El presidente del Gobierno avanza con paso firme en el último año de legislatura a pesar de las discrepancias en el seno de la coalición. La ley trans en el apartado de la autodeterminación de género entre los 14 y los 16 años es la causa del último choque entre la titular del ministerio de Igualdad, Irene Montero, y la titular del ministerio de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Que se apelliden igual facilita cierta confusión y da pie al tipo de bromas que se perpetran en la edad del bachillerato, como eso de Forocoches de mandar un mariachi a la sede del ministerio de Irene Montero para cantar el "Rata de dos patas" de Paquita la del barrio.
La ministra de Igualdad está bajo el foco y acapara gran atención mediática, al punto de que se erige en alternativa a la vicepresidenta Yolanda Díaz como candidata de la izquierda a la izquierda del PSOE. La guerra sorda entre la parte de Izquierda Unida y la parte de Podemos se libra sin cuartel y no se hacen prisioneros. Los desperfectos de la ley del solo sí es sí siguen menudeando en los medios, pero el escándalo ya está digerido y en trance de pasar al olvido.
Sánchez ya cambió de pantalla y ha vuelto a la de la renovación de la cúpula judicial. Por lo pronto, ya ha designado a los dos magistrados que le corresponden por cuota en el Tribunal Constitucional, según anuncia El País en lo alto de su portada con este titular: "Pedro Sánchez renueva el Constitucional con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo". En el sumario da también el nombre de Laura Díez, exalto cargo en Moncloa y catedrática de Derecho Constitucional. El texto es de Carlos E. Cué: "El Gobierno designará hoy a Juan Carlos Campo, magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el ministerio de Presidencia y catedrática de Derecho Constitucional, para cubrir lo puestos que le corresponden en el Tribunal Constitucional. El bloqueo que desde hace cinco meses imponen ocho vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial para designar a otros dos magistrados de la institución ha forzado al Ejecutivo a tomar la iniciativa".
Y: "El Constitucional, ahora con mayoría conservadora (seis magistrados frente a cinco) deberá decidir si esa renovación se puede hacer efectiva, dado que la ley fundamental establece que se tiene que hacer por tercios (cuatro magistrados cada tres años). La entrada de Campo y Díez cambia la mayoría en el Tribunal, que durante los últimos nueve años fue conservadora y ahora será progresista".
O sea, que Sánchez propone pero está por confirmarse que sus señorías del Constitucional acepten la renovación.
Al ciudadano del común le preocupa la composición del Tribunal Constitucional lo justo, pese a lo que dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre el contenido de las conversaciones en el transporte público. Y si no se habla de los jueces, tampoco las pensiones son un tema candente en los vagones del Metro, a pesar de que la cuestión afecta a casi todo el mundo.
En ese plano hay novedades. "Escrivá propone elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión y elegir los mejores 28 años de cotización", apunta el Abc. Escriben Susana Alcelay y Gonzalo D. Velarde: "El Gobierno ha propuesto a patronal y sindicatos una versión casi definitiva de la ampliación del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión. Una de las medidas que forma parte de la segunda pata de la pensiones que debería de estar aprobada antes del 31 de diciembre.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a los agentes sociales elevar de 25 a 30 años el periodo para calcular la pensión, con una salvedad, se podrán elegir los mejores 28 años de cotización. La ampliación tendrá un periodo transitorio entre 2027 y 2038. El Ejecutivo ha trasladado la oferta a los agentes sociales tras más de dos meses de puertas cerradas sin mantener comunicación sobre los puntos que se incorporarán en la segunda parte de la reforma de pensiones. En este sentido, Escrivá habría comunicado a empresarios y sindicatos que la senda de destope de cotizaciones máximas se extenderá hasta 2050, y que la pensión máxima no subirá en la misma proporción. «La pensión máxima subirá moderadamente hasta 2050», trasladan fuentes cercanas a la negociación".
Continúa la pieza: "Según apuntan fuentes de la Seguridad Social, también se incluye en esta propuesta de ampliación del periodo de cálculo la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres «y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género». Además, señalan estas fuentes que también se mejorará el tratamiento de las lagunas de cotización para los autónomos".
En España, el país más templado del balneario europeo, el verano terminó hace unos diez días y ha dado paso a un invierno gélido. La población lleva el miedo a las facturas en el cuerpo y no sabe si encender la calefacción o embutirse en ropa de abrigo como si fuera una cebolla. "El gas está garantizado en Europa hasta febrero o marzo", dijo ayer en La Razón la vicepresidente Teresa Ribera. También apunto que en España "no hay un problema de desabastecimiento, sino de precio del gas". Otro Mediterráneo descubierto. La crónica en el diario de Planeta es de Javier de Antonio, quien escribe: "«Es muy difícil que en España tengamos un problema de suministro de gas este invierno. Lo que sí puede haber es un problema de precios». Y en el caso de Europa, tampoco se una situación crítica, porque «el suministro está garantizado hasta febrero o marzo», pero sí que ha avisado de que «los problemas pueden llegar después» de esa fecha. Así se expresó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la sede de la La Razón, en la que fue la protagonista del estreno de un nuevo formato denominado «Conversaciones con...». En un tono distendido pero minucioso, Ribera no esquivó ninguna cuestión y respondió una a una cada una de las cuestiones planteadas, empezando por el tope al gas, sobre el que defendió que «en España contamos con un sistema mucho más estable que en Europa, por nuestra capacidad regasificadora y por nuestro gran desarrollo en energías renovables». La ministra aseguró que nuestro país dispone de almacenes de gas al 95%, lo que otorga «flexibilidad y confianza», ya que «no hay una preocupación por el acceso a la materia prima energética ni por la producción de electricidad»".
Sigue la pieza: "También volvió a recordar que desde Europa se deben tomar medidas paliativas para que el alto precio de la energía impacte lo menos posible en nuestro tejido empresarial o en los hogares. Por ello, cree que se deben activar «medidas más estructurales» para encontrar y desarrollar otras opciones de energías y gases renovables. «Hay que evitar las tensiones en el corto plazo, aunque nos afecte de manera indirecta a nivel de precio. Pero soy optimista en cuanto al control del precio del gas», aunque admitió cierta preocupación por las diversas opiniones dentro de la UE.
La actividad legislativa y las discrepancias en el seno del Ejecutivo también son registradas por los medios. "Las leyes trans, 'mordaza' y de vivienda ponen a prueba el pacto de legislatura en su recta final", avisa El Diario. El titular abraza una crónica de Irene Castro y José Enrique Monrosi: "174 normas aprobadas en el Congreso. Esa es la cifra a la que se acoge el Gobierno cuando surgen conflictos dentro de la coalición o con sus socios parlamentarios para presumir de que las cosas acaban saliendo pese al ruido. En Moncloa tienen, además, el convencimiento de que a finales de año se superarán las previsiones de cumplimiento del acuerdo programático que suscribieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 y que se situaba en el 62,6%. No obstante, hay algunas de las medidas 'estrella' de ese documento que al Gobierno se le resisten y que pondrán a prueba ese pacto cuando llega la recta final de la legislatura".
Continúa el texto: "“Hemos entrado en una dinámica preelectoral”, reflexiona un alto cargo socialista, que ve cómo las negociaciones de las leyes bandera del Gobierno se ponen cuesta arriba y amenazan con atrancarse, a pesar de que la intención anunciada por Sánchez era pisar el acelerador antes de que acabe el año precisamente para sortear al máximo los intereses electoralistas de los distintos actores implicados. Este mismo lunes se produjeron dos nuevos desencuentros. Por una parte, Unidas Podemos se desmarcó de la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar el periodo para calcular la pensión de los 25 a los 28 años. “No compartimos nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones”, sostienen desde la vicepresidencia segunda, que dirige Yolanda Díaz. Y al filo de la medianoche, un nuevo encontronazo. El ministerio de Derechos Sociales informó a última hora que finalmente la Ley de Familias no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, algo de lo que responsabilizó directamente al PSOE y al ministerio de Presidencia. “El Ministerio de Derechos Sociales se muestra preocupado por los constantes retrasos a esta norma por parte del ala socialista, ya que considera que es muy urgente para las familias españolas que actualmente no reciben todo el apoyo que necesitan ni a la conciliación, ni a la crianza”, puntualizaron fuentes del departamento de Ione Belarra".
Otras noticias. El Mundo anuncia a sus lectores que el Rey Emérito ha resuelto sus problemas con Hacienda, según la información que signan Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay y que dice así: "El Rey Don Juan Carlos ha alcanzado un acuerdo con la Agencia Tributaria para cerrar la inspección que le fue abierta por el regalo de cacerías tras su abdicación. El monarca ha aceptado una propuesta de sanción administrativa cursada durante las últimas semanas por Hacienda, que sostiene que debió declarar los desplazamientos en avión con los que le obsequiaron diversos empresarios para asistir a numerosas jornadas cinegéticas. En concreto, ha firmado un acta de conformidad con la Agencia Tributaria".
Y: "El Rey Emérito zanja de esta forma el último fleco que le quedaba con el Fisco español tras las regularizaciones voluntarias que realizó por importe de algo más de cinco millones para evitar ser acusado de varios delitos fiscales y que fueron validadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Tal y como reveló en exclusiva El Mundo el pasado mes de junio, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria abrió un nuevo procedimiento inspector contra el monarca, esta vez por la vía administrativa, por el cual se le requirió formalmente que acreditara a cuántas cacerías había acudido tras dejar de ser jefe del Estado, concretamente entre los ejercicios 2014 y 2018, y quién había abonado los gastos correspondientes, principalmente el de los vuelos privados. En concreto, se ha investigado si Don Juan Carlos tuvo un incremento patrimonial no justificado cuando ya no era jefe del Estado y, por lo tanto, no estaba protegido por la inviolabilidad que llevaba aparejada su cargo. Según informan fuentes próximas a las pesquisas a este periódico, los inspectores han concentrado su interés en los vuelos privados con los que Don Juan Carlos acudió a dichas jornadas de caza al tratarse de las operaciones de mayor importe y le han requerido que regularice los importes correspondientes".
Internacional. Siguen las protestas en China. Los ciudadanos se han hartado de la política "covid cero" mientras la televisión china censura las imágenes de los graderíos qataríes porque el público no porta mascarilla. Quienes se atreven a protestar lo hacen enarbolando folios en blanco. Según los sinólogos, no es previsible que Xi Jinping afloje.
29 de noviembre, santoral: Saturnino, de Tolosa y de Cartago. Álvaro Pelagio, Brandán, Demetrio, Filomeno, Iluminada, Jacobo obispo, Paramón y Radbodo.