Junts y ERC no dejarán caer al presidente del Gobierno y líder del PSOE. Pedro Sánchez salió reforzado de la bronca sesión de ayer en el Congreso de los Diputados. Ya no queda margen para la urbanidad entre el Gobierno y la oposición y entre la oposición y los aliados del Ejecutivo.
Puentes rotos y naves quemadas. Lo que resta de legislatura, poco más de la mitad, promete emociones fuertes y plenos con el cuchillo entre los dientes. No hay margen para el entendimiento si es que alguna vez lo hubo. La diferencia es que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se dijeron ayer en público y a la cara cosas muy feas sobre traficantes de droga y lupanares.
Todo ese mal rollo del "Procés", la inquina, los desplantes, desprecios y desafueros, el ir a saco, sin cuartel y sin hacer enemigos se ha trasladado del parque de la Ciutadella a la carrera de San Jerónimo de Madrid, donde está sita la cámara baja.
Los medios coinciden en afirmar que Sánchez salió con mejor aspecto de la tunda en el Congreso que del comité ejecutivo de su propio partido. Todo pasa y los duelos políticos son más cortos que los de la vida. Prueba superada.
Mientras tanto y en este remanso de paz que empieza a parecerse al antiguo oasis, el Govern pretende cambiar de arriba a abajo todo un sistema burocrático de siglos encarnado en la máxima del "vuelva usted mañana".
"La nueva administración catalana: fin a la cita previa obligatoria, derecho a equivocarse y lenguaje llano", destaca un titular de El País.
En el sumario se asegura que "La Generalitat, con el apoyo de ERC y Comuns, impulsa una profunda remodelación del sistema a partir de setiembre que facilite la relación con los ciudadanos".
Escribe Bernat Coll: "Fin de la cita previa, lenguaje comprensible, derecho a rectificar y funcionarios proactivos. La Generalitat de Cataluña avanza en su profunda reforma de la administración, uno de los objetivos del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, a su llegada al cargo".
"El político socialista ha presentado este miércoles el plan del Ejecutivo para facilitar la relación entre los ciudadanos y la administración, que cuenta con el apoyo de ERC y Comuns en el Parlament. La intención del Ejecutivo es aprobar los cambios legislativos a partir de septiembre a través de una proposición de ley".
"“Nuestra administración debe transformarse para que contribuya a hacer la vida fácil a los ciudadanos”, ha justificado Dalmau en la presentación, celebrada en el Palau de la Generalitat. “Era la reforma o el colapso”, ha sintetizado".
"La principal novedad es la introducción del “derecho al error” de los ciudadanos. La Administración pretende crear mecanismos para evitar sanciones derivadas de errores materiales o formales cometidos de forma no fraudulenta".
"Hasta la fecha, sólo la Administración tenía potestad de rectificar sus errores, pero esta posibilidad no se reconocía a los ciudadanos. La reforma pretende que los ciudadanos puedan rectificar sus trámites sin tener que empezar de cero. “La relación de la Administración y los ciudadanos debe basarse en el principio de confianza, no al revés”, ha reivindicado Dalmau".
Continúa la nota: "También se aspira a acabar con la llamada burocracia defensiva, la actitud de los empleados públicos de inhibirse en aquellos casos de duda. Los funcionarios solo serán responsables por acciones u omisiones realizadas con culpa o negligencia grave. “El error cometido por un empleado público que ha actuado con la debida diligencia, de buena fe y sin fraude no constituirá un supuesto de culpa grave”, plantea Presidencia".
"En esta misma línea, la proposición pretende evitar casos como los que llevaron a la Generalitat a reclamar en octubre de 2024 a 9.500 familias las prestaciones sociales (ascendían a unos 7.500 euros de media) tras un error de la propia Administración".
"A partir de la aprobación de la ley, las personas “no deben resultar perjudicadas por errores administrativos” en la cobertura de necesidades esenciales. El Govern entiende que de esta forma se evita perjudicar a los “colectivos vulnerables”".
"La propuesta incorpora la prohibición expresa de imponer la cita previa como requisito obligatorio para acceder presencialmente a la Administración. La Generalitat defiende que la cita previa solo puede utilizarse para mejorar la eficiencia y la atención a las personas, pero nunca como un requisito".
Y: "“Queremos proteger a los colectivos vulnerables y a los afectados por la brecha digital”, defiende el Departamento. La cita previa obligatoria fue una medida asumida durante la crisis del coronavirus para evitar aglomeraciones y las administraciones han ido recuperando la libre presencialidad una vez la covid quedó atrás".
Prueba de la buena fe administrativa es que "La Generalitat dejará de reclamar ayudas públicas concedidas por error tras la crisis con los jóvenes ex tutelados a los que pide hasta 42.000 euros", según titula El Mundo.
En el sumario se indica que "PSC, ERC y Comuns pactan un cambio en la ley de la Administración para evitar casos como el de las prestaciones que el Govern quería recuperar".
El texto es de Gerard Melgar: "El Gobierno catalán da marcha atrás. "Lo que no tiene nombre es que, fruto de un error de la Administración, reclamemos recursos que no tiene a una persona en situación de vulnerabilidad", ha reconocido hoy el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat".
"La decisión llega pocos días después del envío genérico de notificaciones a más de un centenar jóvenes ex tutelados, como mínimo, para iniciar un proceso de reintegro de las prestaciones recibidas para su emancipación al dejar de estar bajo guarda de la Generalitat".
"El Mundo ha publicado el testimonio de varios de estos jóvenes, obligados a presentar nuevamente un gran cantidad de documentación que acredite que las ayudas públicas que recibieron a partir de los 18 años no fueron otorgadas "indebidamente". En algunos casos, este inicio de proceso para reclamar la devolución pide el reintegro de 42.000 euros".
"Dalmau ha presentado una proposición de ley pactada por el Govern del PSC con sus socios de investidura, Esquerra Republicana y Comuns, con los que suma mayoría absoluta en el Parlament (68 diputados), para modificar la ley que regula el funcionamiento de las Administraciones públicas".
Y: "En el nuevo texto, registrado esta mañana en la Cámara autonómica por los tres partidos, además de varias medidas para reducir burocracia y agilizar los trámites (como la prohibición de la cita previa obligatoria como único método de atención al ciudadano), sobresale el reconocimiento del "derecho de las personas a no resultar perjudicadas por errores administrativos o malas prácticas en la gestión pública, concretamente en relación a prestaciones vinculadas a la cobertura de necesidades esenciales de subsistencia".
Párrafos después Melgar explica que "hace una semana, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico) ya había alzado la voz contra el envío masivo de notificaciones por parte de la Generalitat avisando de la posible orden de reintegro a los jóvenes, en muchos casos con escasa base indiciaria".
Y: "La institución encabezada por la síndica Esther Giménez-Salinas dio un toque de atención al Govern de Salvador Illa y señaló la similitud de este episodio con el caso que llevó a condonar, a finales de 2024, el reembolso del importe de la renta garantizada de ciudadanía".
Más noticias. Se acerca la fecha de la bilateral de Economía entre el Gobierno y el Govern fijada para el próximo lunes, 14 de julio.
Comienzan a trascender los detalles. "El Gobierno pacta con la Generalitat que Catalunya recaude todos los impuestos de forma gradual", destaca al respecto El Diario.
En el subtítulo se indica que "El PSOE y ERC presentarán una proposición de ley para delegar a la Agència Tributària de Catalunya el cobro de un primer paquete de impuestos, entre los que prevén incluir el IRPF o el IVA de las pymes".
Escriben Serafí del Arco y Arturo Puente: "El Gobierno asume que la Generalitat recaudará todos los impuestos que se generan en Catalunya y que el Estado se quedará con una parte a través de un porcentaje de participación en dichos tributos".
"Este es, según ha podido saber elDiario.es, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el nuevo modelo de financiación singular de Catalunya, cuyos últimos flecos están terminando de perfilar esta semana ambas administraciones para presentarlo el próximo lunes en la comisión bilateral Estado-Generalitat, que se celebrará en el Palau de la Generalitat".
"El acuerdo, que será “de calado”, según fuentes de ambos gobiernos, contempla otros dos aspectos relevantes. En primer lugar, que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) será quien gestione, recaude y obtenga todos los impuestos y que este traspaso se llevará a cabo de forma gradual".
"Se empezará, como ya estaba previsto y anunciado hace un año, por el IRPF en 2026, los expertos consideran que es el impuesto más territorializable y más vinculado a la capacidad fiscal, al que se le sumarán otras figuras tributarias menores".
"El segundo es que se respetará lo que los técnicos llaman el principio de ordinalidad. Es decir, que una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial (solidaridad), el volumen de recursos per cápita de las comunidades más ricas no puede quedar por debajo del de las más pobres, como ocurre hoy, no sólo con Catalunya, y dejar, en cambio, comunidades sobrefinanciadas (como Cantabria, Extremadura, La Rioja, Asturias o Galicia). La ordinalidad es una línea roja para Catalunya".
"El acuerdo que ambos gobiernos firmen en la comisión bilateral del próximo lunes tendrá una materialización inmediata en la proposición de ley que PSOE y ERC pretenden registrar en los próximos días en el Congreso".
"En ella ambos partidos introducirán una serie de cambios legislativos, entre ellos un retoque de la ley orgánica de financiación (LOFCA), que permitirá que el Estado delegue en la Agència Tributària catalana la recaudación del IRPF y otros impuestos menores, como el de matriculación o el IVA de las pequeñas y medianas empresas (pymes)".
Y: "Esta primera reforma legislativa para la delegación de la recaudación será el rompehielos para el resto de modificaciones legales que deben llegar más adelante y probará hasta qué punto hay mayoría en el Congreso para avalar el proyecto pactado entre Hacienda, el Govern y ERC".
Más madera. El activismo lingüístico no baja la guardia ni en verano. "'Comandos lingüísticos' amenazan a locales de Cataluña si no rotulan en catalán", apunta El Confidencial.
La información es de Antonio Fernández: "Una especie de 'comandos ciudadanos independentistas' visitan comercios de esta comunidad estos días para informar a sus propietarios de que, tanto los rótulos de los establecimientos como el servicio a los clientes, han de ser en catalán".
"No se trata de funcionarios o de agentes de la Administración, sino de particulares dirigidos por la Plataforma per la Llengua, la conocida ONG del catalán. Es la misma que, en tiempos de JxCat, y con Quim Torra como president, obtuvo permiso de la Generalitat para infiltrar ‘espías’ en los colegios para ver en qué idioma hablaban los niños durante el recreo y establecer luego mecanismos para obligarles a hablar en catalán".
"Ahora quieren hacer lo mismo, pero en la sociedad civil. Para ello, la Plataforma, juntamente con la Fundació Vincle, abrió una web llamada ‘el català és negoci’ (accesible sólo en catalán e inglés), que apoya la Generalitat de Cataluña, según la plataforma. A partir de ahí, ha creado comandos de activistas para presionar a los comerciantes catalanes".
Sigue la pieza: "“Una comitiva de 18 voluntarios hemos efectuado una ronda lingüística en 129 comercios de Granollers. Desde la Plataforma, hemos documentado los usos, les hemos explicado la normativa y les hemos advertido de las infracciones, si había”, admitió este lunes un destacado activista de la entidad. Para la acción, contó con el apoyo del comité local de la Asamblea Nacional Catalana (ANC)".
"No es la primera vez. Hace poco más de un mes, una docena de voluntarios se dedicaron a visitar casi un centenar de establecimientos del barrio de Sants de Barcelona como un ensayo de la cruzada intensa que vendrá para imponer el catalán durante los próximos meses. Para ello, disponen de un diseño de “ejes estratégicos” de localidades en los que actuar".
"Para intentar doblegar a los comercios entregan un díptico que tiene, por un lado, los “deberes de las empresas y los comercios”. Por el otro, las “Obligaciones específicas de bares, restaurantes y cafeterías”, advirtiendo que han de tener como mínimo en catalán las cartas y los menús, las facturas, los tickets de caja y cualquier otro documento comercial. También han de ser en catalán la información de carácter fijo, como carteles, ofertas del día y rótulos, tanto dentro como fuera del establecimiento".
Y: "“El incumplimiento de estos deberes lingüísticos comporta multas administrativas de hasta 10.000 euros. En caso de reiteración, pueden llegar hasta los 100.000 euros”. El papel con los deberes lleva el logotipo de la Plataforma per la Llengua y de la Generalitat de Cataluña".
10 de julio, santoral: Cristóbal de Licia, patrón de caminantes y conductores. Bianor y Silvano de Pisidia, Amalberga de Tamise, Apolonio de Sardes, Pascario de Nantes y Pedro Vincioli.