Puigdemont como Shakira: aquí no vuelvo, claramente

Puigdemont está de vuelta, pero no a España, de momento, sino a la política. La reforma del Código Penal ha devuelto al expresidente de la Generalitat al centro de la pista del procés. El prófugo es el elefante de la habitación y ayer tuvo horas de gloria tras la resolución del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que elimina el cargo de sedición de las órdenes de detención de los fugados por la independencia. 

El ambiente en el seno del independentismo es de una cierta euforia, sobre todo en ERC. Los cambios en el Código Penal permiten, por ejemplo, el retorno de la secretaria general de la formación republicana, Marta Rovira, o de la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, a las que Llarena solo imputa un delito de desobediencia, exento de penas de cárcel. Ponsatí, que un día puso un pie al otro lado de la frontera española, ya ha dicho que ahora podrá pisar el territorio catalán. Y el que no es catalán también.

Sin embargo, Puigdemont no está conforme, no le vale el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Govern que se ha traducido en el sustantivo cambio de eliminar la sedición de su horizonte judicial en España. Quiere más. Honores de capitán general, fanfarrias en la frontera, un desfile de la victoria por la Diagonal de Barcelona, inmunidad, impunidad y dos huevos duros. Maximalismo a granel.

Si por la mañana declaraba el abogado Boye a Basté que su cliente, el antedicho Puigdemont, regresará a territorio nacional este año, por la noche salía el prófugo a decir lo contrario en un mensaje "institucional" en sus cuentas de las redes sociales. El hombre de Waterloo no se fía del Gobierno ni del Govern. Menos aún del togado Llarena. Que nadie le espere o que lo hagan sentados. No volverá porque eso sería aceptar que la autopista la han tendido sus enemigos republicanos con su archienemigo Junqueras al frente.

"Puigdemont: 'No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente'", titula Crónica Global sobre una pieza redactada por Ricard López y que arranca así: "Carles Puigdemont rechaza la reforma del Código Penal que ha propiciado que el juez Pablo Llarena haya tenido que renunciar a solicitar su entrega por sedición al haber sido derogado este delito por el Gobierno de Pedro Sánchez. El expresidente de la Generalitat, fugado por el procés secesionista catalán, recuerda que todavía se le puede condenar por malversación y descarta regresar a España, al considerar que su justicia "no es democrática", que se le persigue por causas "políticas", y anuncia que seguirá buscando su absolución en los tribunales europeos. "No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente. Lucharé para volver libre", ha manifestado el prófugo en una breve declaración en vídeo este jueves por la noche".

Sigue el texto: "Puigdemont ha reaccionado así a la decisión del juez Llarena --que instruye en el Tribunal Supremo la causa del procés-- de mantener su procesamiento por desobediencia y por malversación agravada, un delito castigado con una pena de hasta 12 años de prisión. Sin citar explícitamente a ERC y al Govern de Pere Aragonès, Puigdemont se ha mostrado muy crítico con la reforma del Código Penal pactada entre los republicanos y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos: "Yo no avalaré con mi beneficio personal una política que pretende criminalizar el anhelo de los catalanes de vivir definitivamente en un país libre", ha dicho, dejando clara su intención de no regresar a España mientras siga siendo reclamado por la justicia".

Esa es pues, la respuesta de Puigdemont a la orden corregida de búsqueda y captura elaborada por Llarena, orden que es a su vez la réplica del Supremo al Gobierno según la lectura que se realiza del contencioso en el digital El Nacional. "Llarena se revuelve y ajusta cuentas con Sánchez por la derogación de la sedición" se titula la pieza que firma Marta Lasalas: "El juez Pablo Llarena ha aprovechado su auto con relación al procesamiento de los políticos independentistas exiliados para ajustar las cuentas con la reforma impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez para derogar el delito de sedición. El juez no solo esquiva esta reforma y sigue castigando a los independentistas exilados con la máxima pena por malversación, sino que además carga sin ambages contra los argumentos esgrimidos para introducir estos cambios en el Código Penal. Llarena atribuye la reforma de la ley, pactada entre PSOE, Podemos y ERC, a una "marcada discrepancia" con la sentencia del juicio del procés y rechaza que se sustente en cuestiones formales o de proporcionalidad o en la necesidad de garantizar los derechos y libertades fundamentales, como se ha señalado. El juez denuncia que los legisladores han creado un contexto en que se despenaliza a los acusados por sedición a raíz del referéndum del 1-O".

Continúa la nota: "Después de años persiguiendo a Carles Puigdemont y al resto de exiliados con euroórdenes hasta ahora infructuosas, Llarena ha tenido que presentar un nuevo auto para adaptar este caso a la reforma del Código Penal que hoy (por ayer) entra en vigor y donde desaparece el delito de sedición. (...) Recuerda que "como primera justificación", la reforma señala las "imprecisiones normativas de la redacción del precepto" que obligan a precisar la conducta prevista, y reprocha, de nuevo con tono irónico, que en esta valoración "se prescinde de cierta perspectiva de indudable interés", como es el hecho que solo se ha aplicado una vez el delito de sedición desde que entró en vigor el denominado Código Penal de la democracia. "En consecuencia, difícilmente puede sustentarse --como apunta la exposición de motivos-- que la defectuosa definición descriptiva del tipo penal puede favorecer la represión penal de comportamientos democráticos y disuadir a los ciudadanos de ejercer sus derechos y libertades fundamentales, en concreto, algunos derechos como la libertad de expresión o la libertad de reunión", añade".

Sobrevolando los matices, en La Vanguardia Enric Juliana aprecia los riesgos adoptados por el Gobierno en general y Pedro Sánchez en particular. "Se la están jugando" es el titular de su ánalisis, que dice entre otras cosas que "cuando faltan once meses para las elecciones generales, el Gobierno ha puesto en manos de los jueces aspectos sustantivos de su política, sin haber podido pacificar previamente el Consejo General del Poder Judicial, después del frenazo de Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de octubre. Son modificaciones de la legislación penal que afectan al desenlace de la crisis política catalana, a la interpretación de algunos delitos de malversación (corrupción para la gente del común) y al castigo de los delitos de violencia sexual. En esos tres almacenes hay suficiente dinamita como para hacer saltar la legislatura por los aires. Estamos ante una temeridad que puede significar la derrota de la izquierda en las próximas elecciones generales. (...) Un código penal es un mecanismo complejo. El cambio de sola una pieza afecta inmediatamente a diversos engranajes, que deben ser reinterpretados. No son cambios regidos por un simple automatismo. En esa mecánica interviene la toga. Y las togas principales hoy están soliviantadas".

Juliana concluye su pieza de este modo: "El Gobierno tiene sus razones, pero no puede alegar ingenuidad. Ha abierto tres frentes judiciales vertiginosos --revisión de la piedra angular de la sentencia sobre el procés, revisión de determinados delitos de corrupción y revisión de los delitos de violencia sexual-- a un año de las elecciones, en un contexto de fuerte tensión con la magistratura conservadora, es decir, con la mayoría de los jueces".

Para que luego vaya Puigdemont y diga que no le vale, que la reforma es una chapuza y que él sigue a sus cosas en el cálido y confortable refugio de la campiña flamenca. 

El prófugo está de nuevo on fire, en lo alto de los titulares de la prensa. Como al poco de darse el piro. También está en boga el procés en el viejo continente. "El Parlamento Europeo insiste en la "injerencia" de Rusia en el separatismo catalán", advierte El Confidencial. En el sumario se añade que "un escrito de la Cámara comunitaria muestra su "preocupación" por la intromisión del Kremlin en el proceso y pide a los “parlamentos nacionales” que creen órganos que supervisen la manipulación de información". Escribe Antonio Fernández: "El separatismo catalán tenía detrás la mano de Vladímir Putin. Eso es lo que resalta un informe del Parlamento Europeo, que ha entrado en fase de enmiendas hasta el 31 de enero y que se llevará a pleno esta primavera para ser aprobado. La Cámara legislativa comunitaria “reitera su preocupación por las constantes revelaciones de financiación masiva rusa de políticos y partidos políticos en una serie de países democráticos, con el propósito de interferir en sus procesos internos; manifiesta su preocupación por la amplia injerencia de Rusia en el movimiento separatista de Cataluña”, dice el texto del informe".

Continúa Fernández: "No hay que olvidar que en octubre de 2017 Carles Puigdemont se llegó a entrevistar con oscuros personajes que decían operar en nombre de la Administración del Kremlin y que su círculo íntimo intentó contactar con los servicios secretos rusos y con el partido de Putin para poder negociar el apoyo de Moscú a una hipotética independencia de Cataluña. El propio jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, viajó en dos ocasiones a Moscú y se vio allí con exespías del FSB (el antiguo KGB), además de trabar confianza con Evgeni Primakov, nombrado en 2020 jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Kremlin (su abuelo había sido ministro de Exteriores ruso y jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, SRV). Fruto de esa labor de acercamiento a la Administración rusa fueron el trato exquisito que varios medios de comunicación controlados por Moscú, como Russia Today y Sputnik, dieron al expresidente catalán y la labor de desinformación de esos medios sobre el procés catalán. Puigdemont también se llegó a reunir en el hotel Kempinski, en Ginebra (Suiza), con un enlace del Kremlin en junio de 2019".

La nota de El Confidencial resalta además que "algunos portales independentistas catalanes son virulentamente prorrusos y destacan en sus informaciones noticias que perjudican cotidianamente a Ucrania en el conflicto entre los dos países del este. El Europarlamento pide, así, adoptar "más medidas para apoyar el periodismo independiente en zonas influidas por agentes extranjeros malintencionados como Rusia y China. Reitera, por tanto, su llamamiento para que se cree un fondo europeo de medios de comunicación democráticos a fin de apoyar el periodismo independiente en los países de la ampliación, los países de la vecindad europea y los países candidatos"".

A todas estas, "Solo un 4,2% de los catalanes cree que el ‘procés’ acabará con la independencia, según un sondeo", dice El País. Esta información estadística viene con la firma de Àngels Piñol, quien escribe que "una encuesta del Instituto de Ciències Polítiques i Socials de la Universidad Autònoma de Barcelona ha arrojado que solo el 4,2% de los encuestados cree que el procés acabará con la independencia. La cifra es la más baja de todo el histórico que alcanzó su mejor porcentaje en 2015 cuando el porcentaje se situó en el 17,1%. El 41,6% de las personas consultadas vaticinan que el procés concluirá con mayores cuotas de autogobierno o bien, con el mismo porcentaje, bien en nada. El informe, cuyo trabajo campo lo realizó la empresa demoscópica GESOP, se realizó entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre de 2022 sobre un universo de 1.200 personas".

Y: "Con un 47%, la mayoría de personas encuestadas muestran su preferencia de que se dote a Cataluña de más autogobierno mientras un 29,4% se inclinan por la secesión. Un 17% son las que quieren que se finiquite el procés. El informe recoge que la cuestión de la independencia sigue siendo vital para los ciudadanos a la hora de emitir su voto. Un 39% de los encuestados afirma que es “muy importante” para ellos la posición que tenga sobre la secesión el partido al que voten; un 25,3%, “muy importante” y solo un 15%, poco importante".

Más noticias. Shakira arrasa con su canción sobre Piqué y su pareja, Clara Chía. La letra es un auténtico delirio. Clara-mente, la música que sal-pica y esa producción de un tal Bizarrap en una especie de habitación de adolescente que vive en Internet. En las redes no se habla de otra cosa. La cantante se califica de Ferrari y Rolex y deja a la novia del exfutbolista a la altura de un Twingo o un reloj Casio. Y ojo al piojo con esta estrofa: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Desde el "Rata de dos patas" de Paquita la del barrio no se había visto cosa igual.

La plebe se relame con esa bronca interminable en público. La reconciliación entre la atómica expareja no parece ahora factible, pero cosas más extrañas se han visto. He ahí el caso de Tamara y Onieva.

13 de enero, santoral: Hilario de Poitiers, Agricio, Godofredo de Ilbenstad, Juta de Huy, Kentigerno, Pedro presbítero y mártir y Remigio de Reims.