Carles Puigdemont y Pablo Llarena siguen copando titulares. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es pasto de todo tipo de interpretaciones, lecturas y especulaciones. El letrado Gonzalo Boye cree que beneficia a su cliente, el prófugo de Waterloo, mientras en Madrid aprecian en la resolución una victoria de las tesis del magistrado instructor, el antedicho Llarena. Pero quedan muchos meses, incluso años, para la conclusión del pulso entre el expresidente catalán y el juez. Aún caben decenas de recursos, suplicatorios y patadas a seguir en el laberinto judicial del proceso independentista.
Lo que sí está claro, según explica este domingo El Confidencial, es que "Puigdemont no regresará a España hasta tener la certeza de que no será detenido". La información es de Antonio Fernández y arranca así: "El fugado Carles Puigdemont no regresará a España próximamente. O, por lo menos, no por voluntad propia. Eso es lo que dicen en sus círculos de confianza, aunque desde un determinado sector muy cercano a él se traslade a la opinión pública la información de que piensa volver y de que es intocable, puesto que le asiste la inmunidad parlamentaria de diputado de la Cámara europea. "Su intención es no pisar España a menos que tenga la certeza absoluta de que no va a ser detenido. No es ya solo que pueda ir a la cárcel, es que no quiere que se difunda su imagen esposado en España", dice a El Confidencial una fuente cercana al expresidente".
Sigue la nota: "Otra fuente también cercana al prófugo señala que "tiene pánico a la cárcel": "Si existe la más mínima posibilidad de que la justicia pueda ordenar su detención, no pondrá un pie ni en Cataluña ni en España". En resumidas cuentas, "Otra cosa es que lo detengan y lo extraditen. Ahí ya no puede hacer nada, pero entonces podría haber un escándalo internacional. Una hipotética detención activaría una campaña internacional en contra de España por parte del independentismo", añade".
Al hilo de las andanzas del líder independentista, en El Nacional aseguran que en caso de ser extraditado por malversación debería ser un tribunal popular el que le juzgara. Sería un hecho auténticamente insólito además de inédito. Mayte Piulachs es quien escribe al respecto en el digital de orientación nacionalista: "La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que resuelve las prejudiciales del juez Pablo Llarena para poder reactivar las euroórdenes de detención de los independentistas catalanes en el exilio, hecha pública este martes, clarifica conceptos, pero no abre un camino fácil, como ha admitido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, menos triunfalista que el presidente en funciones del Tribunal Supremo. El juez Llarena no tardará en reactivar la orden de detención y entrega del exconseller Lluís Puig por el delito de malversación de fondos públicos por el 1-O, ya que no es aforado. Y habrá que ver si los tribunales belgas en su respuesta estrenan el concepto 'grupo objetivamente identificable', creado por el TJUE, después de la insistencia de los abogados catalanes en la vista de Luxemburgo para hacer entender a los magistrados europeos que las leyes 'se retuercen' cuando se trata de la causa catalana; es decir del procés de Independencia de Catalunya. Y desaparecido el delito de sedición, un nuevo elemento en la causa del exilio es que si finalmente los tribunales aprueban entregar al president Carles Puigdemont por el delito de malversación de fondos públicos, aparte de la desobediencia, tendría que ser juzgado por un tribunal popular".
¿Y qué dice Llarena? El magistrado calla, no concede declaraciones y mantiene un hermetismo absoluto sobre sus próximos pasos, pero eso no impide que en El Mundo le hagan un retrato por personas interpuestas que lleva la firma de Julio Valdeón: "'Hubo algún episodio tremendamente duro. Cuando detienen a Puigdemont en el Land de Schleswig-Holstein, en Alemania, me llegan de Barcelona unas informaciones, a través del presidente del Consejo, muy, muy preocupantes. Me dicen que puede producirse un intento de asalto violento en casa de Pablo. Llamé a Gema, su mujer. Le dije que cogiera a sus hijos y saliera inmediatamente de su casa, para trasladarlos de Barcelona a Madrid. Fue una discusión a gritos, porque Gema no me creía. La convencieron los propios policías encargados de su seguridad. La salida se produjo finalmente de madrugada. El dispositivo policial usó carreteras secundarias para asegurarse de que no habría un retén. Había miedo de una interceptación en una carretera de los CDR. Es algo que recuerda a los controles que ponían la CNT, la FAI o la Falange en la Guerra Civil. Tuvimos que sacar a la esposa y a los hijos de un juez del Supremo de Cataluña, de noche, por carreteras perdidas. Hasta ese punto hubo que llegar para proteger a un juez en España, no en Biafra, no, en España, en pleno siglo XXI'".
Y: "Son palabras de José María Macías, Mario Macías para los amigos, abogado y vocal del CGPJ. Uno de los hombres que mejor conoce al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los cabecillas del 1-O, sistemáticamente acosado por el independentismo. Llarena ha vuelto a las noticias después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya resuelto las cuestiones prejudiciales que le había planteado. Ha sido un triunfo de la justicia española, vindicada ante Europa en su lucha para juzgar a los cabecillas de la intentona golpista de 2017. La victoria en los tribunales, que fulmina un lustro de desinformación y bulos, subraya el trabajo quirúrgico de un penalista que huye como del lobo de la condición de juez estrella, convencido de que cualquier gesto de exhibición amenaza la integridad y objetividad de sus resoluciones. Si uno pregunta a sus allegados coinciden en que Llarena se ha sentido apoyado y reconfortado, primero por el país y por los medios de comunicación, y luego por el Estado. 'Siempre ha defendido', remacha un amigo, 'que dentro de la situación tan difícil en que hemos vivido, el papel más fácil lo han tenido los tribunales, mientras que los políticos tenían un problema muy complejo, político y social'".
Esta semana ha habido más noticias, como el acuerdo de presupuestos, un pacto entre el Govern y el PSC del que presumen tanto Salvador Illa (por haber roto el cordón sanitario, entre otros aspectos) como Pere Aragonès, que ya se ve concluyendo la legislatura. Esther Vera le entrevista para el diario Ara en un escenario singular, el mirador de la torre de Collserola, desde donde el dirigente republicano contempla su despejado horizonte:
P: President, per què ens ha citat aquí?
R: Per agafar perspectiva de futur perquè tenim moltes oportunitats per davant.
P: El president del govern espanyol diu a tothom que el vol escoltar que el Procés ha mort. ¿El Procés ha mort?
R: Podríem discutir exactament què entén tothom per Procés, però el que està clar és que la lluita per la independència no ha mort. I jo crec que la millor mostra és que tots en parlen, de Sánchez a Feijóo, senyal que està molt més viu del que volen.
P: ¿La interpretació dels tribunals a Espanya està devaluant la reforma del Codi Penal que van pactar vostès?
R: Sabem que una determinada part de la cúpula judicial de l’estat espanyol, molt ancorada cap a la dreta, i que ha tingut una actitud venjativa, utilitzarà totes les eines que tingui al seu abast per aplicar la repressió. El que hem fet amb la reforma del Codi Penal és limitar sensiblement les eines que tenen al seu abast.
P: Aquesta setmana hi ha hagut una decisió del TJUE sobre les euroordres. Com interpreta la sentència?
R: Em quedo amb la interpretació que n’ha fet el mateix president Puigdemont, que creu que li dona moltes més eines per defensar la seva situació processal.
P: Què faria el seu govern si el president Puigdemont fos extradit?
R: Donarem suport a tots els que han lluitat perquè Catalunya pugui decidir el seu futur, també el president Puigdemont, amb totes les eines que tenim a l'abast.
P: Quin és l’últim cop que han parlat?
R: Vam parlar just abans del trencament del Govern. Tot i això, el contacte entre els equips és habitual i quan és necessari parlem.
Illa, por su parte, "asegura que se aumentará la capacidad del aeropuerto y señala la ampliación de la tercera pista", según nota del Abc que dice así: "El líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que la remodelación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat para aumentar su capacidad se llevará a cabo, tal como contempla estudiar el acuerdo de Presupuestos alcanzado el miércoles entre el Govern y el PSC: 'Lo cumpliremos'. En declaraciones a los periodistas este sábado en Molins de Rei (Barcelona), ha considerado que la reforma del aeropuerto es 'una de las decisiones más trascendentales y más determinantes que se han de abordar en los próximos meses y años, porque afecta al corazón de la economía de Barcelona, de Cataluña y de España'".
Al hilo del pacto presupuestario, en La Vanguardia explican que el acuerdo se logró después de seis reuniones "discretas" entre Aragonès e Illa. Del texto de Àlex Tort y Luis B. García: "El president Pere Aragonès y el líder del PSC, Salvador Illa, se citaron en seis ocasiones durante la negociación de presupuestos antes de cerrar el acuerdo, se llamaron otras tantas y sus respectivos equipos mantuvieron 25 reuniones. La profusión de encuentros refleja lo complicado de la empresa: franquear el cordón sanitario de ERC a los socialistas, superar, si es que es posible, la desconfianza mutua alimentada desde tiempos del tripartito y asumir algún coste político en año electoral. El pacto tiene como esencia las infraestructuras, trasladando así el eje del debate político catalán, desplazado en los últimos años hacia la cuestión nacional".
Economía. "El ladrillo abandona Barcelona... y se muda a Madrid", avisa El País. La información es de Clara Blancar, quien escribe: "'Es una suma: cambios legislativos en Cataluña y en Barcelona, planeamientos urbanísticos que no avanzan, falta de funcionarios que retrasa las licencias… y allí otro mundo, la gestión es mucho más rápida'. El veterano promotor y constructor Lluís Marsà, presidente de La Llave de Oro, enumera las razones por las que la empresa ha decidido abrir mercado en Madrid. Tienen tres proyectos: 260 viviendas en el futuro barrio de Las Sedas, en Alcalá de Henares; viviendas unifamiliares en Villanueva de la Cañada; y un gran suelo para 1.300 viviendas en Los Ahijones, en el sureste de la capital. Esta empresa familiar de 75 años, una de las catalanas que sobrevivió al estallido de la burbuja del ladrillo en 2008, es de las que, sin abandonar el mercado local, ha visto en Madrid una oportunidad".
Continúa el texto: "La alerta sobre la fuga, comentario en los últimos tiempos en el sector, pero que nadie había expresado tan claramente en público, la lanzó hace dos semanas el decano del Colegio de Arquitectos de Catalunya, Guim Costa. “Hay muchos constructores que se marchan de Barcelona, a Madrid, donde están creciendo mucho”, alertó y situó entre las causas la falta de suelo en la ciudad, los siete meses de espera media para una licencia y la normativa aprobada por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos de los edificios que construyen a vivienda social. El Ayuntamiento de Barcelona defiende que los promotores se 'corresponsabilicen' en materia de vivienda, mientras el de Madrid explica la situación por 'decisiones políticas concretas de cada uno de los gobiernos municipales'".
5 de febrero, santoral: Águeda, Felipe de Jesús, Adelaida, Albuino, Avito, Francisca Mézière, Ingenuino, Jesús Méndez, Lucas abad, Mártires del Ponto y Sabas el joven.