Concluye el Puente de la Constitución y de la Purísima y sigue en curso la reforma del Código Penal, segunda entrega. De la sedición a la malversación con enmiendas republicanas al tipo delictivo de los desórdenes públicos agravados. La operación es de gran calado, una suerte de epílogo al proceso independentista que pondría el contador a cero. La "desjudicialización" era esto.
Socialistas, republicanos y podemitas afilan los lápices en intensas negociaciones para impedir agujeros y boquetes en el Código Penal como los causados por la ley del solo sí es sí. La intención en el caso de la malversación es que no se produzca una suelta de corruptos y que no se creen áreas de impunidad para el trinque de fondos públicos. Al tiempo, ERC se auto enmienda en el caso de los desórdenes públicos a fin y efecto de recoger las críticas de la otra parte del independentismo, que intuye en ese delito una especie de bala en la recámara a disposición de jueces y fiscales.
El Gobierno y el PSOE se manejan con pies de plomo, a la expectativa del impacto en la opinión pública de las rebajas de penas para conductas impropias sin lucro personal. Disquisiciones bizantinas que el equipo jurídico del Ejecutivo, comandado por el expeditivo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no pasa por alto.
Así y en la portada de El País se apunta que "Sánchez cambiará el plan de ERC pero rebajará la malversación". Es el titular que acompaña una nota de Carlos E. Cué respecto a lo que ocurrirá a partir de mañana: "El Gobierno afronta una semana delicada. El PSOE y Unidas Podemos presentarán mañana una enmienda transaccional que rebaja la pena de malversación cuando no hay lucro, pero matiza el texto de ERC para que las conductas de los líderes del procés, que usaron dinero público para financiar el referéndum ilegal de 2017, no queden impunes. El Ejecutivo no aclara la horquilla de la pena, pero sí que ese tipo de malversación se castigará por encima de los tres años de cárcel que plantean los republicanos y bastante por debajo de los ocho de la pena actual".
Y: "El ala socialista del Ejecutivo trabaja en una compleja negociación con sus socios de UP y con ERC para abordar esta reforma del Código Penal, que está provocando mayor rechazo externo e interno que la de la sedición. Tanto, que la ministra María Jesús Montero ha llamado en nombre del presidente Pedro Sánchez a todos los barones para garantizarles que los corruptos no saldrán beneficiados".
Más información se aporta en La Vanguardia: "PSOE y UP prevén un nuevo tipo de malversación que baja la pena a 4 años". El texto es de Lola García: "La iniciativa de ERC para reformar la malversación y beneficiar así a los dirigentes independentistas encausados por el procés no será la última palabra. Los dos partidos que integran el Gobierno de Pedro Sánchez, PSOE y UP, presentarán mañana una propuesta que consiste en añadir un nuevo tipo de malversación que penaliza el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, según ha podido saber La Vanguardia. Quienes incurran en ese nuevo delito podrán ser castigados a un máximo de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación. Así, se rebajaría la pena máxima aplicable a esos cargos procesados respecto al vigente Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación".
Continúa García: "El Gobierno considera que, de esta forma, no se deja ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve, que sería el de nueva creación antes mencionado, hasta el más grave, e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados, que también se incluirían, como el de enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimonial de más de 250.000 euros durante su mandato, que no puedan acreditar su origen, y que conllevaría hasta tres años de cárcel. Conscientes de la sensibilidad social sobre los delitos de corrupción, socialistas y morados tratan de evitar cualquier resquicio de impunidad. El objetivo es que ninguna actuación que suponga un desvío de fondos públicos, sea cual sea su destino, quede exento de castigo, aunque se distingan más supuestos y gradaciones".
Al hilo de estas disquisiciones, La Razón pasa de pantalla y repara en el próximo objetivo del independentismo. "Moncloa-ERC: pacto hacia la consulta", titula el diario de Planeta, donde Carmen Morodo añade más claves, entre ellas que la llamada mesa de diálogo o negociación no habría sido más que una cortina de humo para proteger la agenda negociadora entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat. Así arranca la crónica: "ERC cierra balance de esta Legislatura y da por alcanzadas todas las metas que se había fijado con el Gobierno de Pedro Sánchez. La reclamación de la amnistía ha formado siempre parte del juego floral, igual que la mesa bilateral de negociación que pone a la misma altura al Gobierno de la Nación y a la Generalitat de Cataluña. Pero la verdadera batalla se jugaba en otro marco y el independentismo de Oriol Junqueras está más que satisfecho con el balance de este primer mandato de la coalición. La negociación de la derogación del delito de sedición y de la rebaja de la malversación lleva meses urdiéndose en la sombra, con implicación directa de Moncloa y de Junqueras, y también con la participación de Jaume Asens, por la parte morada".
Y: "El viernes solo se puso en escena la obra de teatro, escrita mano a mano, para tratar de confundir a la opinión pública con la liebre del nuevo delito de enriquecimiento ilícito. En verdad, Oriol Junqueras tenía razón cuando antes de que se cerrase el acuerdo presupuestario contaba a sus interlocutores que había un pacto, que el pacto tenía dos patas, sedición y malversación, y que, a partir de aquí, en lo que se pone ERC es en trabajar para tratar de ampliar su mayoría social, con la idea de que si Pedro Sánchez aspira a una nueva investidura y necesita sus votos, el precio a pagar será entonces la consulta en Cataluña".
Quién también otea en lontananza una consulta independentista en Cataluña es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien entrevistado en El Mundo por Joaquín Manso y Juanma Lamet propone la convocatoria inmediata de elecciones. La idea tiene la misma pinta que la moción de censura de Abascal y Arrimadas, ese tipo de ensoñaciones tendentes a causar melancolía.
"Feijóo: 'Pido elecciones ya, el plan de Sánchez no tiene legitimidad'" es el titular principal de la entrevista, de la que extractamos las preguntas y respuestas de más relieve:
Joaquín Manso y Juanma Lamet en El Mundo
Pregunta: El viernes comenzaron los trámites para abaratar el delito de corrupción a petición de ERC y se eliminaron contrapesos básicos del Estado de derecho. ¿Estamos ante una operación de desmontaje institucional?
Respuesta: El Gobierno nos tiene acostumbrados a semanas esperpénticas, pero el viernes, en un solo día, descubrimos que no hay límites. Descubrimos que se deroga efectivamente el delito de sedición, y por lo tanto vamos a ser uno de los pocos países de la Unión Europea que se quede sin esta barrera para proteger al Estado. Y que se rebajan las penas al delito de malversación y, por tanto, hay dos tipos de corrupción: la buena, que es la que le interesa al Partido Socialista y a sus socios, y el resto. Además, se somete a un desmontaje la separación de poderes y la independencia judicial por dos vías. Una: se amenaza al Consejo General del Poder Judicial y se le hurtan las competencias para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Y otra: se le hurtan al Constitucional competencias constitucionales, como acreditar la idoneidad de las propuestas de magistrados. Esto acredita que no hay límites. Y ésa es la expresión legal del pensamiento político de un Gobierno que dijo que los jueces son unos 'fachas con toga' y que ahora lo concreta de forma explícita a través de las enmiendas que se convertirán, si alguien no lo remedia, en leyes. Por tanto, estamos en una situación inédita, con un Gobierno que no tiene límites y con un presidente que carece de los más elementales sentidos de Estado. Sí, efectivamente, estamos en una situación que yo no recuerdo. Recuerdo el golpe del 81, las décadas de plomo de ETA y la declaración de independencia en el 2017 en Cataluña, pero no recuerdo la toma de control y la intervención del poder judicial.
P: ¿Y qué propone el PP para contrarrestar eso?
R: En este contexto, con varios motivos de inconstitucionalidad en el asalto al Tribunal Constitucional, yo creo que ha llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya. En la situación en la que estamos, en la que la mayoría parlamentaria no coincide con la mayoría social y el Gobierno está asumiendo decisiones que no se sometieron a las urnas y que van en contra de los principios básicos de nuestra Constitución y de nuestra democracia, entendemos que esto debe ser consultado. Hay dos opciones. La primera, que Sánchez retire las modificaciones del Código Penal para desproteger al Estado. La segunda, que los españoles hablemos y que digamos si realmente queremos todo esto, que no está sometido a las urnas. Creo que es la solución más transparente y más democrática. Y si Sánchez está absolutamente seguro de que esa mayoría parlamentaria responde a la mayoría social, que consulte con la mayoría social. Yo estoy seguro de que la mayoría social va a decir que no. Y, por tanto, entiendo que lo mejor que podemos hacer en este momento, dado que en mayo tenemos unas elecciones, es hacer ya unas elecciones generales de forma inmediata.
P: ¿«Ya» significa en febrero o marzo?
R: Sí, inmediatamente. La situación de nuestro país ya no da para más. El presidente utiliza una técnica parlamentaria espuria para volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial por tercera o cuarta vez, coacciona a los jueces diciendo que incurrirán en responsabilidades penales, y le hurta competencias al Tribunal Constitucional. Y libera a los políticos corruptos de sus responsabilidades y desprotege el Estado con la derogación del delito de sedición. Eso necesita un refrendo legal. Eso necesita una consulta.
P: No hay ninguna encuesta que niegue la evidencia de que para sumar una mayoría de gobierno usted necesitaría hoy por hoy los votos de Vox. ¿Qué relación quiere mantener con el partido de Santiago Abascal? Es algo que no acaba de quedar claro...
R: Mi relación con todos los partidos políticos, salvo Bildu, es una relación de respeto. Yo no tengo inconveniente en discutir con un partido independentista como ERC, pero ERC no me va a condicionar y a chantajear. Miren lo que les voy a decir: sería menos grave indultar a los condenados del procés que eliminar del Código Penal los delitos de sedición y malversación.
P: Pero le habíamos preguntado por su relación con Vox y usted ha contestado otra cosa. ¿Es que la posibilidad de formar una mayoría con Vox le hace sentir incómodo?
R: En la situación en la que estamos ahora, eso no forma parte de mis prioridades. Reitero cuál es el proyecto: el que hemos ensayado en primer lugar en Galicia, en Madrid con grandes resultados y en Andalucía. Ese es nuestro modelo. Nosotros respetamos a Vox, por supuesto. Pero nuestro objetivo, sin duda, es que los votantes de Vox se den cuenta de que, cuanto más fraccionamiento del centroderecha haya, menos posibilidades de ser una alternativa real y contundente tenemos, una alternativa que realmente saque del Gobierno a una persona que ha perdido el sentido de Estado, si es que alguna vez lo ha tenido.
P: ¿Cree que el Gobierno planteará un referéndum en Cataluña?
R: Todo va encaminado a que el Gobierno facilite un referéndum que llamará consultivo. Me ha costado una noche de reflexión decir que creo que es el momento para pedir elecciones anticipadas.
P: ¿El PP puede concurrir en Cataluña en una plataforma con otras marcas y con la sociedad civil?
R: El PP no renunciará a sus siglas. Lo que sí digo es que hemos de experimentar para ver qué posibilidad tenemos en Cataluña de construir un espacio constitucionalista. Los primeros que lo han de plantear son mis compañeros en Cataluña, pero ellos saben lo que yo pienso. Entiendo que el PP debería de estar en disposición de hacerlo con otras marcas. Tenemos que enviar una herramienta política a todos los que se sienten catalanes y españoles, españoles y catalanes.
Es decir, elecciones, ambigüedad respecto a gobernar con Vox y la posibilidad de una plataforma constitucionalista en Cataluña.
Mientras tanto, las organizaciones paralelas del independentismo, las entidades civiles, se descuajeringan en una sucesión de batallas y batallitas internas con episodios de lo más chusco. He ahí el caso de un tesorero de Òmnium del que el e-notícies explica que se lo llevó crudo: "L'extresorer d'Òmnium a les Terres de l'Ebre va apropiar-se de més de 58.000 euros de l'entitat per pagar despeses personals, segons ha fet públic la junta territorial. Una investigació interna ha revelat que Xavier Blanch, qui ocupava el càrrec des de 2011, havia repetit aquesta pràctica durant, com a mínim, els últims vuit anys".
O la dimisión de la junta del Consell de la República de Sant Cugat que refiere Júlia Catarineu en El Món: "La junta del Consell local de la República a Sant Cugat ha dimitit de manera conjunta i per unanimitat després de publicar una carta a la qual ha tingut accés El Món, on expressaven el seu descontent davant les metodologies i els pocs resultats que s’han obtingut durant els anys de lluita dins del Consell de la República. “Vagi per endavant que el Consell ens el vàrem creure i que entenem que la situació actual ve motivada per la negativa a formar part del Consell d’una part important de l’independentisme, però considerem que així no anem enlloc”, han explicat els membres de la junta de Sant Cugat en la carta. Aquest document va ser enviat fa una setmana i de moment el Govern del Consell de la República encara no s’ha posat en contacte amb els participants ni ha fet declaracions públicament".
Deportes. Nueva sorpresa en El Mundial. Marruecos apea a Portugal por la vía de plantar un autobús en su portería. Próxima estación, Francia-Marruecos, otro derbi. En la otra parte del cuadro, Argentina-Croacia. Los ilusos sueñan con una final entre Croacia y Marruecos.
11 de diciembre, santoral: Dámaso I papa, Daniel Estilita y Victorico.