ERC contra la amnistía del 77 y exámenes sin suspensos

ERC tiene ganas de revancha y quiere que sean juzgados los dinosaurios franquistas que aún permanezcan con vida, policías, militares, políticos que empalmaron los últimos años del franquismo como los primeros de la Transición. Tiembla Martín Villa. El trueno Rufián retumba en el Congreso de los Diputados. Aquel muchacho de Santako criado en "Súmate" (aquella sección para castellanohablantes que creó el partido republicano al principio del Procés) es hoy todo un parlamentario hecho y derecho de 40 años, azote de los fascistas en la capital del Reino, una especie de héroe de la Unión Soviética, un estajanovista de las enmiendas, un titán de la memoria histórica, el justiciero independentista.

Total que dice Rufián que el pacto constitucional y la Ley de Amnistía del 77 se los pasa por el forro del arco del triunfo, lo que es portada en El País. "ERC amenaza la ley de memoria al pedir el fin de la amnistía de 1977". El texto viene con las firmas de C. E. Cué y J. Casqueiro: "La futura Ley de Memoria Democrática, un proyecto emblemático del Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos, se tambalea por las exigencias de ERC. El principal aliado parlamentario del Ejecutivo, con 13 escaños, ha presentado una enmienda a su texto para derogar varios aspectos de la Ley de Amnistia de 1977, de manera que permita juzgar a los autores de los crímenes del franquismo y se pueda indemnizar a las víctimas de esos delitos. El Partido Socialista considera inaceptable dicha enmienda y defiende que la Ley de Amnistia de 1977 forma parte del pacto constitucional, que no quiere vulnerar".

Sigue la pieza: "Los socialistas buscaron ayer el apoyo de Ciudadanos (nueve diputados) para acercarse a la mayoría absoluta que necesitan en el Congreso para evitar que decaiga una de sus principales iniciativas legislativas. La futura Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos estrella de la legislatura, se ha complicado más de lo previsto. La norma, que dejó prácticamente lista Carmen Calvo antes de ser relevada como vicepresidenta primera y que ha retomado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estaba pactada dentro del Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Sin embargo, no basta con los 155 escaños que suman estos dos grupos. Necesitan a todo el bloque de la investidura. Y la norma se está topando con un escollo muy fuerte en ERC, aliada en este asunto con EH Bildu. Ambos grupos, que suman 18 escaños, exigen una reforma que vaya más lejos en cuestiones muy sensibles que pueden afectar a la Ley de Amnistía".

Y: "Esta norma, de octubre de 1977 y, por lo tanto, previa a la Constitución, extinguía cualquier responsabilidad penal por “todos los actos de intencionalidad política (...) cualquiera que fuese su resultado” cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, cuando se celebró el referéndum sobre el proyecto de ley para la Reforma Política. La Ley de Amnistía, que sirvió para que ningún dirigente franquista fuera juzgado (tampoco los dirigentes de izquierda ni los miembros de ETA), forma parte para el PSOE del pacto constitucional que siempre defiende".

En el Abc, Ana I. Sánchez aporta otra mirada al asunto bajo este titular: "PSOE y Unidas Podemos vuelven a tirar de Franco y endurecen la ley de Memoria". Así arranca su texto: "Con el trasfondo de un malestar social creciente, el Partido Socialista decide ceder ante las exigencias de sus socios para poder sacar adelante la ley de Memoria Democrática y lo hace tirando, una vez más, de Franco. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunció ayer que las negociaciones para endurecer el texto están dando sus frutos y que los socialistas aceptan «introducir elementos muy importantes» para poner fin a «la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo». El dirigente morado no desveló cómo se concretará legalmente esta medida pero sí apuntó que se trata de un cambio con el que esperan atraer al ‘sí’ a ERC o a EH Bildu; dos socios del Gobierno que ahora mismo exigen una revisión de la amnistía de la Transición y la supresión del título del Rey para poder apoyar la nueva ley".

Continúa el texto: "PSOE y Podemos ultimaban ayer por la tarde la negociación de los cambios a la nueva ley, que prevén registrar a lo largo de hoy en forma de enmiendas conjuntas en el Congreso. Echenique apuntó incluso que facilitarán el apoyo de los independentistas a los nuevos Presupuestos. Un extremo que no compartió el portavoz socialista, Héctor Gómez, quien pidió desligar la negociación de la nueva ley de la aprobación de las cuentas. De hecho, el Gobierno juega sus cartas e intenta ablandar la posición de ERC y EH Bildu en la memoria democrática llamando nuevamente a la puerta de Ciudadanos. El portavoz adjunto de la formación naranja, Edmundo Bal, desveló que el lunes por la noche le telefoneó el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para sondear posibilidades de negociación. Bal le reiteró que su apoyo es posible a cambio de que el PSOE respalde la ley naranja sobre Memoria, Dignidad y Reparación de todas las víctimas del terrorismo para prohibir los homenajes a etarras. Y la llamada se quedó en una simple toma de contacto, pero le sirve al Partido Socialista para advertir a sus socios de que tiene una vía alternativa para sacar la ley de Memoria Democrática sin ellos".

La piedra de escándalo en El Mundo es la enseñanza. "El Gobierno entierra el mérito y dará títulos con suspensos" reza el titular principal de su portada. "Los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y no habrá exámenes de recuperación en la ESO" es el título interior de la pieza que firma Olga R. Sanmartín: "Los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas, se permitirá presentarse a la Selectividad con un suspenso y finalmente no habrá exámenes de recuperación en la ESO.

El Gobierno ha aprobado este martes el polémico Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que da nuevas instrucciones a los profesores para 2021/2022 y 2022/23 con buena parte del curso ya comenzado. Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia se oponen rotundamente al texto porque "rebaja la exigencia" y "desconcierta a los docentes" y tratarán de no aplicarlo dentro de los márgenes legales. El texto que ha presentado Pilar Alegría en el Consejo de Ministros consolida el giro a la "promoción general" que inició durante la pandemia Isabel Celaá, con el objetivo de que los suspensos ya no sean el criterio que determina si los alumnos pueden o no pasar de curso y obtienen o no el título de la ESO y Bachillerato. Son medidas destinadas a evitar la repetición y mejorar las estadísticas de graduación, cuyos malos resultados nos dejan en evidencia en la UE".

Sigue la pieza líneas después: "Si hay algo que va a posibilitar este nuevo real decreto es que haya distintas varas de medir en función de los centros educativos. Porque ya no se establecen unos requisitos concretos: la decisión de que un alumno pase o no de curso se tomará de forma colegiada por la junta de evaluación del colegio o instituto "al finalizar el curso escolar". Es el equipo docente "a quien se otorga la responsabilidad última de la decisión sobre la promoción y la titulación del alumnado". Serán los profesores quienes tengan que tomar la decisión después de valorar si el estudiante "ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes"".

Sanidad. Cifras dispares. Si hace unas jornadas El País denunciaba el colapso en Madrid, este martes es La Vanguardia quien presenta sus datos y refuta a la cabecera madrileña. Las cuentas del diario condal son las siguientes: "Por comunidades, Castilla-La Mancha (159 días), Cataluña (152) y Aragón (166) son en las que sus pacientes más tiempo tienen que esperar para ser operados. Los madrileños, con 75 días, esperan la mitad que en Cataluña. En Valencia este dato alcanza los 98 días y en el País Vasco 62. En el caso de las visitas por especialistas, Aragón con 129 días, Cataluña con 121 y Canarias con 102 días encabezan el ranking".

La información es de Albert Molins y dice así: "La media de días que un paciente tenía que esperar para ser atendido por un cirujano del Sistema Nacional de Salud (SNS) era -en junio de 2021- de 121 días, seis más que en junio de 2019, pero 49 días menos que en junio de 2020, cuando España estaba sumida en plena pandemia de la covid. La situación ha mejorado si nos tiene que visitar un especialista. En este caso, la demora era de 75 días de media en junio de 2021, mientras que en junio de hace de dos años era de 81 días. Después de la tensión que ha sufrido la sanidad pública española durante la pandemia, los niveles de las listas de espera quirúrgicas se acercan a los que tenían en 2019, aunque que con los últimos datos seguía habiendo 661.162 personas que aguardaban ser operadas (10.332 menos que dos años atrás)".

Sigue el texto: "El porcentaje de pacientes que esperaran más de 6 meses para ser operados ha aumentado del 15,8% en junio de 2019 hasta el 18,9% en el mismo mes de este año. Para la visita a un especialista, por contra, se ha reducido y ha pasado del 42,6% en junio de 2019 al 38,2% el pasado mes de junio. Obviamente, si se compara la situación actual de estos últimos indicadores con la que presentaban en junio y diciembre de 2020, con la sanidad pública colapsada por el impacto de la covid, la situación ha experimentado una notable mejoría. En junio de 2020, el tiempo medio de espera para ser operado era de 170 días y en diciembre bajó hasta los 148. Para la visita a un especialista se pasó de los 115 días en junio de 2020 al los 99 en diciembre".

Más de Sanidad. "La Comunidad de Madrid niega el tratamiento a inmigrantes con VIH" avisa El Diario, quien atribuye la denuncia a "médicos y ONGs". Escriben David Noriega y Gabriela Sánchez: "Ana llegó a Madrid hace unas semanas desde Latinoamérica. Se encuentra en situación administrativa irregular, embarazada de ocho meses y con VIH. Estos días se le acaban las pastillas antirretrovirales que trajo de su país y que mantienen a raya al virus, hacen que sea indetectable y que no lo pueda transmitir. A finales de la semana pasada en el Hospital La Paz no pudieron darla de alta en el sistema para recibir los fármacos, porque no lleva tres meses empadronada en España y la Comunidad de Madrid no lo permite. El Gobierno regional impide que reciba tratamiento por las vías oficiales, como mínimo, hasta que su bebé tenga casi dos meses. Su nombre es ficticio, pero su historia es real y el bloqueo de acceso a terapia antirretroviral de personas migrantes en situación irregular con VIH no lo sufre solo ella".

Y: "Clara Castillo, una de las trabajadoras sociales de la organización Apoyo Positivo, que la ha ayudado durante el proceso, explica que desde que la Comunidad hizo público el procedimiento para regular el acceso de este colectivo a la sanidad pública, no han parado de llegarles casos. Al teléfono con elDiario.es, habla de 14 en varios hospitales de la región. Al finalizar la llamada, ya son 16".

También es noticia en el ámbito de la salud que las regiones estudian la aplicación generalizada de pasaporte Covid ante el aumento de la incidencia. "País Vasco, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, entre otras, valoran pedir el certificado para poder acceder a determinados espacios ante el incremento de la incidencia acumulada en España, que ya alcanza los 88,6 casos" apunta Público. Del texto del diario de Roures: "La situación epidemiológica se complica por momentos en nuestro país. Lo que ya apunta a sexta ola va tomando forma con unos datos de incidencia al alza cada día. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las comunidades van desgranando algunas propuestas para intentar aplacar los contagios de cara al inminente periodo festivo, donde los contactos sociales se incrementan exponencialmente. Por su parte, el Ministerio de Sanidad estudia un paquete de nuevas medidas con el fin de hacer frente a este repunte de la incidencia, cuya aplicación quedará en manos de las comunidades. El documento, pendiente de aprobación, propone medidas más laxas y restricciones menos contundentes para los eventos multitudinarios".

En el caso de Cataluña, se estudia ampliar el uso del certificado más allá del sector del ocio nocturno.

En Cataluña también es noticia que 462 militantes y cargos del conglomerado CUP han dicho que no a los Presupuestos que les ha preparado con mimo y esmero el consejero Jaume Giró, quien pretende redimirse y ser amigo de los antisistema después de una vida dedicada al culto al capitalismo.

En Madrid prosigue la guerra sin cuartel entre Génova y Sol o lo que es lo mismo, entre el tándem formado por Pablo Casado y Teodoro García Egea y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que se le suman aliados como Cayetana Álvarez de Toledo. En El Confidencial aportan una encuesta demoledora para Casado. "Ayuso arrasa en Madrid: saca 15 puntos más en autonómicas que Casado en las generales" es el titular de una nota de Itziar Reyero que principia de este modo: "El ciclón Ayuso no amaina. Todo lo contrario. Seis meses después del 4-M, se confirma su avance imparable en la Comunidad de Madrid. De celebrarse ahora otras elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso cosecharía el 47,3% de los votos de los madrileños y se quedaría a un solo escaño de la mayoría absoluta con 67 diputados. Si las urnas convocadas fueran para las generales, el PP sumaría el 32,8% del voto, ocho puntos y tres escaños en el Congreso más que el resultado de noviembre de 2019, según se desprende de una encuesta realizada por IMOP-Insights para El Confidencial en la región madrileña. La lista encabezada por Pablo Casado también ganaría con holgura en la capital, aunque se quedaría 15 puntos por debajo del registro autonómico de Ayuso".

17 de noviembre, santoral: Gregorio Taumaturgo, Isabel de Hungría, Victoria de Córdoba, Acisclo de Córdoba, Alfeo de Cesarea, Aniano de Orleans, Florino de Rëmus, Hilda de Whitby, Hugo de Lincoln, Hugo de Noaria, Ilda de Inglaterra, Juan del Castillo, Lázaro de Constantinopla, Namacio de Vienne, Reveriano monje y Zaqueo de Cesarea.