorpresa y ganó las elecciones internas el 26 de abril con un 49,6% de los votos, por delante del 47,5% cosechado por la aspirante considerada oficialista, Eva Baró. 14 votos distanciaron a una lista de la otra".
"Pero el resultado convirtió a esta federación en la única en la que los rivales de Junqueras -organizados bajo las siglas de Foc Nou y de Nova Esquerra Nacional- lograron imponerse, ya que el presidente del partido se hizo con el resto del mapa territorial en la disputa que desató su victoria el 14 de diciembre en el congreso nacional".
"Pero fuentes del partido apuntan que, pese a que Camacho representaba a los críticos con Junqueras, se ha ido acercando a las tesis de la dirección de la calle de Calàbria y especialmente a Elisenda Alamany, que ejerce como secretaria general, es concejal del Ayuntamiento de Barcelona y forma parte de la federación barcelonesa, lo que ha provocado un profundo malestar que se ha canalizado con esta rebelión interna".
"En una carta, los dirigentes que han dimitido recalcan que Camacho "ha optado por sacar adelante un proyecto propio, tomando decisiones de forma unilateral, a veces sin contar con el resto de la permanente e incluso contradiciendo acuerdos a los que se había llegado"".
"La presidenta se ha defendido en otra misiva, en la que sostiene que "las dinámicas propias de otros tiempos de conflicto constante entre las corrientes internas que tanto han debilitado la imagen [del partido], no son el camino para ERC" y que cabe "superar viejas discrepancias y mirar al futuro con unidad y ambición".
Y: "Fuentes próximas a los dimisionarios esgrimen que el proyecto de Camacho se fue volviendo “presidencialista”, convirtiendo a ERC de Barcelona en una “gestoría” que solo “asentía” lo que les dictaba el grupo municipal y la dirección del partido de Junqueras".
22 de noviembre, Día Internacional del Músico. Santoral: Cecilia de Roma, Mauro mártir, Miguel de Tver, Pedro Esqueda Martínez, Pragmacio, Benigno de Milán, Ananías, Apia, Apfías, Rogerio monje y Filemón.