1-O. Cuarto aniversario del referéndum ilegal. El Parlament rechaza poner fecha a la celebración de otro referéndum unilateral. Se aboga por la vía dialogada y el independentismo exhibe su fractura. La división en el campo de la secesión no es noticia. El Rey Felipe VI inaugura el Salón del Automóvil, ahora "Automobile". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa Colau plantan al monarca. Al monarca y a los presidentes, ejecutivos y responsables de las principales fabricas de automoción del mundo. El mensaje no puede ser más contraproducente. Luego piden que regresen las empresas. ¿Y si regresan la política y la educación primero?
Como viene siendo norma, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Òmnium y los Comités de Defensa de la República (CDR) convocan protestas contra el Rey. Nuevo pinchazo. El globo se está desinflando a ojos vista. Los "protestantes", en número de un centenar según TV3, vagan por la plaza de España cual penitentes coreando con desgana la consigna "U-O, ni oblit, ni perdó". Por la entonación parece que los deambulantes ejecuten una rogativa contra la pertinaz sequía.
El día es objeto de una gran controversia. Según la grey independentista, aquello fue una victoria sin paliativos y por goleada contra el Estado malayo, una heroica defensa a cuerpo gentil de los fortines electorales. No opina lo mismo Juan José Nieto, el secretario de Estado de Seguridad en 2017. Antonio Salvador lo entrevista para El Independiente. "Los policías y guardias civiles recordarán el operativo del 1-O con orgullo" es el titular de una pieza en la que destacan estas preguntas y respuestas:
P.-¿Cuándo tuvieron conocimiento en el Ministerio del Interior de que Puigdemont había abandonado España?
R.-Tuvimos conocimiento cuando fueron informando algunos medios de comunicación que, en Cataluña, tenían información privilegiada. Sabíamos que ése podía ser un problema, pero la Policía y la Guardia Civil no tenían margen para actuar. Hasta el momento de que Puigdemont huye de España y se va a Bélgica no tenía ninguna orden de detención y no había ninguna medida de ningún tribunal español que permitiera tomar una decisión porque la querella de la Fiscalía fue posterior. Se nos reprochó que se permitiera la huida del señor Puigdemont pero nosotros no permitimos nada, no teníamos margen para adoptar otra decisión.
P.-¿No hubo ningún dispositivo de vigilancia ‘en la sombra’?
R.-Es que eso hubiera sido un escándalo. A ningún ciudadano se le puede vigilar ni discreta ni indiscretamente si no hay una decisión judicial que lo autorice. Sería un abuso de autoridad que la Policía o la Guardia Civil hubiesen tomado alguna posición al respecto. Sé que cuesta trabajo entenderlo cuando uno sabe ya lo que sucede después, pero teníamos que actuar sobre lo que sabíamos en cada momento y lo que nos permitía la ley en cada momento. Haber tenido una unidad que estuviese pendiente de dónde estaba el señor Puigdemont o que hiciera una vigilancia de sus movimientos hubiese sido simplemente ilegal. No estábamos autorizados para ello.
P.-Usted siempre ha mantenido que la Policía y la Guardia Civil hicieron un «trabajo ejemplar» el 1-O. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿repetiría hoy el operativo tal como se diseñó aquel día?
R.-El operativo que se puso en marcha el 1-O se recordará. Desde luego, el independentismo lo recordará de una manera. Y las personas con sentido común, y sobre todo los miembros de la Policía y de la Guardia Civil, lo recordarán con orgullo. Fue un esfuerzo enorme, fue una movilización de 6.500 efectivos con muchas dificultades: el alojamiento, la movilidad interna en Cataluña, la capacidad para tener información sobre el entorno donde iban a trabajar, una resistencia más o menos pacífica –bastante violenta en algunos casos– y unos mandatos judiciales frente a la decisión de un gobierno autonómico que abiertamente toma decisiones inconstitucionales… Tuvimos una serie de autos y decisiones judiciales bastante acertados, pero probablemente quedó algún ámbito por definir con la precisión que el momento exigía. Y todo eso dificultó mucho la actuación. ¿Repetiría lo que se hizo? Es que era el máximo de lo que podíamos hacer, era el óptimo en las condiciones que trabajamos con los efectivos que teníamos y sin generar un daño mayor que hubiese hecho inadecuada esa actuación. Con la menor fuerza posible, con el menor efecto en la sociedad posible, llevar al máximo de cumplimiento la resolución judicial que se nos había encargado. En ese equilibrio creo que se hizo un buen trabajo. No hubo un referéndum y la prueba es que ninguna institución en el mundo ha reconocido el resultado. Ése ha sido el verdadero éxito de la operación del 1-O. Con lo que sabemos hoy probablemente hay otras decisiones que se tendrían que haber tomado en ese momento para facilitar el trabajo de la Policía y de la Guardia Civil. No todo se puede dejar caer en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o los tribunales.
El punto de interés del día es la persistencia del magistrado Pablo Llarena en el propósito de detener y extraditar al prófugo Carles Puigdemont, uno de los cabos sueltos del 1-O. Es noticia de apertura en varios medios, entre ellos El País, que titula: "El juez Llarena pide a Italia que le entregue ya a Puigdemont". Pero para eso se requerirá primero que Puigdemont cumpla su palabra y se persone en carne mortal en la isla de Cerdeña. En el subtítulo se explica que "El instructor del ‘procés’ reclama “medidas precisas” contra el ‘expresident’ para garantizar la ejecución de la orden de detención en el futuro". O sea que estamos ante la figura de la detención preventiva.
El texto de la noticia en el referido El País es de Reyes Rincón: "El magistrado Pablo Llarena, instructor del caso del procés en el Supremo, reclamó ayer en un escrito a la justicia italiana la entrega “inmediata” del expresidente catalán Carles Puigdemont para que sea juzgado en España. Llarena aclara, en contra de lo afirmado por la Abogacía del Estado, que la euroorden de detención que dictó contra Puigdemont sigue en vigor. El juez pide al tribunal de apelación de Sassari (Italia) que, si Puigdemont recupera la inmunidad como eurodiputado, tome “las medidas que puedan entenderse precisas” para garantizar su entrega si la pierde. El objetivo es mantener vivo en Italia el proceso de ejecución de la euroorden que se inició con la detención de Puigdemont en Cerdeña, y que se tambalea por las dudas sobre su inmunidad. La orden de arresto sirve, según Llarena, para que el evadido “pueda abordarse un enjuiciamiento que —hasta ahora— ha estado impedido por la fuga”".
Al final de la crónica, Rincón apunta que "en Italia causó ayer sorpresa el escrito de Llarena, que se interpretó como una medida de presión ante la idea ya preconcebida de que Puigdemont quedará de nuevo en libertad tras declarar el lunes. Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que la decisión compete exclusivamente al tribunal, pero, con todo, resultaría extraño que la decisión que se adoptase fuese distinta a la que ya se esbozó no imponiendo medidas cautelares al expresident. La interpretación de la jueza de guardia de Sassari fue que la orden estaba suspendida y que Puigdemont “goza todavía de la inmunidad” como europarlamentario. El mismo tribunal se reunirá ahora para tomar la última decisión".
Y: "Sin embargo, según la justicia italiana, si Puigdemont no se presentase a declarar el lunes, el proceso quedaría archivado, “no teniendo lugar a proceder al encontrarse fuera del territorio”. Algo que, según explican fuentes próximas al caso, dejaría sin sentido pedir la entrega y que conduce, normalmente, a que los acusados nunca se presenten a estas vistas. “El tribunal de Sassari deberá valorar el mandato de arresto que llega de España, pero sería normal que dejase a Puigdemont salir del país hasta entonces y que le citase a declarar de nuevo”, apuntan las fuentes consultadas".
En la prensa afecta a la secesión el día de hoy es algo así como una actualización del 11-S de 1714 pero con visos de tremenda victoria. "1-O, el día que llegaron las urnas", titula El Nacional. La crónica de Alba Domingo dice que "la llegada de más de 10.000 policías españoles no sirvió para que encontraran las urnas". No fueron diez mil, sino 6.500, pero el hecho cierto es que no se encontraron las urnas. La nota apunta también que "el mismo día del referéndum, la Taula per la Democràcia, que reunía las entidades soberanistas, los sindicatos mayoritarios y organizaciones patronales, llamó a un paro de país el martes 3 de octubre para denunciar a la represión policial. El encargado de anunciarlo fue Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en un discurso en la plaza de Catalunya de Barcelona. Y así fue, Catalunya hizo huelga el 3-O, una jornada con decenas de manifestaciones multitudinarias que acabó con un discurso del Rey que marcó un antes y un después. En un mensaje televisado, el Borbón avaló la violencia policial del referéndum y prometió "restablecer el orden constitucional" en Catalunya".
La leyenda del 1-O o el referéndum contado a los niños en El Nacional acaba así: "Cuatro años después, decenas de personas todavía viven las consecuencias de la represión judicial. De aquel referéndum nació el mandato del uno de octubre. Una jornada que fue la máxima expresión de lo que Catalunya todavía reclama y que ni la prisión ni el exilio ha parado: la voluntad, inequívoca, de decidir su futuro democráticamente".
El Rey, ese ogro malvado para el independentismo, volverá a Barcelona en noviembre o antes. De momento ya le han agendado la entrega de los despachos a los nuevos jueces según cuentan Ainhoa Martínez y Javier Gallego en La Razón: "A pesar de que la Generalitat mantiene viva su guerra contra la Casa Real, el Gobierno ya trabaja con la Zarzuela para que el Rey Felipe VI esté de nuevo en Cataluña presidiendo la entrega de los despachos, una cita de máxima sensibilidad. Este año, eso sí, se celebrará previsiblemente en noviembre, alejado de las fechas más simbólicas del «procés». «El Rey tiene que estar en Cataluña», sostienen en Moncloa, que en las últimas fechas se han preocupado de multiplicar su presencia y arropar al Monarca en cada visita. En este sentido, también cabe reseñar que es un clamor entre los jueces y las tres principales asociaciones judiciales se han posicionado a favor de que venga. En la Generalitat, en este punto, muestran total indiferencia. «Ni entramos ni salimos en lo que haga el Rey», resumen en Presidencia, que también descartan introducir la Monarquía como moneda de cambio en sus negociaciones con el Estado porque solo están volcados en reclamar la autodeterminación y la amnistía, que son sus únicas dos exigencias para la mesa".
Más noticias sobre la Corona. En Ok Diario se cuenta que "Juan Carlos ha hecho unas sorprendentes declaraciones que aparecerán en un libro y que este jueves ha avanzado la revista Paris Match. La confesión que ha realizado el Rey emérito y que veremos próximamente en el libro de una periodista francesa es que la relación con su hijo, el Rey Don Felipe, «está rota». Laurence Debray es la autora del libro sobre el Monarca emérito, Mi rey venido a menos, que se lanzará el próximo miércoles 6 de octubre y que repasará la vida del marido de la Reina Doña Sofía. Para ello, la biógrafa ha mantenido varias reuniones en los últimos meses con el Rey en Abu Dabi. El contenido de dichas charlas formará parte del citado libro".
A la vista del efecto que esas palabras pudieran causar, el emérito ha hecho saber a través de El Mundo que las relaciones están rotas, sí, pero que su hijo le llamó por su cumpleaños.
Noticias de Sociedad. La luz sigue imparable. De la pieza de Sara Ledo en El Periódico: "En plena escalada sin precedentes del coste del gas natural en los mercados internacionales, el precio de la electricidad en el mercado mayorista sigue imparable y ya supera la barrera psicológica de los 200 euros. Este viernes marca un nuevo máximo diario de 216,01 euros el megavatio-hora de media, en plena batalla entre el Gobierno y las eléctricas por el plan de choque para mitigar los efectos de estos precios sobre el bolsillo de los consumidores".
"Sanidad quiere prohibir fumar en las terrazas y accesos a edificios públicos" avisa La Vanguardia. La información es de Celeste López, que escribe: "El Ministerio de Sanidad trabaja ya en la modificación de la ley antitabaco para, entre otras cuestiones, ampliar los espacios sin humo. Encima de la mesa, dos restricciones importantes. La primera, prohibir fumar en las terrazas; y la segunda, en los accesos a los edificios públicos, como hospitales, concejalías y delegaciones de Hacienda, entre otras. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del departamento que dirige Carolina Darias y de algunas de las sociedades científicas con las que ya se ha reunido el ministerio. (...) La medida más conflictiva es, sin duda, la de prohibir el consumo de tabaco en las terrazas al aire libre, restricción que sin embargo ya se ha puesto en marcha en la mayoría de las comunidades autónomas durante la pandemia. Durante este año, comunidades como Canarias, Aragón, Galicia, Cantabria, Asturias, Extremadura o Castilla y León decidieron incluir esta prohibición entre las medidas anticovid al entenderse que la expulsión del humo del tabaco incrementaba la posibilidad de contagio del virus de la covid. En Catalunya se prohibió si no se respetaba la distancia de 1,5 metros".
1 de octubre, santoral: Santa Teresita del Niño Jesús, Bavón de Gante, Geraldo Edwards, Nicecio de Tréveris, Piatón de Seclin, Romano el Melodo y Wasnulfo.