Continúa la guerra en Ucrania y continúa el despliegue de medidas anticrisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Las tropas ucranianas avanzan con cautela mientras Rusia ordena la evacuación de Jersón. El ejército de Putin bombardea enclaves e infraestructuras estratégicas. El propósito es que los ucranianos se mueran de frío. En ese contexto, la crisis energética puede no ser cosa de un solo invierno. Los países de la Unión Europea también preparan medidas y ajustes de emergencia. La excepción ibérica tan cuestionada al principio por los burócratas de Bruselas se abre paso en el centro y el norte de Europa con el visto bueno de quienes verdaderamente mandan en el continente, los alemanes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometió ayer a una larga comparecencia parlamentaria y ante sus señorías concretó nuevas disposiciones para abaratar las facturas. "El Gobierno anuncia ayudas de 3.000 millones para rebajar el impacto de la crisis energética en el 40% de los hogares", apunta El País. El texto es de Juana Viúdez e Ignacio Fariza: "A las puertas del invierno más tenso que se recuerda en los mercados energéticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en el Congreso un nuevo paquete de ayudas para rebajar el impacto de la crisis en el 40% de los hogares. Supondrá la movilización de alrededor de 3.000 millones de euros, con un refuerzo de los bonos sociales —eléctrico y térmico, a los que pueden acogerse las familias vulnerables o numerosas— y una nueva tarifa regulada para que los hogares que tienen caldera comunitaria y no individual puedan beneficiarse de un ahorro superior al 50%".
Y: "Fuera del capítulo energético, el Ejecutivo también desplegará ayudas en las tres provincias con menos densidad de población —Soria, Teruel y Cuenca—, que verán reducidas las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos, tanto en los ya existentes como en los que se firmen a partir de ahora. Las tres provincias fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional. Todo el paquete de medidas se aprobará en el Consejo de Ministros de la semana próxima".
La tesis es que a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis, la surgida a raíz de las hipotecas basura en los Estados Unidos y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, esta vez no habrá recortes ni se predicará la austeridad. Ahora los Estados acuden al rescate de las empresas y de las familias. La inflación aumenta la recaudación fiscal y parte de esos beneficios caídos del cielo para las administraciones públicas se dedican a abaratar los costes de la energía. No es la economía circular, pero el dinero recorre un trayecto parecido.
Los paradigmas han cambiado. La banca, que fue rescatada en la anterior crisis, parece que pretende formar parte de la solución y no del problema. De ahí que se preparen medidas de contingencia para ayudar a los hipotecados en dificultades. "La banca aliviará los costes de hasta el 15% de las hipotecas en España", asegura El Mundo. La información es de María Hernández: "Los temores de una nueva y próxima recesión empiezan a reavivar los fantasmas de crisis pasadas. En lo que a vivienda se refiere, los bancos no quieren que se repita en España el goteo de desahucios constantes que trajo consigo el crash de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria, y en las últimas semanas están estudiando diversas medidas para aliviar el impacto de las subidas de las hipotecas en las familias, especialmente en aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. El sector detecta que hasta un 15% de la cartera hipotecaria del país tiene riesgo potencial de vulnerabilidad [el número de hipotecas a cierre de 2021 era 5.529.502, según al AHE] y las medidas irían encaminadas precisamente a reducir el impacto que la inflación y la reciente subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) podrían tener en sus hogares".
Sigue el texto: "En este marco, las grandes entidades del país y sus patronales (AEB y CECA) han mantenido en los últimos tiempos reuniones constantes y a distintos niveles con el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño para analizar las alternativas que los propios bancos han puesto sobre la mesa. Entre dichas alternativas, según ha podido confirmar El Mundo, se contempla establecer moratorias hipotecarias de hasta dos años en el principal, a la manera de la fórmula que se puso en marcha durante el confinamiento por coronavirus, si bien fuentes financieras consultadas por este diario aclaran que en la pandemia se activó una normativa especial que facilitaba esa medida y que la ausencia ahora de esa normativa hace que las moratorias resulten más perjudiciales para los balances bancarios. Por eso no es la única propuesta que se encuentra en estudio. En las negociaciones con el Gobierno, entidades como BBVA y el Santander se han mostrado a favor de analizar caso por caso y ajustar las posibles soluciones a las circunstancias particulares de los clientes. En base a eso, las moratorias podrían ser una opción, pero también facilitar el cambio de una hipoteca de tipo variable a tipo fijo, alargar hasta 20 años el plazo del crédito o congelar la cuota hipotecaria".
Las relaciones entre España y Marruecos también están de actualidad porque un día reaparece el proyecto de construir un túnel submarino que conecte ambos países y al siguiente Marruecos le dice a la ONU que no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla "es un presidio ocupado". Y luego, para arreglarlo, un funcionario sin nombre del reino alauita dice que sí, que entre Marruecos y España hay fronteras terrestres.
La Vanguardia recurre a un texto de agencia para explicar el embrollo: Un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí afirmó este jueves a Efe que la declaración conjunta firmada entre Marruecos y España el 7 de abril reconoce que entre los dos países hay también "fronteras terrestres" después de hacerse pública hoy mismo una carta del reino alauita al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que afirma que Marruecos "no cuenta con fronteras terrestres con España", sino con "simples puntos de acceso", y Melilla "sigue siendo un presidio ocupado"".
Continúa la pieza: "La primera declaración marroquí provocó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamara en el Congreso que “Ceuta y Melilla son España”, al término de las más de seis horas en que ha comparecido en la Cámara Baja tras recoger el guante del Partido Popular, cuya portavoz, Cuca Gamarra, le había instado previamente a dar cumplida respuesta a la carta marroquí a Naciones Unidas. “Debe defender la soberanía nacional y la integridad territorial de España”, ha emplazado Gamarra a Sánchez, y le ha demandado afirmar que el posicionamiento de Rabat “es rotundamente falso”. Según el alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí, la declaración conjunta firmada en abril con España subraya que "la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel de fronteras terrestres y marítimas". De esta manera el alto cargo hace alusión a las "fronteras" terrestres con España, una palabra que se omitía en la declaración, donde se habla sólo de incluir los dispositivos aduaneros "a nivel terrestre y marítimo"".
La primera versión, la de que no hay frontera terrestre estaba inserta en la comunicación de Rabat sobre la última matanza de inmigrantes subsaharianos perpetrada por la gendarmería marroquí.
El caos en la cúpula judicial parece estar ya en vías de resolución. Los ropones han nombrado sustituto de Carlos Lesmes. Se trata del progresista Rafael Mozo, que a pesar de su apellido es el magistrado de más edad de los que se sientan en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo cuentan Cristina Gallardo y Ángeles Vázquez en El Periódico: "El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desoído el informe técnico encargado por el hasta ayer presidente del órgano, Carlos Lesmes, sobre su sustitución, y ha llevado este jueves a la presidencia interina del órgano al vocal de más edad, el progresista Rafael Mozo. El acuerdo ha salido adelante con 16 apoyos -entre ellos el del propio Mozo- mientras que el vocal y magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea ha votado en contra y se ha producido una ausencia, la de la vocal a propuesta del PSOE Mar Cabrejas, que se ausentó al votar ese punto".
Y: "A la espera de lo que parece que será una pronta renovación del CGPJ, Mozo verá "supervisadas" sus atribuciones, porque no se trata de un nombramiento, sino de una suplencia, lo que salva el veto que se les impuso a hacer nuevas designaciones. Esta limitación fue la condición puesta por los vocales nombrados a propuesta del PP para asumir la opción de los progresistas y aupar a Mozo en vez de aceptar de forma automática que la presidencia pasara al presidente de la Sala Primera (de lo Civil) del Supremo, Francisco Marín Castán, como proponía el informe técnico encargado hace unas semanas por el dimitido Lesmes sobre quién debía ser su sucesor. Y eso, que al descartar un miembro más en el Consejo, la mayoría de los conservadores resulte reforzada".
Los afanes negociadores entre el PSOE y el PP están en un punto óptimo de cocción, según representantes de ambos partidos. La aspereza retórica de Sánchez en el Congreso no será un inconveniente para el apaño, sostienen.
Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, desarrolla una intensa actividad mediática para vender las excelencias del nuevo Govern de concertación en torno al "derecho a decidir" y negar que se vaya a ver forzado a anticipar las elecciones autonómicas. Esa hipótesis no consta en su cuaderno de bitácora. Anoche, en TV3, el president dijo cosas. Por ejemplo: "Aragonès admite un pacto con el Gobierno para incumplir el 25% de castellano en clase", según el titular de una información de Ricard López en Crónica Global. La nota arranca así: "El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido este jueves en una entrevista a TV3 que la decisión del Gobierno español de no recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes del Govern y del Parlament elaboradas para burlar las sentencias que instan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo de la autonomía forma parte de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo central en la denominada "mesa de diálogo". "Ha habido un acuerdo por el catalán, no nos impugnan la ley", ha reconocido el mandatario de ERC, recordando además que tiene pendiente otra reunión con el Ejecutivo central para abordar lo que llama "desjudicialización" de las causas pendientes del procés".
Barcelona acoge desde ayer el Salón Náutico, la feria del lujo acuático. Su presidente, Luis Conde, está encantado. No ve la recesión por ninguna parte. Aumentan las ventas de veleros, yates y embarcaciones de recreo en general. El sector pasa por un gran momento. Acostumbra a pasar. Lo que sube es el pan, no los catamaranes, ni tampoco el champán.
El caso es que el rey Felipe VI inauguró el evento en ausencia de la alcaldesa Colau y del antecitado Aragonès. De la nota de Verónica Gómez aquí, en Crónica Global: "El monarca ha conocido las novedades del salón durante un recorrido al que le ha acompañado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el jefe de la oposición en el Parlament, Salvador Illa y el presidente del Puerto de Barcelona, Damià Calvet, entre otras autoridades. El máximo representante de la Generalitat ha sido el secretario general de Territori, Joan Jaume Oms (ERC), quien ha sustituido en este cargo a Ricard Font. Además, han acudido al acto el secretario de Movilidad, Isidre Gavín y la directora general de Movilidad, Mercè Rius".
Calvet saludó muy formal al monarca, no así los señorines de la Generalitat.
14 de octubre, santoral: Calixto I papa, Angadrisma de Beauvais, Carponio mártir, Domingo Loricato, Donaciano de Reims, Fortunato de Todi, Gaudencia de Rimini, Jacobo Laigneau de Langellerie, Juan Ogilvie, Lúpulo de Capua, Manequilde de Chalons y Venancio de Luni.