En esa especie de olla permanente de ramen donde cuece el independentismo, los borbotones anuncian un repunte agripicante del malestar antimonárquico. El hecho de que la Fundación Princesa de Girona vaya a celebrar su entrega de premios en la provincia que da lustre a los títulos de la heredera de la Corona solivianta a las fuerzas vivas de las alpargatas de esparto. La Casa Real vuelve por sus fueros y la parte irredenta del procés bulle indignada y se dispone a defender Girona de la afrenta.
Hay una cierta expectación ante la visita de la Familia Real y el sector ortodoxo de la cofradía del 1-O pretende renovar sus votos y participar de la fiesta jaleada por los entusiastas de la abstención y el nihilismo asambleario. El Nacional saluda el despertar de los comeborbones con este titular: "Convocada una manifestación independentista para boicotear el acto de la Familia Real en La Selva". El texto viene con la firma de Nura Portella, quien escribe: "Una oportunidad que no podemos dejar pasar", así ha descrito a Quim Tell, de la Coordinadora Antimonárquica, la manifestación que ha convocado esta entidad para boicotear el acto de entrega de los Premios Princesa de Girona en Caldes de Malavella. Estos se celebrarán el próximo miércoles 5 de julio y en la ceremonia está previsto que participe la plana mayor de la Familia Real española: Felipe VI, la reina Letizia, la heredera Leonor y su hermana la infanta Sofía. En los últimos años, este acontecimiento había tenido lugar en Barcelona, pero este año la monarquía ha decidido volver hacia Girona, sin embargo, no en la ciudad, sino en un hotel próximo a Caldes de Malavella. "Tienen la batalla perdida en Girona. Tienen que destinar unos recursos muy grandes para hacer los actos aquí, rodeados de policía," ha apuntado Tell en declaraciones a ElNacional.cat, asegurando que la monarquía se esconde cada vez que tiene que hacer un acto en esta zona del país".
Sigue la pieza: "Según él, la intención de los Borbones es recuperar Girona, un territorio que perdieron el 3 de octubre con el discurso del rey contra el independentismo. "Es el segundo punto monárquico del Estado, junto con Asturias, pero para ellos, Girona chirría. Aquí hay una gran mayoría independentista, que todavía es más grande si se suman los que se sienten españoles, pero son republicanos", resume Tell, demostrando que la Familia Real no es bienvenida. Esta concentración convocada por la Coordinadora Antimonàrquica está prevista para el miércoles 5 de julio a las 18h a la salida de Caldes de Malavella, para después ir caminando hasta el club de golf, donde se celebra la entrega de premios. Tell reconoce que las circunstancias hacen dificultan que sea una manifestación multitudinaria, un martes por la tarde del mes de julio en un municipio donde es difícil acceder en transporte público, pero confía en que si finalmente se acaba haciendo un llamamiento nacional, desde los diferentes partidos y entidades independentistas, esta puede ser un éxito: "Nosotros estamos muy motivados"".
Bien está que los organizadores de la protesta reconozcan su menguante capacidad de convocatoria y las dificultades de ir a dar la brasa con la murga del 1-O, el 3-O y el pim pam pum, que no quede ni un.
Entre las dos almas independentistas, la que se mueve es la más propensa al mambo. No hay que dejar pasar ni una sola oportunidad. La otra parte apunta, como Cabanillas, aquello de "al suelo que vienen los nuestros". A cuenta de esas corrientes subterráneas de la hibernación procesista destaca un titular de El País: "Afines a Laura Borràs maniobran para expulsar de Junts a la abogada que puede decidir el futuro de la presidenta". Escribe Marc Rovira: "Laura Borràs aplica la teoría que propone un buen ataque como mejor arma de defensa. La presidenta de Junts per Catalunya está condenada a 4 años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos, pero en su cruzada por presentarse como víctima de una persecución ha tratado de restar legitimidad a los jueces que la condenaron, al reglamento del Parlament y a los diputados que la relegaron del escaño, e incluso a la Comisión de Garantías de Junts, la instancia que tiene la potestad de apartarla del partido por ser una condenada por corrupción. Borràs no pelea sola. Incondicionales suyos han mandado al partido decenas de alegaciones para inhabilitar a la abogada Magda Oranich, presidenta del órgano disciplinario y que ha mantenido choques públicos con Borràs. La maniobra, de tener éxito, lograría alterar la composición de la Comisión de Garantías e incorporar nombres más afectos a Borràs. Algunos de los escritos, a los que ha tenido acceso El País piden hasta 5 años de expulsión para la letrada. "Si no se sanciona debidamente a Oranich, el partido está en una situación de riesgo continuo”, manifiesta una de las demandas".
Y: "En las denuncias remitidas al buzón de Junts se recoge que Oranich ha difundido "injurias" sobre Borràs, se la acusa de tener una "animadversión" contra la líder de la formación y de persistir en "descalificaciones implícitas y explícitas, tanto de manera pública como privada". Magda Oranich, de 78 años, es abogada y cuenta con una dilatada experiencia en el ejercicio del derecho. Fue una destacada activista antifranquista y formó parte del equipo legal que representó a Salvador Puig Antich. Militante de Junts, el verano pasado fue la más votada para liderar la Comisión de Garantías del partido, el órgano que vela por el cumplimiento del código ético de la formación, donde se reseña que el afiliado que se vea afectado por unos "indicios de ilícito penal o administrativo" que puedan poner en cuestión la buena imagen del partido "tendrá que poner el cargo a disposición de la ejecutiva". También se prevé la "expulsión del partido" de quien haya sido condenado por un delito de corrupción. (...) Borràs, que cobra de Junts un sueldo que ronda los 90.000 euros anuales, mantiene que su sentencia no es firme porque cabe recurso y, además, ha reiterado que su causa judicial obedece a motivos ajenos a la ley y al código penal: "si hubiese justicia, la única sentencia posible sería la absolución".
Noventa mil euros... Ahí es nada. La causa independentista paga con generosidad a sus baluartes aunque luego tenga que pasar la gorra para abonar las fianzas.
Más cosas sobre los que mantienen viva la llama de la república. "Investigan por delito de odio a los tuiteros que acosaron a la enfermera andaluza", informa El Mundo. La nota es de Víctor Mondelo: "La Fiscalía de Odio de Barcelona investiga el "acoso discriminatorio" que sufrió Begoña Suárez, la enfermera andaluza hostigada por el independentismo tras protestar en un vídeo viral por la exigencia de acreditar un nivel mínimo de catalán para poder opositar. El Ministerio Público abrió diligencias el pasado 21 de abril tras recibir una denuncia presentada por la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano en la que se recogen algunos de los muchos los insultos vertidos en las redes sociales contra la sanitaria y se subrayaba que estos "incidían en su origen andaluz y en su condición de castellanohablante que desconoce el idioma catalán". "Nos encontramos con un acoso en el que el origen de la enfermera (andaluza o española, según los comentarios), su condición de no catalana de origen y de castellanohablante es relevante", abunda la organización".
Sigue Mondelo: "Constata la denuncia de la entidad presidida por Pepe Domingo -a la que El Mundo ha tenido acceso- que los acosadores de Suárez "piden no sólo que se la despida, sino que se la expulse de Cataluña". Por todo ello considera Impulso Ciudadano que los hechos encajan en las conductas perseguidas por la Ley catalana de igualdad de trato y no discriminación, que busca "erradicar cualquier actuación o comportamiento que pueda atentar contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre expresión, sin ningún tipo de discriminación de la propia personalidad y de las capacidades personales". (...) Entre los hechos denunciados y ahora investigados por la Fiscalía están "la utilización del poder público con la finalidad de limitar la libertad de expresión de los ciudadanos; en este caso de los trabajadores públicos". La denuncia estudiada por el Ministerio Público ahonda en que el consejero de Salud "vinculó la apertura del expediente" contra la sanitaria "con el contenido del vídeo".
Lo que ya es materia de vista es la escolta que la Generalitat proporcionó al expresidente Puigdemont cuando decidió trasladar sus actividades fuera de España. "Un intendente confirma el primer día del juicio que el exconsejero de Interior fichó a un asesor para poder seguir protegiendo al expresidente", afirma La Razón a modo de titular de una crónica de Cristina Rubio: "El intendente Toni Rodríguez, anterior jefe de investigación de los Mossos d’Esquadra, fue el primero en declarar ayer como testigo en el juicio al exconsejero de Interior, Miquel Buch, por presuntamente designar a un mosso como escolta de Carles Puigdemont, y puso al acusado contra las cuerdas nada más empezar la sesión. En concreto, Rodríguez confirmó la tesis de la Fiscalía de que el posconvergente fichó a Lluís Escolà, un argento apartado que ayudó a huir al mismo expresidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2017 a Bruselas, como asesor para que le pudiera seguir prestando protección en Waterloo. Ante el tribunal y a preguntas del teniente fiscal Pedro Ariche, Rodríguez relató que Lluís Escolà era un veterano escolta perteneciente a esta unidad del cuerpo de los Mossos, que actuaba con una "enorme autonomía" y que tuvo una "relación" de "mucha confianza" con Puigdemont, "es de suponer que por afinidad con los postulados independentistas", apostilló Rodríguez. De hecho y en esta parte inicial de la declaración, el intendente confirmó que Escolà ayudó a huir a Puigdemont de España el 29 de octubre de 2017 "de espaldas" a la estructura del cuerpo".
Continúa el texto: "Luego, Escolà encadenó varios permisos, vacaciones y días especiales para viajar hasta Bruselas y escoltar –sin arma ni uniforme– al expresidente de la Generalitat, algo que publicó en las redes sociales y generó una fuerte incomodidad dentro del cuerpo policial. El hecho de que hubiera ayudado a Puigdemont en su fuga provocó entonces que la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abriera una investigación. El proceso concluyó el 20 de julio de 2018 con cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo y su traslado del área de escoltas a una comisaría de Martorell. Ese mismo día, a propuesta de Buch, se creó una plaza de asesor en el departamento de Interior que se asignó a Escolà".
Hoy sigue este juicio. Y mañana declarará Puigdemont vía telemática.
Más noticias judiciales. "La Fiscalía pide enviar al banquillo a los CDR por organización terrorista y tenencia de explosivos", avisa La Vanguardia. Escribe Joaquín Vera: "La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido enviar al banquillo a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en 2019 por pertenencia a organización terrorista. Además, a ocho de ellos también les atribuye delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos, de carácter terrorista, en grado de tentativa, según informan fuentes fiscales. El Ministerio Público ha trasladado esta petición a la Audiencia Nacional después de que el juez que instruye el caso, Manuel García Casatellón, acordase por segunda vez dar por concluida la investigación judicial, procesando por terrorismo a estas 12 personas como presuntos miembros de un núcleo de CDR dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Catalunya. (...) Así pues, el fiscal pide sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. Por su parte, el Ministerio Fiscal achaca a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente el delito de pertenencia a organización terrorista".
29 junio 23, santoral: Pedro y Pablo apóstoles, Casio, Sirio y Emma.