El Hospital Clínic de Barcelona remonta con dificultades en medio del ciberataque que ha obligado a suspender unas 150 operaciones quirúrgicas, 3.000 visitas, cientos de analíticas, un número indeterminado de sesiones de radio o quimioterapia para pacientes con cáncer, etcétera, etcétera. El esfuerzo del personal sanitario, como el de los informáticos, es mayúsculo, superlativo. Otra prueba de fuego tras las muchas sufridas durante los tiempos de pandemia.
Y todo ello sin que haya sido necesaria la comparecencia del consejero de Salud, el doctor Manel Ballcels, que debe estar muy ocupado con el expediente de la enfermera de Cádiz que pasa del nivel C1 de catalán. Se infiere que el vídeo en el Tik Tok de la China de la joven andaluza es un riesgo mayor para el sistema de salud que el destartalado software y los vetustos cachivaches informáticos con el que están obligados a trabajar medicas y enfermeros y viceversa.
El Hospital Clínic y centros adyacentes se recuperan poco a poco del ataque. Al hilo destaca una pieza de El País sobre la comparecencia ayer del director médico del centro, Antoni Castells, el secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, y el director general de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, Tomàs Roy.
Dicha pieza viene con las firmas de Clara Blanchar y Sara Fontseré, quienes dan cuenta de que "Antoni Castells, director médico del hospital barcelonés, ha explicado en una comparecencia a primera hora que “la información de los pacientes está íntegra”, aunque no pueden acceder a ella ni recuperarla".
O sea que estar, está, pero no se sabe dónde. La información también destaca las declaraciones del secretario Marcén: "no ha habido comunicación con los atacantes, presuntamente el grupo RansomHouse: “Nos estamos centrando en recuperar la información”, ha dicho, y ha anunciado que se está trabajando en un plan de intervención en ciberseguridad que integre todo el sistema sanitario catalán".
Hombre, qué menos, un plan de intervención cuya elaboración casualmente coincide con el ciberataque. Pero hay más de Marcén: El secretario "ha precisado que el hospital tenía copias de seguridad de sus datos y que están revisando “si están comprometidas”. También ha afirmado que no está prevista una negociación con los responsables del ciberataque: “No pagaremos ni un céntimo”".
Muy bien, no hay que someterse a ningún chantaje. Y para acabar, esto otro de la crónica de El País: "La Agencia Catalana de Ciberseguridad ha señalado que se trata de un ciberataque “sofisticado y complejo”. Tomàs Roy, su director general, ha asegurado que los hackers “han usado técnicas de ataque nuevas” y que tienen que descubrir cuáles son las herramientas con las que trabajan".
Un ataque sofisticado y complejo... Qué cosas.
Tras la salida de JxCat del Govern, la vicepresidencia de Políticas Digitales que ostentaba ese titán del ciberespacio que responde al nombre de Puigneró pasó a mejor vida. ERC, según JxCat, se cargó la estructura de Estado de la república digital. ¿Y qué hace Puigneró ahora? Pues entregado a un año sabático explora el terreno para ascender a un seis mil boliviano, nada menos que el Huaina Potosí.
Más cosas del independentismo. El futuro de Laura Borràs, objeto ahora de una entretenida discusión entre los partidos. El próximo 12 de marzo, de aquí a cinco días, se cumplirán dos años desde que fuera nombrada presidenta del Parlament y eso le dará derecho a una serie de prebendas que demuestran que los enormes sacrificios de nuestros políticos bien merecen una recompensa. ¿O no?
Así que en El Independiente titulan que "Laura Borràs cobrará 124.000 anuales euros si es condenada y deja el Parlament". El texto es de Iva Anguera de Sojo y dice así: "Laura Borràs tendrá derecho a un sueldo de 124.456 euros anuales durante dos años si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la condena por prevaricación y falsedad documental y es cesada definitivamente como presidenta del Parlament. Una indemnización a la que los comunes ya han avanzado que quieren poner coto. Contarán para ello con el apoyo seguro de la CUP y más que probable del PSC. Los ex presidentes del Parlament tienen derecho a una pensión compensatoria del 80% del sueldo durante los dos años siguientes a su salida de la cámara catalana, según la Ley del estatuto de los presidentes del Parlament de 1988. Además, tienen derecho a una pensión vitalicia del 60% del sueldo a partir de los 65 años, siempre que no cobren ningún otro sueldo público".
Sigue Anguera de Sojo: "En el caso de Borràs, la presidencia del Parlament tiene asignado un sueldo de 155.570,52 euros brutos anuales, según el régimen de retribuciones aprobado por la cámara. El 80% de ese sueldo supondría una pensión de 124.456 euros brutos anuales, puesto que la ley de 1988 no establece ninguna limitación por condena judicial. Algo más dudoso sería el cobro de la pensión vitalicia. La ley fija una pensión del 60% del sueldo --un total de 93.342 euros anuales-- para los presidentes que hayan permanecido dos años o más en el cargo".
Pero, ojo, que hay una conspiración en marcha de los taimados "unionistas" para que la excelsa señora no trinque nada. Al tiempo, se revela una cierta discrepancia entre las cifras, según este titular de El País: "PSC y comunes se movilizan para evitar que Borràs cobre la asignación de al menos 496.000 euros como expresidenta del Parlament si es condenada". En el diario de Prisa añaden que "La presidenta suspendida de la cámara sólo ha ejercido el cargo 18 meses pero puede acogerse a un sueldo temporal y a una pensión de jubilación vitalicia del 60% del sueldo".
El texto que hay debajo de esos titulares es de Marc Rovira y Àngels Piñol: "Pendiente de la sentencia de su juicio por fraccionar facturas, a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, se le abre otro frente político. La ley catalana establece una serie de prerrogativas económicas para los exlíderes de la Cámara y del Govern y En Comú Podem y PSC piden que, si finalmente hay una condena, que la también líder de Junts no pueda acceder a ellas. Para ello sería necesario cambiar la normativa vigente, que fija una pensión de jubilación vitalicia equivalente al 60% del sueldo (es necesario haber estado al menos dos años en el cargo) y una retribución temporal del 80% del salario una vez se abandona el cargo. Ambos partidos señalan a ERC, cuyos votos serían necesarios para la reforma, pero los exsocios de Junts dicen que no se moverán hasta que no llegue la sentencia. Borràs, antes de ser suspendida en el cargo, cobraba unos 155.000 euros anuales".
Y: "El estatus de los expresidentes de la Generalitat lo regulan dos leyes, una de 1988 y una de 2003. A diferencia de los exjefes del Govern, los de la Cámara no tienen derecho a una oficina y personal, pero sí a un sueldo temporal y a una pensión vitalicia, que después del fallecimiento pasa a sus familiares. Sea cual sea el sentido de la sentencia, Borràs ya podría solicitar el primero (equivalente al 80% del salario fijado para quien ocupa la presidencia del Parlament), pues se concede a cualquier persona que haya ocupado esa responsabilidad. La asignación, que se paga de manera mensual, se entrega por el “equivalente a la mitad del tiempo que se ha estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura”. Es decir, aunque haya desempeñado el cargo año y medio, tiene derecho, según la ley, a cobrar por todo el mandato y percibir 496.000 euros. El cobro de ambas asignaciones es incompatible con otros salarios. Para la pensión vitalicia las condiciones son diferentes y ahí también habría otra derivada jurídica. Esa ayuda equivale al 60% del sueldo (con el baremo actual serían unos 90.000 euros anuales) pero según la ley solo se puede acceder a ella si se ha estado más de dos años en el cargo. Este domingo se cumplen dos años de la designación de Borràs como presidenta pero la incógnita es si pueden contabilizar los nueve meses en que ha estado suspendida".
En medio de la incertidumbre que está sufriendo esta luchadora por la independencia de Cataluña, La Vanguardia revela a sus lectores que "Una reunión en Interior activó la operación Catalunya el 12-S del 2012". O sea, un día después de la manifestación de la Diada. Ayer contaba el digital El Món que el trío policial formado por Eugenio Pino, Villarejo y un tal Linares se reunió para comer el 27 de septiembre de ese año para diseñar lo que primero fue la Operación Barna y que luego mutó a Operación Cataluña.
En La Vanguardia rebobinan unos días. La nota es de Manel Pérez e Ignacio Orovio: "La denominada operación Catalunya inició su andadura con los primeros pasos del procés. La mañana del 12 de septiembre del 2012, al día siguiente de la primera Diada multitudinaria que marcaría el arranque de la crisis, se encendieron todas las alarmas en el despacho del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, mientras contemplaba con su equipo las portadas de la prensa barcelonesa dando cumplida cuenta de lo sucedido. Según fuentes presentes en su despacho, Fernández Díaz asumió que esa protesta era un indicador infalible de la gravedad de la situación en Catalunya y decidió que había que actuar y así se lo comunicó a sus colaboradores más próximos".
Sigue el texto: "Pocos días después, el 10 de octubre, aparecieron en la agenda del comisario de policía José Manuel Villarejo las dos primeras referencias a ese operativo. Una sobre una conversación con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino y otra, más tarde, el mismo día, con Francisco Martínez, jefe de gabinete de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Rajoy. Son las indicaciones iniciales documentadas hasta ahora sobre lo que luego el mismo Villarejo bautizaría años después como operación Catalunya. Se activaba así una maniobra gubernamental, política y policial contra el procés y los dirigentes independentistas, que también actuó contra ciudadanos privados que no necesariamente tenían vinculaciones con ese movimiento político y que se desarrolló al menos entre septiembre del 2012 y hasta bien entrado el año 2016. Villarejo dejó constancia de su día a día en sus detalladísimas agendas, que La Vanguardia y CrónicaLibre.com han diseccionado en una investigación conjunta --y cotejado con ingente documentación policial y judicial-- para exponer cómo se gestó el operativo".
En relación con ese operativo, el alcaldable de JxCat, el doctor Xavier Trias, manifestó ayer en RAC1 que "la Operación Cataluña me hizo perder las elecciones", según se puede leer en El Nacional. Firma Berto Sagrera: "El candidato de Junts en Barcelona, Xavier Trias, tiene muy claro por qué perdió la alcaldía en 2015: "La Operación Catalunya me hizo perder las elecciones. Destruyó Convergència". En una entrevista este lunes en Rac1, Trias ha reconocido que su partido "hizo cosas mal hechas" --aunque se ha mostrado seguro que la conspiración policial "les hizo daño".-- "El president Jordi Pujol se asustó e hizo una declaración equivocada", ha añadido el alcaldable de Junts en las elecciones municipales de este 2023. Asimismo, ha lamentado el comportamiento que ha mantenido Ada Colau con esta cuestión y que dijera "cosas que no tenían sentido"".
Y: "Después de que el exconseller Jaume Giró haya presentado una querella contra Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo, Trias ha descartado seguir el mismo camino con la Operación Cataluña: "No tengo recorrido. Para gastarme dinero y que me vuelvan a decir lo mismo...". Así, ha recordado cómo absolvieron a los periodistas que revelaron su cuenta inexistente en Suiza y cómo se archivó su querella contra el exministro del Interior y Daniel de Alfonso. "Estoy indignado. La justicia no funciona bien, hay un problema de fondo. Contra los supuestos independentistas todo el mundo se atreve, pero contra los otros no", ha lamentado".
Escapando del bucle, en Vozpópuli publican una información que no pocos independentistas atribuirán a los últimos coletazos de dicha Operación Cataluña. "Madrid sale de la crisis mientras que Cataluña no lo hará hasta 2024", titulan en ese medio. La información es de Beatriz Triguero: "Cataluña no consigue recomponerse por completo de las crisis mientras Madrid ya saca la cabeza. De hecho, la comunidad que preside Pere Aragonés no volverá a registrar el nivel de Producto Interior Bruto (PIB) real que tenía en 2019 al menos hasta 2024, mientras que la que lidera Isabel Díaz Ayuso lo hará este mismo año, al 'son' de la economía nacional. Las nuevas previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) apuntan a un crecimiento del 1,4% este año en la Comunidad de Madrid, que en 2022 se situó todavía nueve décimas por debajo del nivel de 2019 pese a crecer un 5,7%, según sus cálculos. De esta forma, si se cumplen las previsiones de crecimiento en 2022 (que el Instituto Nacional de Estadística --INE-- aún no ha publicado y 2023), el promedio de este año superará el del año previo a la pandemia".
Sigue el texto: "Ayuso ya anunció hace unas semanas que en Madrid superó los niveles prepandemia en 2022. Desde Funcas explican que los datos de la agencia estadística de Madrid "no tienen por qué coincidir con los cálculos del INE", que son los que el think tank utiliza. La diferencia estaría en 2021, cuando el INE apunta a un crecimiento en Madrid del 5,4% y la Contabilidad Regional, del 6,5%. Para 2022, tanto Funcas como Madrid lo sitúan en el 5,7%. La evolución de la economía nacional será algo peor que la de Madrid pero mejor que la de Cataluña. Según Funcas, España crecerá un 1,3% en el conjunto del año, regresando también este 2023 al nivel que tenía en 2019. (...) Cataluña, sin embargo, va rezagada en esta recuperación. En 2022, cuando creció un 5,4%, su PIB aún se situaba 2,3 puntos por debajo de 2019. "La industria se ralentizó y las exportaciones crecieron por debajo de la media", explican desde Funcas. Por eso, aunque se espera que este año crezca un 1,4%, igual que Madrid y por encima de la media, aún se quedará a nueve décimas del nivel precovid".
7 de marzo, santoral: Felicidad y Perpetua, Ardón Esmaragdo, Eubulio, Gaudioso, Juan Bautista Nam Chong-sam, Leónidas Fëdorov, Pablo de Prusa, Pablo el Simple y Teresa Margarita Redi.