El Gobierno tiene prisa por cerrar el capítulo de la "desjudicialización" de la política catalana. Con un ojo puesto en las encuestas, el Ejecutivo de coalición quiere aprobar todas las asignaturas pendientes en la convocatoria de diciembre y afrontar sin pesadas mochilas el año electoral, un 2023 plagado de comicios y con la presidencia de la UE en el segundo semestre. El presidente Pedro Sánchez está ejerciendo un liderazgo práctico, sorteando con agilidad los charcos que monta la parte podemita del Gobierno y negociando con ERC sobre una agenda que tiene varios nombres, entre ellos reconciliación y desinflamación.
La ventana de oportunidad es el proceso de disolución del frente unitario del independentismo. La melancólica manifestación de la ANC del pasado martes supuso la culminación de una deriva muy lejana. ERC y los de Puigdemont ya estaban a tortazos antes del 1-O del 17, pero el espejismo de la independencia tapaba todas las tensiones, traiciones y dejaciones. Cinco años después, también han partido peras los arietes "cívicos" del independentismo, la Assemblea, atenazada por el pintoresco liderazgo de Dolors Feliu y Jordi Pesarrodona, y Òmnium, entidad que se ha zafado de Cuixart en favor de Xavier Antich. No hay comparación posible en términos de consistencia entre el hombre del mullet y el profesor de filosofía.
En medio de ese contexto, la mesa de negociación entre el Gobierno y el Govern progresa adecuadamente, según sus promotores. Tras eliminar la sedición toca reformar el delito de malversación, proyecto que de concluir con éxito evitaría que al menos doce altos cargos de ERC tuvieran que ingresar en la trena, según un titular de El País.
En la competencia, El Mundo, una pieza con las firmas de Raúl Piña, Marta Belver e Iñaki Ellakuría arroja claves y pistas sobre la operación activada públicamente el martes por el propio Sánchez, quien "empujó a ERC a enmendar la malversación ya para eliminar 'ruido' en periodo electoral". Así lo cuentan los citados periodistas: "ERC confirmó este miércoles el guion sobre la malversación adelantado por Pedro Sánchez en los festejos oficiales de la Constitución. Los republicanos presentarán este viernes en el Congreso la enmienda -no se precisó el contenido- para reformar ese delito dentro de la modificación del Código Penal para derogar la sedición. Una nueva exigencia independentista puesta sobre la mesa de negociación bilateral que asume el Gobierno. Pese al malestar que genera en el PSOE, incluso las dudas que suscita entre los socios de gobernabilidad, el presidente del Gobierno acelera la agenda legislativa más polémica para despejar el horizonte, antes de fin de año, de los asuntos que pueden generar desgaste".
Continúa el texto: "Así, confían en La Moncloa, pueden iniciar 2023 cabalgado sobre buenas perspectivas: contención de la inflación, subida moderada del PIB, incremento del SMI y prórroga de medidas sociales anticrisis -batería para frenar precios de los alimentos, como elemento novedoso-. Y para eso Sánchez quiere quitar del camino piedras, como la malversación, que puedan provocar tropiezos o 'ruido' para iniciar el nuevo año ya en modo electoral. Moncloa precipita así sus compromisos de 'desjudicialización' con ERC. La negociación se armó tras la crisis del caso Pegasus, el espionaje por parte del Estado a líderes independentistas. Aunque el Ejecutivo negaba negociación alguna, ésta ha sido permanente, un 'trabajo fino' de meses, dicen fuentes gubernamentales. 'Ser discretos' era la máxima que siempre defendió ERC en este asunto, de ahí que sorprendieran las alas que públicamente siempre ha dejado, de manera premeditada y estudiada, Pedro Sánchez".
Con la experiencia de las consecuencias no previstas de la ley del solo sí es sí, en El Independiente aseguran que "Penalistas esperan un aluvión de revisión de sentencias si se modifica el delito de malversación". Escribe Carmen Lucas-Torres: "La reforma del delito de malversación a la que se ha abierto el Gobierno a través de una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la modificación del Código Penal supondrá, en caso de prosperar con el apoyo de una mayoría del Congreso, un aluvión de peticiones para revisar sentencias similar al ocurrido con la ‘Ley del sólo sí es sí’. Así lo consideran penalistas económicos consultados por El Independiente, quienes ven '¡imposible' que una reforma de dicho delito centrada en la distinción entre el lucro personal y el uso irregular de fondos públicos sin ese beneficio propio no suponga un retroceso en la lucha contra la corrupción, como aseguró este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".
Sigue la nota: "Esa reforma 'quirúrgica', impulsada por ERC en beneficio principalmente de su líder Oriol Junqueras, condenado en la sentencia del procés por sedición y malversación, estaría centrada en rebajar las penas para el desvío del patrimonio público cuando no sea en beneficio propio. Después del anuncio de Sánchez, ministras de su gobierno como Pilar Alegría (Educación) y la jueza Margarita Robles (Defensa), han defendido que la reforma está destinada a continuar con el proceso de 'pacificación' en Cataluña y que habrá 'líneas rojas' con la corrupción, que no supondrá un 'coladero' de ésta. Sin embargo, los expertos en Derecho Penal económico consultados por este periódico lo ven muy difícil".
Y: "En el año 2015, el Partido Popular, con su mayoría parlamentaria, modificó el Código Penal al estilo alemán, estableciendo una distinción dentro del delito de sustracción indebida de caudales públicos entre la apropiación indebida y la administración desleal. Se trasladó al funcionariado público la posibilidad de cometer delitos en los que hasta el momento incurrían los particulares que hicieran un mal uso del patrimonio de su empresa. La pena para quienes provocan un perjuicio al patrimonio (en beneficio personal o no) superior a 250.000 euros aumentó de 8 a 12 años".
Noticias de sociedad. "Los catalanes aguardan un 18% más en listas de espera que los pacientes de Madrid", apunta en su cabecera este diario, Crónica Global. La información es de Ignasi Jorro, quien escribe: "Las movilizaciones convocadas por los sanitarios de atención primaria en la Comunidad de Madrid se han extendido a otras autonomías, donde algunos parámetros de la sanidad pública son incluso peores que en la capital. Es el caso de Cataluña, donde los pacientes aguardan un 18% más de tiempo en lista de espera que los de la región que dirige Isabel Díaz Ayuso. Lo demuestran los datos públicos del Ministerio de Sanidad para los últimos cinco años, de 2017 hasta junio de 2022, a falta de los datos de diciembre. Según estas estadísticas, el tiempo medio en lista de espera en Cataluña es de 62 días, por solo 51 días en la Comunidad de Madrid".
Continúa Jorro: "Más grave si cabe, el tiempo en lista de espera para procesos seleccionados en la sanidad pública catalana es mucho mayor que en Madrid. Según los datos del ministerio de Carolina Darias (PSOE), los pacientes catalanes esperan una media de 121 días para someterse a una de las cirugías consideradas prioritarias. Por el contrario, en Madrid la demora media es de 67 días, o el 44% menos que en Cataluña. Cabe recordar que las operaciones con tiempo garantizado son aquellas que revisten importancia, según un decreto de 2011. Se trata, de forma principal, de las cirugías coronarias, las cataratas o las prótesis de rodilla o cadera".
El Govern mira para otro lado, de momento, a pesar del anuncio de huelga de los médicos de Cataluña, que acusan los mismos problemas que se denuncian en Madrid o en Andalucía. Y es que la especialidad del ejecutivo que preside Pere Aragonès es echar balones fuera y la culpa de todo a España, el Gobierno, el Estado, la monarquía o Isabel Díaz Ayuso. Ayer mismo, tras el choque de dos trenes con un balance de 155 heridos, Aragonès no tardó ni dos minutos en tratar de sacar tajada política del suceso y atribuirlo a la dejadez y la falta de inversiones.
Los golpes de Estado son tendencia y material fresco para los medios en medio del largo puente de la Purísima. El primero, en Perú, donde el ya expresidente Pedro Castillo trató de cerrar el parlamento del país para evitar su destitución. La arriesgada maniobra, que no contaba con el apoyo de los militares, se ha saldado con la detención de Castillo, apodado "sombrero luminoso". Lo cuenta en el Abc la corresponsal en Lima, Paola Ugaz: "Tal como hizo Alberto Fujimori en 1992, el presidente del Perú, Pedro Castillo, disolvió este miércoles el Congreso y anunció nuevas elecciones, pero a diferencia de 1992 esta vez las Fuerzas Armadas le quitaron su respaldo y lo dejaron solo. Frente a esto, el Congreso decidió seguir adelante con la tercera moción de censura en contra del presidente y esta vez sí salió adelante, apoyada por 101 votos, que lo descabalgaron del poder. Y a continuación anunciaron el nombramiento de la vicepresidenta, Dina Boluarte, como su sucesora y primera mujer que liderará el país. Mientras esto ocurría en el Congreso, el mandatario era detenido por el delito de sedición tras abandonar el Palacio de Gobierno con su familia".
Sigue la pieza: "Toda esta cadena de hechos tuvieron lugar después de que Pedro Castillo anunciara este miércoles por la mañana la disolución del Congreso, un hecho que atropellaba el artículo 34 de la Constitución y configuraba el delito de sedición, que ocultaba sus verdaderas intenciones: huir asilado a México y escapar así de la Justicia que lo investigaba por seis casos de corrupción. Después del discurso donde disolvió el Congreso, Castillo salió con su familia de Palacio de Gobierno camino de la Embajada de México en Lima, momento en el cual fue detenido por cometer el presunto delito de sedición castigado con una pena de entre 10 a 20 años. En un solo día el Perú fue testigo de una vorágine de acontecimientos en el que Pedro Castillo pasó de presidente a reo en la Prefectura de Lima".
El segundo golpe se abortó en Alemania, donde han sido detenidos 25 ultras, entre ellos una juez de Berlín y un príncipe tronado, según cuenta en La Vanguardia María-Paz López: "La policía alemana ha detenido este miércoles de madrugada a 25 miembros de un grupúsculo de extrema derecha y de simpatizantes de teorías conspirativas que, según medios alemanes, preparaba algún tipo de golpe o acción armada. La Fiscalía Federal ha confirmado en un comunicado que la redada, en la que participaron 3.000 agentes y que incluyó el registro exhaustivo de viviendas, se llevó a cabo en once de los 16 länder (estados federados) que tiene Alemania".
Y: "Se trata en su mayoría de miembros del Reichsbürger (Ciudadanos del Reich), movimiento de alemanes que no acatan la Constitución alemana ni reconocen a la República Federal y rechazan su ordenamiento jurídico, y de partidarios del llamado pensamiento lateral (Querdenken), que creen en teorías de la conspiración. Los fiscales dijeron que los presuntos cabecillas, identificados solo como Heinrich XIII P.R. y Rüdiger V.P., están acusados de haber fundado el año pasado una 'organización terrorista cuyo objetivo era derrocar el orden estatal existente en Alemania y reemplazarlo con su propia forma de Estado, que ya estaba en proceso de fundación'".
8 de diciembre, santoral: Inmaculada Concepción de María, Eucario, Macario, Patapio, Romarico, Sofronio y Teobaldo de Marliaco.