El catalán se encalla en la UE y Simó evita la autocrítica

La proposición de ley de la amnistía comienza este martes su tramitación urgente en el Congreso de los Diputados. Como en los partidos de fútbol de cierto relieve, los medios trazan la previa de una sesión en la que no estará presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero en la que sí intervendrá Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición que pretende dar lustre con sus palabras al debate sobre la medida favorable a los independentistas.

En paralelo, se celebra el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. El Ejecutivo ha retirado del orden del día la votación sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco, que requiere de la unanimidad de los 27 Estados miembros de la UE para salir adelante. El asunto, una promesa del PSOE a Junts, se ha encallado, pero no es previsible que los de Puigdemont vayan a romper la alianza cuando la ley de amnistía empieza su recorrido en la Cámara Baja. Hasta el propio expresidente de la Generalitat huido en Bélgica es consciente de que las cosas en palacio van despacio.

Y más despacio aún en ese templo de la burocracia llamado Europa. Las previas de ambas cuestiones comparten espacio con la presentación del libro Tierra Firme, volumen escrito por Irene Lozano en el que Pedro Sánchez desgrana sus impresiones sobre esto y aquello, aunque no sale la cuestión de la amnistía. La perspectiva crítica de la sesión en el Congreso viene de la mano de Fernando Garea en El Español, que titula así su crónica: "Sánchez empezará a pagar hoy la investidura con la amnistía y las comisiones que apuntan a los jueces". De su texto: "Pedro Sánchez dará hoy un paso decisivo en el Congreso para seguir cumpliendo su pacto con los partidos independentistas, especialmente a Junts, y seguir pagando el precio de la investidura y del arranque de la legislatura. En concreto, el Pleno del Congreso admitirá a trámite la proposición de Ley de Amnistía, para su trámite urgente y, además, aprobará la constitución de tres comisiones parlamentarias de investigación que afectan a los aparatos de seguridad del Estado. De esta forma, las tres primeras votaciones del Congreso habrán sido para cumplir los actos con ERC y Junts. Primero fue la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales y hoy la amnistía y las comisiones de investigación".

Sigue Garea: "En las tres votaciones, el PSOE cuenta con los 178 votos del bloque que ha permitido a Sánchez volver a ser presidente. Son todos los partidos salvo PP, Vox y UPN. Coalición Canaria votó la investidura, pero rechaza la amnistía. Hoy no está previsto que esté Sánchez en el hemiciclo, ni tienen que estar los miembros del Gobierno, que no suelen intervenir en los debates de proposiciones de ley. Sí intervendría Alberto Núñez Feijóo en el debate sobre la amnistía, para dar más empaque al debate sobre el asunto en el que ha basado hasta ahora el PP toda su estrategia de oposición. Se prevé un debate bronco, como ha sido hasta ahora cualquier asomo de discusión sobre este asunto en la Cámara. El PSOE va cargado del argumentario sobre la extrema derecha y sus vinculaciones con Vox. Y Santiago Abascal se lo ha puesto fácil en las últimas horas al asegurar que llegará un momento en que “el pueblo querrá colgar de los pies” a Sánchez".

Y: "El siguiente trámite de la ley será la fase de enmiendas en la comisión constitucional, que deberá sustanciarse en una semana para que la proposición de ley salga del Congreso hacia el Senado antes de final de año. Su aprobación definitiva podría retrasarse hasta el mes de marzo, como mínimo. ERC quiere incluir enmiendas técnicas a la proposición de ley y Moncloa inste en que no habrá ningún cambio “sustancial”".

En relación a esos hipotéticos cambios, El Mundo avanza que "Junts trabaja ya con una enmienda para ampliar la amnistía a 'víctimas de montajes policiales'". La pieza viene con la firma de Esteban Urreiztieta: "Junts per Catalunya trabaja con un texto mediante el que se ampliaría la Ley de Amnistía a «víctimas de montajes policiales y parapoliciales». El equipo del ex presidente catalán Carles Puigdemont tiene en su poder en estos momentos un largo párrafo concebido para ampliar el artículo primero de la ley, que establece el «ámbito objetivo» de aplicación de la misma. Este nuevo apartado ha sido confeccionado durante las últimas semanas contando con el asesoramiento de un reputado abogado penalista catalán y especifica que deben ser incluidas también como beneficiarias de la amnistía todas aquellas personas «vinculadas al nacionalismo» a las que el Estado haya investigado ilegalmente con el objetivo de «criminalizarlas».

Según ha podido saber El Mundo a través de varias fuentes que han participado en su elaboración y lo han analizado, el nuevo párrafo está concebido para ampliar el perímetro de la ley, tal y como han venido reclamando durante los últimos meses personas del entorno profesional o político de Puigdemont y podría beneficiar, entre otros, a los implicados en el denominado caso Voloh o a los miembros de la familia Pujol en su conjunto". Y: "A la vista del contenido del nuevo apartado, que podría ser incorporado a la ley en el trámite de enmienda a petición de los independentistas, hay una facción de Junts per Catalunya que es partidaria de su inclusión. En la misma están integrados algunos de los representantes históricos de la antigua Convergencia i Unió. No obstante, no existe unanimidad en el equipo de Puigdemont sobre este asunto y hay otras facciones que consideran que incluir este nuevo apartado podría poner en riesgo la ley en su conjunto ante el Tribunal Constitucional.

Tal y como añaden a este periódico fuentes que están interviniendo en el debate interno, la idea del nuevo texto ha sido trasladada al equipo negociador del PSOE por parte de los miembros de Junts que lo ven con buenos ojos. Sin embargo, el partido de Pedro Sánchez se ha mostrado contrario a su incorporación". En cuanto a las comisiones de investigación, destaca la información sobre el propósito del Gobierno de desclasificar algunos de los documentos relativos a los seguimientos con el software Pegasus a algunos dirigentes independentistas.

En El Confidencial titulan así la cuestión: "El Gobierno ofrece la mano en el caso Pegasus, pero ERC quiere el brazo entero". En el sumario se añade que "Aunque los ministerios de Defensa e Interior han abierto la puerta a levantar el secreto, no se aceptará el acceso a todos los documentos y datos que quiere Esquerra Republicana". Escribe Beatriz Parera: "El aplazamiento forzado de la declaración como imputada de la exdirectora del CNI Paz Esteban ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha removido las aguas del caso Pegasus, pero no tanto como busca ERC. La antigua responsable del centro debía declarar como investigada tras la admisión a trámite de una querella presentada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Una cascada de recursos en los que se señalaba que está obligada a guardar reserva hasta que el Ejecutivo no desclasifique la información que maneja ha provocado el aplazamiento de su comparecencia y ha generado que los ministerios de Defensa e Interior abran la puerta a levantar, en parte, el secreto. No se aceptará, sin embargo, el acceso a todos los datos que quiere Esquerra".

Líneas después, Parera apunta que "Respecto a la autorización judicial de la intervención, el juzgado se dirigía al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, responsable del control judicial del CNI, para que confirmara si había autorizado el uso del software de intervención de las comunicaciones y la intimidad de Aragonès. "Caso afirmativo, que remita testimonio de las resoluciones judiciales por las cuales se ha autorizado la injerencia", agregaba. El magistrado está obligado por ley a guardar secreto de sus actuaciones". Y: "El problema es que la cumplimentación de la recopilación de esos indicios requiere el visto bueno del Consejo de Ministros. Y el Gobierno está dispuesto a dar la mano, pero se niega a que ERC le agarre el brazo entero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó caer este lunes que el Gobierno desclasificará algunos informes siempre que "se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley". Defensa cree "bastante probable" que el Ejecutivo acceda a desclasificar algunos extremos del caso. De momento, lo único para lo que se tiene visto bueno es para entregar aquello que demuestra que las escuchas tuvieron el visto bueno judicial y se realizaron en pleno cumplimiento de la legalidad. Muy lejos de lo que busca ERC".

En cuanto a la oficialidad del catalán, El Nacional destaca el asunto con el siguiente titular: "El Gobierno tira la toalla y no incluye la votación sobre el catalán en el Consejo de la UE". El texto es de Abel Degà: "El Gobierno no llevará al próximo Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea la votación sobre la oficialidad del catalán. Así lo confirman a ElNacional.cat fuentes del Ministerio de Exteriores, que argumentan que desde el departamento liderado por el ministro José Manuel Albares nunca dieron por hecho que eso se acabara votando este martes, día 12 de diciembre. "Los informes llevan tiempo, como hemos dicho desde el primer día", señalan. La reunión de este martes, sin embargo, es la última que se celebrará durante la presidencia rotatoria de la UE en manos de España". Continúa la pieza: "Así pues, tal como ha avanzado el periódico Ara, el Gobierno ha rechazado llevar la votación de esta cuestión a la reunión del Consejo de Asuntos Generales de este martes. Ahora bien, eso no significa que el tema no se debata. Sin embargo, el Gobierno pierde así la última oportunidad que tenía de sacar adelante la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera ostentando la presidencia de turno de la UE, que acaba a finales de año. Se trata de una medida, al fin y al cabo, que tendría que contar con la luz verde de los 27 estados miembros de la UE. Y, por mucho que hasta ahora ningún mandatario se haya opuesto frontalmente a ello, la iniciativa genera recelos, y es por eso que el ejecutivo español todavía no ha podido normalizar en Europa las lenguas del Estado cooficiales con el castellano".

En materia educativa aún colean los catastróficos resultados del informe PISA, pero eso no altera el gesto de la excelentísima consejera catalana del ramo, la republicana Anna Simó, que dedicó el día de ayer a echar balones fuera y despejar las responsabilidades. "La consejera evita hacer autocrítica de la polémica sobre la muestra de PISA y apunta ahora hacia el Consejo Superior de Evaluación", explica El País. La nota es de Ivanna Vallespín: "Casi una semana después de la publicación de los malos resultado de PISA y tras la polémica sobre la muestra de las pruebas -Educación achacó el fiasco a una sobre representación de alumno inmigrantes, afirmación que rectificó al día siguiente-, la consejera de Educación, Anna Simó, ha comparecido este lunes para explicar las políticas educativas que deberían paliar la situación.

Simó ha evitado hacer autocrítica de la gestión de la polémica, pero ha admitido que “el sistema educativo necesita reformas” y entre las medidas anunciadas destacan un aumento de las aulas de acogida, la reforma de la carrera de Magisterio o un plan de extraescolares con valor pedagógico para los alumnos vulnerables. Eso sí, ha asegurado que para llevarlas a cabo es necesario un acuerdo político que garantice la continuidad de las medidas más allá de los cambios de gobierno y, especialmente, presupuesto. “No tenemos que ir dando tumbos y reaccionar a golpe de volante. Tenemos que tomar decisiones en consenso con todos”, ha aseverado Simó". Párrafos después, Vallespín detalla que "la consejera no ha querido hacer autocrítica sobre la polémica sobre la muestra de PISA, en que los responsables del Departamento culparon de los malos resultados a un error en la muestra y a una excesiva representación de alumnos inmigrantes.

Al día siguiente, Educación corrigió la postura. Simó ha cerrado filas este lunes con los cargos de su departamento, pero en cambio ha apuntado al Consejo Superior de Evaluación, y, por defecto, a su presidente Carlos Vega -ausente durante estos días-, como responsables. “El Consejo avaló la muestra y por eso he hablado de cambios profundos en el Consejo, que veremos a partir de enero”, ha zanjado Simó". Y: "Por su parte, los sindicatos Ustec·Stes, Apepc·Sps, Intersindical, CGT y UGT han pedido este lunes el cese del secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Ignasi Garcia Plata, y del director general de Innovación, Digitalización y Currículum, Joan Cuevas, -los dos cargos del Departamento que comparecieron el martes para explicar el informe PISA- por haber vinculado los malos resultados a los estudiantes inmigrantes, lo que han tachado de “declaraciones racistas”". Noticias del universo indepe.

En el ABC continúan desgranando detalles del sumario del Tsunami Democràtic. Hoy, la versión comercial del asunto. "La Generalitat avaló un Amazon catalán para la futura república" es el título de la última entrega que firman Adriana Cabezas e Isabel Vega: "El sumario de Tsunami Democràtic revela que desde el entorno independentista se impulsó la creación de un Amazon catalán –con una aplicación muy similar a la del gigante estadounidense– para aglutinar empresas «comprometidas» con una hipotética república en la que se consumieran productos «exclusivamente» catalanes. El proyecto, que llegó a ponerse en marcha, habría contado con una partida inicial de 100.000 euros financiada por la Consejería de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña, con Jordi Puigneró al frente, así como con la ayuda del exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández. Una pieza más, según el instructor de la Audiencia Nacional, de la estrategia secesionista global".

Sigue el texto: "Así consta en la documentación del caso a la que ha tenido acceso ABC, en la que el instructor expone que, entre los objetivos de la plataforma investigada por los graves disturbios de octubre de 2019 tras la sentencia del ‘procés’, estaba contar con una red de «tejido empresarial catalán, de cara a un futuro escenario de confrontación con el Estado español». «El ánimo de transversalidad pretendido por el Consell per la República (la entidad fundada por Carles Puigdemont tras huir a Bélgica) coincide con la razón de ser y actuar de la plataforma Tsunami Democràtic que también aspira a aglutinar a toda persona afín al independentismo, toda vez que ambas entidades forman parte de la estrategia global secesionista», asevera el juez".

Los medios también recogen la muerte en la guerra de Ucrania de un soldado catalán llamado Pau y de tan solo 26 años enrolado en la Legión Extranjera organizada por las autoridades de Kiev. 12 de diciembre, santoral: Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas y patrona de México. Amonaria, Corentino, Eadburga, Espiridión, Finiano, Israel, Epimaquio y compañeros, Mercuria, Simón Phan Dác Hòa, Valarico y Vicelino.