Junts la lía con la amnistía y ataques a los jueces

Los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados votaron en contra ayer de la ley de amnistía. De modo y efecto que los beneficiarios de la proposición la tumbaron por un quítame allá un par de enmiendas. Y eso que hace un mes, antes de que arrancara el trámite parlamentario, dijo Jordi Turull, secretario general de JxCat, que no iban a presentar enmiendas porque la ley era tan buenísima como inmejorable. En ERC no se lo explican y en el Gobierno no se lo pueden creer.

Parece una de esas historias que comienzan con un "sujétame el cubata". Primero había que hacer mención al terrorismo. Luego no. Después había que incluir el tema de la traición y todo ello con un ojo y media oreja puesta en las resoluciones judiciales sobre el Tsunami y la trama rusa. Al final, el asunto ha acabado como el rosario de la aurora, dicho relativo a que los vecinos arrojaban orines a los fieles que interrumpían el descanso nocturno con sus plegarias.

La negativa de Junts a aprobar la ley de amnistía abre una fase incierta, más aún que la pasada, con la propia amnistía sujeta a una nueva negociación, los presupuestos en el aire y la legislatura empantanada. "PSOE y Junts se fuerzan a otro mes de negociaciones para salvar la amnistía", advierte La Vanguardia. El texto es de Juan Carlos Merino: "Pedro Sánchez puso este martes pie en pared y no sucumbió a la presión de Junts. “Lo que es inconstitucional es inconstitucional”, zanjaron en el Gobierno. Pero la formación de Carles Puigdemont tampoco dio su brazo a torcer y cumplió su amenaza de votar contra la proposición de ley de Amnistía impulsada por el PSOE.

El resultado final fue un jarro de agua fría para el Ejecutivo, al ver demorada la tramitación de la norma clave para la investidura, lo que, además, puede complicar la aprobación de los primeros presupuestos generales del mandato e, incluso, el curso de esta convulsa legislatura recién nacida. Pese a las negociaciones de última hora, la falta de acuerdo final entre el PSOE y Junts –pese a que “el clima no es bronco” entre ambos grupos, admiten los socialistas– provocó que la tramitación de la ley de Amnistía se frenara este martes en seco en el pleno del Congreso y pusiera la marcha atrás. La iniciativa legislativa vuelve así a la pantalla que ya superó la semana pasada en la comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde ahora volverá a negociarse durante un plazo máximo de un mes".

Líneas después destaca Merino que "en el Gobierno afirman tajantes que no tienen margen para asumir la demanda de máximos de Junts, pero confían en que la formación de Puigdemont cambie de posición para poder salvar la ley. Y, aunque admiten que los presupuestos se pueden complicar, aseguran que Sánchez está absolutamente determinado a mantener la legislatura a flote. En Junts, por su parte, instan al PSOE a “recapacitar”. Nada es imposible, pero todo es más complicado".

En la crónica de El País se subraya que "La Moncloa expresó su malestar con lo que entiende un desafío de Junts contra el presidente. "No está en riesgo la legislatura, lo que está en riesgo si acaso es la amnistía", rematan fuentes del Gobierno".

El tropezón tendrá consecuencias. Se puede deducir sólo con mirar el calendario. "El retraso de la ley implica que la amnistía se aprobará con la Eurocámara cerrada y la Comisión en funciones", señala Vozpópuli. La pieza viene con la firma de Jorge Sáinz: "El retraso en su tramitación por la negativa de Carles Puigdemont a apoyar el texto ha abierto dos nuevos escenarios. Por un lado, el PSOE busca aire para la campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero. Y, por otro, supone que la ley se aprobará con la Eurocámara cerrada y la Comisión Europea en funciones. Fuentes parlamentarias explican a Vozpópuli que el de los plazos es un asunto que preocupa al PP, consciente de que la actual Comisión Europea se ha mostrado extraordinariamente reticente a este proyecto de Pedro Sánchez. Por eso, si la ley se aprueba estando los comisarios en funciones "poco o nada" podrán hacer, según admiten estas fuentes. (...) Más allá del impacto de esta derrota del PSOE para la legislatura, los plazos de aprobación se van alargando. Y lo más probable es que la norma quede ratificada con las instituciones europeas en modo electoral. Los comisarios se quedarían, por tanto, sin margen de maniobra para cuestionar la legislación de un Estado".

Sigue la nota: "El último pleno del Parlamento Europeo está previsto para la semana del 22 al 25 de abril. Las elecciones europeas se celebran entre el 6 y el 9 de junio en todos los países de la Unión. En España serán el 9 de junio. Es prácticamente imposible que las Cortes Generales den el visto bueno a la ley de amnistía antes de esa fecha. A la nueva negociación entre el PSOE y Junts -que las urnas gallegas van a congelar- y la necesidad de convocar otro pleno, se une el paso obligatorio de la ley por el Senado.

El PP controla la Cámara Alta con mayoría absoluta y ha modificado el reglamento para estirar la tramitación de la ley al menos dos meses. Si el Senado la rechaza, como así será, todavía debe volver al Congreso para una votación más".

Y: "El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dado varios avisos al Gobierno de Sánchez por esta ley. Pero su postura oficial en este momento es la de no pronunciarse hasta conocer el texto definitivo. Puede, explican estas fuentes, que esto suceda cuando Reynders esté en funciones y sin capacidad de actuar hasta que se articule una nueva mayoría en el Parlamento europeo. El comisario ha aceptado además la misión de mediar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe su mandato. La primera reunión será este miércoles".

En el plano interior, El Nacional comenta el nuevo recorrido de la ley de amnistía. La nota es de Martí Odriozola i Marcé y arranca así: "La ley de amnistía continúa en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya se ha opuesto a validar el texto tal como está ahora porque considera que “tiene agujeros por los cuales la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado” y su negativa devuelve la proposición de ley una fase atrás en la tramitación parlamentaria. La Comisión de Justicia tendrá que volver a estudiar el redactado y tendrá más tiempo para pronunciarse de nuevo. Hay un precedente de una situación como esta: en 1997 con una reforma de la ley del poder judicial".

Continúa el texto: "Ahora se trabajará sobre el dictamen que aprobó la comisión justo el martes pasado y continúan vivas las enmiendas en solitario de Junts y ERC y las transaccionales entre Junts y ERC y entre Junts y el PNV que se han votado en el pleno. Igualmente, si los grupos parlamentarios llegan a otros acuerdos, podrán presentar nuevas enmiendas transaccionales. El primer interrogante aparece hablando del margen que hay para negociar. En principio, el Reglamento del Congreso fija un plazo de un mes para que la comisión se pronuncie, pero como la ley se está tramitando por el procedimiento de urgencia, fuentes de Junts y del PSOE apuntaban que este tiempo se reduciría a la mitad y quedaría en quince días. Sin embargo, fuentes próximas a la presidencia del Congreso indican que es una decisión que tendrá que resolver la mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría. No hay que olvidar que si el plazo queda en quince días, se agotará en plena campaña electoral de las elecciones gallegas".

Y: "Sean quince días o un mes, en caso de que la Comisión de Justicia apruebe un nuevo dictamen, la amnistía volverá por cuarta vez al pleno del Congreso, que tendrá que debatirla de nuevo. Igual que este martes, requerirá la mayoría absoluta para recibir la luz verde y poderse remitirse al Senado para continuar la tramitación parlamentaria. La amnistía hibernará durante dos meses en la cámara alta, donde el PP ya ha asegurado que utilizará todos los medios a su alcance para retenerla y cuestionarla. El Senado rechazará la amnistía de arriba abajo y, finalmente, el Congreso le pondrá el sello definitivo".

Vale. La amnistía vuelve a la casilla de salida. La espadas siguen en alto y todo eso. Y sigue la guerra del poder legislativo contra el poder judicial. Así lo constata El Mundo: "Los 12 ataques contra los jueces "prevaricadores" y "franquistas" de los socios de Sánchez en el Congreso". Se trata del repaso que sus señorías les dieron ayer a algunos jueces en particular y a todo el estamento en general. "Sumar, Junts y Podemos criticaron a los magistrados García-Castellón, Aguirre y Marchena y ERC y Bildu lo hicieron de forma genérica", abunda el sumario de la recopilación, que viene con las firmas de Marta Belver, P. H. Matellano y Álvaro Carvajal: "Hasta en 12 ocasiones los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, incluido Sumar -con quien comparte el Gobierno de coalición-, pronunciaron ayer los nombres de los jueces Manuel García-Castellón, Joaquín Aguirre y Manuel Marchena durante el debate de la Ley de Amnistía.

Lo hicieron para censurar con dureza desde la tribuna de oradores las actuaciones de los tres magistrados vinculados a los distintos procesos judiciales relacionados con el 1-O, llegándolos a acusar de haber incurrido en «prevaricación» sin que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, reconviniera en ningún momento a los diputados encargados de poner voz a estas críticas. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, hizo cuatro menciones ofensivas a Aguirre, dos a García-Castellón y una de Marchena; Martina Velarde (Podemos), señaló tres veces a García-Castellón, de manera explícita, centrando en él toda su intervención, y Gerardo Pisarello (Sumar) también dedicó el discurso al «juez de la Audiencia Nacional amigo de Aznar», al que citó además dos veces de manera expresa. Contra ese aluvión, el portavoz del PSOE en el debate, Francisco Aranda, hizo una defensa tibia, apenas un reproche porque se usaban nombres propios".

Sigue la nota: "Ante la batería de insultos a los jueces, y horas antes de acudir a Bruselas a una cita con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, tuvo que intervenir Félix Bolaños, a la conclusión del debate. El ministro de la Presidencia y Justicia quiso mostrar de forma «nítida» su «rechazo absoluto» a dichas declaraciones. «España es un Estado de Derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor. Y, por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones, para eso el propio Estado de Derecho da herramientas y recursos para poder impugnar esas decisiones», agregó. Fuentes de la cúpula del PSOE habían trasladado este lunes su propia crítica al afirmar que cada vez que el Congreso da un paso más para borrar los delitos de los encausados por el 1-O, un magistrado «mueve ficha» para tratar de boicotearlo. En público, sin embargo, ayer evitaron insistir en esa tesis, que hizo suya Sumar".

Los operativos judiciales tienen soliviantada a la clase política. Y algo más que soliviantada si se atiende a este titular de El Confidencial: "Un diputado de ERC en el Parlament se refugia en Suiza ante la presión judicial por Tsunami". Se trata de Ruben Wagensberg. La noticia es de Marcos Lamelas y este es su primer párrafo: "El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg se ha refugiado en Suiza ante la presión judicial del caso Tsunami Democràtic, según han confirmado fuentes cercanas a la formación. Wagensber está encausado por ser uno de los principales organizadores de la aplicación móvil Tsunami, que de forma anónima dirigió la protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo por el procés. De manera oficial está de baja médica y no aparece por la Cámara catalana desde el pasado 23 de diciembre, durante el último pleno, en el que participó".

A todas estas, el Govern decretará el estado de emergencia por sequía en doscientos municipios a partir de mañana jueves.

31 de enero, santoral: Juan Bosco, Marcela, Francisco Xavier María Bianchi, Geminiano y Metrano.