Sánchez, en modo Churchill, y el octubrismo rebotado

La palabra sedición aguanta firme en los titulares principales. Son los ecos de la reforma del Código Penal, la eliminación del delito de sedición y la aparición de los desórdenes públicos agravados. Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso, se erige como el autor de los cambios y apunta que el cargo de malversación que pende sobre condenados, fugados y encausados pendientes de juicio también podría ser modificado en el trámite parlamentario, lo que en el PP se malician que es una pista de aterrizaje para el retorno de Puigdemont, uno de los pocos flecos que restan para dar por finiquitado el proceso independentista en Cataluña.

Trompetería y percusión en la derecha, cuyos estrategas ponderan cómo estirar la goma hasta la campaña propiamente dicha de las próximas elecciones municipales y autonómicas. En el PSOE, en cambio, entienden que el asunto se agotará en Navidad o antes incluso. El presidente del Gobierno es el gran protagonista del domingo. Le caen palos y bendiciones casi a partes iguales. El líder socialista cita al socorrido Churchill. Los políticos tienen que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Tal vez se le ocurriera el aserto cuando el electorado británico le dio la espalda en las primeras elecciones después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que reformar un Código Penal no es lo mismo que ganar una guerra.

Alude Sánchez a Churchill en la entrevista que concedió a La Vanguardia el viernes y que el diario barcelonés publica en su edición dominical. El texto lleva las firmas del director Jordi Juan y de Lola García, directora adjunta. "Existe una amenaza real de un cambio de gobierno a posiciones reaccionarias" es la frase elegida para el titular de portada. Esa "amenaza real" es lo que constatan con insistencia las encuestas, aunque en las últimas catas demoscópicas, el efecto Feijóo tiende a evaporarse confundido con la cruda realidad. 

En las siguientes preguntas y respuestas Sánchez aporta en el citado La Vanguardia algunas de las claves de la operación apaciguamiento: 

Pregunta: ¿Por qué se ha decidido suprimir la sedición y se ha creado el delito de desórdenes públicos agravados?

Respuesta: Es un compromiso de investidura. Siempre dije que estábamos decididos a homologar este delito con las principales democracias europeas. En las últimas semanas, hemos conocido que distintos grupos políticos eran favorables, y por eso lo hemos planteado. Es un paso por la concordia en Catalunya. Una de mis mayores satisfacciones como presidente es ver que hoy en Catalunya prima la convivencia y no la confrontación.

P: ¿Se facilita así que Marta Rovira regrese y pueda presentarse a las elecciones, o también Oriol Junqueras?

R: En absoluto. El objetivo es ser conscientes de que, desde el punto de vista penal, teníamos unas sanciones que no se compadecen con las de las principales democracias europeas. Alemania suprimió el delito de sedición en 1970 y en nuestro Código Penal se redactó en 1822. En segundo lugar, como presidente, siempre he apostado en Catalunya por el cumplimiento estricto de la ley y la Constitución, y por medidas de distensión para superar el desgarro nacional que supuso la declaración unilateral de independencia del 2017. Desde luego, los delitos no desaparecen. Carles Puigdemont, cuando tenga que comparecer, que comparecerá, estoy convencido de ello, ante la justicia española, tendrá que rendir cuentas de los delitos cometidos en el 2017.

P: Y de cara al futuro, para que la gente lo entienda, si ahora el Gobierno de Catalunya plantea un nuevo referéndum o una declaración de independencia, ¿qué consecuencias penales tendría?

R: Las penas se homologan con Europa, pero el delito de desórdenes públicos agravados, que es parecido en otras democracias europeas, permitiría que fueran castigados por la justicia. En todo caso, es importante extraer lecciones de lo que pasó, y una de las principales es que la política tiene instrumentos como el artículo 155 de la Constitución, por ejemplo, para intervenir en una situación como la que se vivió en el Parlament de Catalunya en septiembre del 2017 con las leyes de desconexión. Pero lo importante es que la situación en Catalunya es rotundamente mejor ahora que en el 2017. Y lo que tiene que hacer un responsable político es siempre contribuir a la concordia y la convivencia. Es evidente que habrá nostálgicos de la confrontación, pero yo, como presidente, formo parte de una inmensa lista de españoles y españolas, muchísimos catalanes, que abogamos por la convivencia.¿No tiene miedo de que se envíe el mensaje en el resto de España de que desafiar al Estado sale casi gratis? P: ¿Cómo lo va a explicar a mucha gente que considera que lo que pasó fue un golpe de Estado? ¿Se está debilitando al Estado ante una eventual amenaza?

R: El presente y el futuro de Catalunya se llama convivencia. La confrontación es el pasado. Pero que los líderes independentistas hayan estado más de cuatro años en prisión ¿no es algo que ha supuesto un coste personal para ellos? Que tengamos líderes fugados en otras partes de Europa ¿no supone también un coste personal y familiar para muchos de ellos y sus familias? E insisto, no estamos despenalizando lo que sucedió en el 2017.

P: A seis meses de elecciones, ¿no tiene la sensación de que se la juega? ¿Se ha planteado que no le conviene esta decisión?

R: Churchill decía que los políticos tenemos que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Pues estamos pensando en las próximas generaciones de catalanes y de españoles que no se merecen volver a sufrir lo que sufrimos en el 2017. Además, el principal cometido de cualquier dirigente en un contexto como el actual es no polarizar. El bolsonarismo, el trumpismo, que por desgracia también circulan en la política española y la catalana, no son la solución. La convivencia no tiene coste. Lo que tiene coste fueron esos diez años de confrontación política. Este Gobierno heredó una situación de la anterior administración –no provocada por ellos, ya que evidentemente fue el independentismo el que la provocó–, porque el Partido Popular no puso en marcha medidas para encarrilar una crisis que desembocó en una declaración unilateral de independencia. Yo no quiero que el próximo inquilino de la Moncloa herede una situación tan dramática de fractura territorial y social como la que yo heredé de Mariano Rajoy. Y en ese sentido, reprocho al PP que continúe utilizando la confrontación territorial como un instrumento más de desgaste político al Gobierno y no de solidaridad y de corresponsabilidad.

Al margen de las explicaciones del presidente del Gobierno, en la capital del Reino hay dos corrientes de fondo respecto a la reforma del catálogo delictivo. En El País se sostiene que la espantada del PP en las negociaciones sobre la renovación de los órganos judiciales activó la negociación para eliminar la sedición. El Mundo, por contra, sostiene que el Gobierno mantenía dos negociaciones paralelas.

En el diario de Prisa escriben al respecto C. E. Cué y C. S. Baquero: "Lo habían hablado muchísimas veces desde las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020. El PSOE aceptaba reformar la sedición, pero no había acuerdo sobre cómo hacerlo. ERC quería la eliminación total de la figura. Los socialistas insistían en que los comportamientos del procés tenían que ser un delito, aunque con penas inferiores a los 15 años del actual Código Penal. Así pasaron los meses. Con fuertes altibajos en la relación. Mientras tanto, el Gobierno intentaba negociar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A punto de cerrar un acuerdo, el líder popular exigió a Sánchez que no reformara la sedición como condición para cerrar el pacto del CGPJ. Pero el efecto fue el contrario. Los socialistas estaban más decididos que nunca. ERC recogió el guante. Y empezaron a negociar en serio".

Y ahora la versión del periódico de Unedisa, con la firma de Juanma Lamet: "El Mundo ha accedido a pruebas escritas que muestran cómo el Ejecutivo, en plenas negociaciones para el desbloqueo judicial, dio a entender al PP que no relajaría por ahora la calificación de los delitos del procés. Hace menos de un mes, cuando Esteban González Pons y Félix Bolaños discutían los últimos flecos, comenzaron a aparecer en prensa informaciones que apuntaban a una rebaja sustancial de las penas de la sedición. El PP se puso en guardia. Pons le trasladó al ministro de la Presidencia que sería imposible pactar el CGPJ si en paralelo se estaba preparando esa reforma".

Sigue la nota: "Los whatsapps que contestó Bolaños, a los que ha tenido acceso este diario, acreditan que el ministro le trasladó al vicesecretario popular que no se estaba ultimando la reforma, ni mucho menos. 'No hay nada de la sedición', aseguró el ministro el día 26 por la noche. O sea, el día antes de que Sánchez confirmase lo contrario. Éste fue el mensaje más importante de cuantos intercambiaron. El ministro añadió que las noticias sobre la sedición eran 'periodismo de autor', dando a entender que tenían un alto porcentaje de literatura. O, directamente, 'mentira'. De hecho, el mensaje completo en respuesta al enlace de una noticia es 'Y una no noticia, no hay nada de la sedición»'. O sea, presentó como desinformación lo que apenas unas horas después Sánchez confirmó al 100% a Feijóo".

El sector octubrista del independentismo refuta que los cambios en el Código Penal vayan a despenalizar nada de lo que tenga que ver con su causa. Antes al contrario. El mundo de JxCat, Waterloo y la ANC se malicia que los desórdenes públicos agravados son un balón de oxígeno para los líderes políticos, pues la pena máxima por los "hechos" de septiembre y octubre del 17 pasa de quince a cinco años, pero deja a los manifestantes a los pies de los caballos. ¿Qué les pasaría a quienes participan en la toma de un edificio?, se preguntan en la ANC, que ha convocado una manifestación en contra para el día de la Constitución.

Toni Comín es el protagonista de la entrevista dominical de El Nacional, que firma Marta Lasalas. Al prófugo le parece "irresponsable y frívolo que Aragonès haga triunfalismo con la reforma de la sedición". También opina que "para el independentismo es una muy mala noticia, porque se acaba de ampliar la base de la represión". Ahí van las preguntas y respuestas más mollares: 

Pregunta: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma que se han acabado los santuarios y que con esta reforma harán volver a los exiliados. ¿Qué le parece esta valoración?

Respuesta: Es absolutamente indigno de un demócrata utilizar la terminología que se utilizaba para al caso de una banda terrorista. Me parece una vergüenza. Tendría que dimitir este señor, sólo por esta razón, está comparando un gobierno pacífico con una organización terrorista. Es de una gravedad máxima. La segunda cuestión es que ya se ve cuál es la intención del PSOE con esta reforma, facilitar nuestra extradición, acabar con el exilio. Me parece muy grave que alguien desde el independentismo catalán pueda salir a aplaudir una reforma que tiene como objetivo judicializar más. Y tercera, ya pueden perder toda esperanza porque igual que evitamos la extradición con el anterior marco legal, ahora también lo evitaremos. Para nada esta reforma hace más probable nuestra extradición.

P: De hecho, la extradición de Lluís Puig, que sustenta la causa contra las euroórdenes en Luxemburgo, se denegó y no tenía el delito de sedición...

R: Sí, pero además, las razones por las cuales se denegó la extradición de Lluís Puig, que también son de aplicación para nosotros, no tienen nada que ver con esta reforma. Fue por falta de competencia del Supremo, falta de garantía del derecho a la presunción de inocencia... Además, hay una confusión importante por lo que respecta a la doble incriminación [mecanismo en que se sustenta la extradición], lo que se hace no es comparar códigos penales entre si. Si se compararan códigos penales, el cambio en el código penal español tendría alguna relevancia, pero lo que hace es comparar los hechos, si los hechos por los cuales se nos pide la extradición tienen encaje en el código penal del país a quien se pide la extradición. Si se hubiera modificado el código penal de un país europeo quizás sí que habría un riesgo diferente, pero que se modifique el código penal español, no cambia nada.

P: ¿Sin embargo, Europa valorará la armonización del Código Penal, que ha esgrimido el propio Pedro Sánchez?

R: Insisto no se comparan los tipos penales de España con los del país x [a quien se pide la extradición], sino si los hechos por los cuales se pide extradición encajan con el código penal de aquel país. Un cambio en el código penal español en este sentido es irrelevante. Lo cual no quita que, gracias a Patxi López, hayan entendido cuál es la verdadera intención de esta reforma. Por eso no se le puede dar un apoyo incondicional y acrítico, porque sabemos que la intención del PSOE era extraditarnos.

P: Pero la sedición sí se ha reformado...

R: Quizás sí que para los que estamos al frente, las penas que pedirían serían más bajas, no 15 años sino 5 años, pero eso es un beneficio personal de los líderes; para las bases del independentismo esta reforma del delito de desórdenes públicos es una muy mala noticia, porque se acaba de ampliar la base de la represión. Si se estaba haciendo un uso del Código Penal orientado descaradamente a asustar a las bases independentistas y a detener la movilización del movimiento independentista, esta reforma del tipo penal de los desórdenes públicos, todavía da más armas a la judicatura para seguir persiguiendo las bases. Por eso es una muy mala noticia para el independentismo, porque ¿culminaremos el proceso de independencia sin movilización? ¿Culminaremos sin el activismo, sin el ejercicio del derecho a protesta, de manifestación? Es evidente que no, sin embargo, en cambio, desde ayer, el ejercicio de este derecho es más difícil.

Según las tesis de este sector del independentismo, el delito de desórdenes públicos agravados en manos de un Gobierno del PP y Vox sería dinamita contra el activismo. 

A todas estas, en el PSOE no se ha producido la rebelión de los barones a la que insta Feijóo con más entusiasmo que eficacia. El antecedente de los indultos es lo que se argumenta en el seno del partido socialistas para acallar el alarmismo electoral, según explica Juanma Romero en El Independiente: "No se producirá aquello que reclama el PP: una rebelión de los barones socialistas contra Pedro Sánchez para frenar la reforma del delito de sedición —su derogación y 'reemplazo' por la figura de desórdenes públicos agravados—. Salvando el rechazo expreso y ya manifestado por los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, y las dudas y miedos que suscita la medida en sus respectivas federaciones, la inmensa mayoría de los líderes territoriales del PSOE están alineados con su jefe y, de entrada, no creen que los electores les castiguen a ellos o al partido por el cambio legal, porque ya dan por 'amortizados' los efectos de la política de distensión con Cataluña emprendida por el Gobierno desde el arranque de legislatura y porque están convencidos de que la próxima campaña, la de las autonómicas y municipales de mayo, girará en torno a la economía y a la gestión de sus ejecutivos. Y, también, porque la experiencia anterior de los indultos a los condenados del procés, que la opinión pública digerió mejor de lo previsto, les anima a pensar que ahora puede ocurrir lo mismo".

En medio de este debate, en el que muchos analistas aprecian el fin del proceso tal como lo habíamos conocido, unas cuarenta mil personas se manifestaron ayer en Bilbao para reclamar la independencia del País Vasco. Es el carácter oscilatorio de la historia. El eje de la secesión podría estar moviéndose hacia las tierras vascas. El lema del acto fue  "Euskal Olatua. Geldiezina" (La gran ola vasca. Imparable). 

13 de noviembre, santoral: Diego de Alcalá, Abón de Fleury, Bricio de Tours, Calixto Caravario, Dalmacio de Rodez, Himerio de Susingen, Homobono, Leoniano de Vienne, Luis Versiglia, Maxelendis de Cambrai, Mitrio de Aix-en-Provence, Nicolás I papa y Quinciano de Auvernia.