La "autocrítica" indepe y sondeos a favor del PP

Parte de la prensa catalana repara en el cuarto aniversario del truculento pleno del Parlament en el que se dio curso a las denominadas "leyes" de desconexión. Fue el 6 y 7 de septiembre de 2017. El independentismo sacó la apisonadora y contra viento y marea --sus propios miedos y el Tribunal Constitucional-- y trató de dar apariencia de legalidad a la asonada secesionista. 

No salió bien y los promotores de la república catalana quedaron retratados. Fue el pistoletazo de salida de un otoño verdaderamente calentito con episodios como el del asedio a la consejería de Economía, el referéndum ilegal del 1 de octubre, la "vaga de país" del 3-O, el discurso del Rey, la declaración de los ocho segundos, las dos grandes manifestaciones en Barcelona a favor de España y, finalmente, la detención de una parte del Govern y la fuga de Puigdemont, Comín, Ponsatí y Marta Rovira.

Sostiene El Periódico en portada que "el independentismo inicia la autocrítica cuatro años después". Se basa tal afirmación en las reflexiones bajo la cobertura del anonimato de cuatro "voces relevantes" del secesionismo. Se conoce que el comienzo de la autocrítica no incluye todavía el dar la cara, seguramente para evitar que los suyos propios se la rompan. Ahí va un extracto de la crónica que firman Xabi Barrena y Daniel G. Sastre: "De entrada, ya hay algún testigo directo de aquellas jornadas tormentosas, como el entonces portavoz de Catalunya e imagen de la resistencia al rodillo independentista, Joan Coscubiela, que admite haber detectado ciertos cambios. Lo explica: “El 6-7 de Septiembre ha desaparecido del relato independentista. No se ven con fuerzas de defender lo sucedido”, argumenta. Y en la línea de lo sugerido por Coscubiela, algún relevante soberanista consultado para esta crónica retrospectiva afianza la tesis. “La verdad es que no nos gustamos nada”, asevera, sin querer aparecer con nombres y apellidos. “Esta no era la vía de inicio, nace del bloqueo del diálogo que impone el Estado. No nos supimos explicar bien”, se excusa otro de los consultados".

Continúa la pieza: "¿Pero cómo se llega a ese punto sin retorno? “Una de las claves es lo de de la ley a la ley”, señala otra de las voces relevantes del independentismo que aún no había aparecido en este texto. El momentum independentista nace cuando las bases de CDC, y en menor medida, el electorado más soberanista del PSC, tras el fiasco de la sentencia del Tribunal Constitucional “no ven otra salida que la independencia”. Son votantes de partidos centrales, instalados en la arquitectura constitucional. “Gente de orden”, resume uno de los interpelados. “Y a esta multitud, que dispara el apoyo a la secesión del 15% a casi el 50%, se le tranquiliza diciendo que no iba a haber salto al vacío. Pero el Estado no se sentó a negociar. Y se pensó que la perspectiva de un vacío legal tras una declaración de independencia que siguiera al referéndum podría retraer el apoyo de muchos”. “Es el espíritu garantista de Artur Mas ejecutado por Marta Rovira” se atreve otro, de manera aislada sin saber que su relato, al integrarse en esta crónica, complementa al de otro compañero que también se ha sometido a la preguntas de El Periódico".

Pero hombre, el espíritu garantista de Mas ejecutado por Marta Rovira. Como se suele decir, ¿qué podría salir mal? Mas y Rovira en una misma frase... Tela.

Hay medios que lejos de reflejar una cierta autocrítica por aquel desastre mayúsculo aún sacan pecho. Es el caso de El Món, que detalla lo que define como "argucia procesal" para aprobar las leyes de desconexión. El sumario es de traca: "Es compleixen quatre anys del famós ple del 6 i 7 de setembre del 2017 que encara cou a l’unionisme". Sí, sí, menudo escozor. Que se lo pregunten a Carme Forcadell. El relato es de Quico Sallés, que cuenta entre otras cosas que "aquell ple entortolligat, matusser, dur i crispat es va celebrar i les lleis es van aprovar malgrat els avisos dels poders de l’Estat que deien no es podria tirar endavant. De fet, els equips jurídics temien que l’Estat podia aturar fins i tot la celebració del ple. L’aleshores recent reforma de la Llei del Tribunal Constitucional ho permetia i era el mecanisme exprès per fer-ho. Però una estratègia processal va permetre blindar la presidenta Carme Forcadell per poder celebrar les dues sessions. Una intrahistòria interessant en què tenen protagonisme l’entitat Drets, l’advocat Agustí Carles, els magistrats del Tribunal Constitucional i el judo. “Vam aprofitar la força del contrari, com en el judo”, apunten fonts coneixedores de la maniobra en conversa amb El Món".

El judo, sí. Y luego llegó el Estado y se desplomó sobre el independentismo en aplicación de otra arte marcial japonesa, el sumo. Según Sallés la "argucia" fue la siguiente: "Davant aquest escenari, els advocats van idear una contraofensiva per poder aprovar les dues lleis sense que ningú prengués mal o que el mal fos el mínim possible, arran de la nova regulació del TC com a tribunal d’execucions. La contraofensiva plantejada va ser presentar un escrit en nom de Forcadell el mateix 6 de setembre del 2017 a les 9 del matí davant el Constitucional. “El registre de l’escrit s’havia de fer personalment i no telemàticament, per evitar manipulacions”, destaquen. L’escrit era una recusació processal contra els magistrats del TC. L’argument era que “la presidenta Forcadell portava mesos essent advertida i fins i tot amenaçada per part de la vicepresidenta del govern espanyol que seria suspesa de funcions si posava en marxa l’aprovació de les lleis de desconnexió”. En aquesta línia, compareixia un lletrat de Forcadell --va ser Agustí Carles-- en nom personal de la presidenta i no del Parlament. La petició era: “Recusar tots els magistrats perquè, si han de prendre una mesura de multa, suspensió o execució subsidiària, estan contaminats perquè són els que van dictar les sentències que ara pretenien executar”. La gràcia de la recusació és que era “nova” perquè encara no hi havia jurisprudència en ser la primera vegada que s’aplicava l’execució prevista en la reforma de la llei del Tribunal Constitucional. “No hi havia més remei, van haver d’admetre la recusació i, per tant, es paralitzava qualsevol intent de l’Advocacia de l’Estat de suspendre de manera automàtica les funcions de Forcadell i d’aquesta manera guanyàvem un dia per poder tramitar la llei del referèndum, d’aquí que s’acabés el ple de matinada”, subratllen les mateixes fonts".

O sea, una jugada maestra de primera. 

Coletazos de la trama rusa del prófugo Puigdemont. "El jefe de la oficina de Puigdemont vulneró la ley al contactar en secreto con espías rusos" asegura El Confidencial. Y añade en un sumario que "Josep Lluís Alay ha evitado responder a cuestiones tan importantes como si sus viajes y estancias en Moscú fueron pagados por la Generalitat, por los rusos o por CATGlobal ASBL". Qué raro, con lo pulcro que es Alay. El texto del referido medio es de Marcos Lamelas y arranca así: "El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, vulneró la Ley 13/2005 de la Generalitat que regula las incompatibilidades y actividad de los altos cargos de la Administración catalana. Lo hizo al ocultar sus viajes a Rusia y los contactos que ha mantenido estos años con representantes de los servicios secretos de Vladímir Putin, que él mismo ha reconocido ante el 'New York Times'. Alay no informaba de sus viajes, pese a ser un cargo de confianza que cobraba cada año 105.000 euros brutos anuales. La Conselleria de Exteriores no sabía nada. Cada año, la oficina del expresident Carles Puigdemont publica una memoria con su actividad detallada. El Confidencial ha tenido acceso a la misma y los viajes a Rusia de Alay en 2019 no aparecen. Se omitieron de manera deliberada".

Noticia de alcance. Botellones. La alegre muchachada se revuelve contra los Mossos. De Crónica Global: Un grupo de jóvenes en un botellón echa a patadas a los Mossos en Llinars. Nuevo deporte de riesgo, enfrentarse a los mossos. Del texto: "Grupos de jóvenes siguen desafiando a los Mossos d’Esquadra con botellones y concentraciones de coches. El último incidente se ha producido en un polígono en Llinars del Vallès, la pasada noche, cuando centenares de personas celebraban un botellón. La policía autonómica tuvo que salir tras las protestas de los jóvenes, que golpearon el coche patrulla a patadas, y se abalanzaron contra los agentes. Más tarde, con una orden pública en la mano, los Mossos desalojaron a los concentrados y colocaron más de 50 sanciones. Los agentes trabajan en la identificación de los que golpearon el coche, estimulados por los compañeros de botellón. La intervención fue constante, porque, poco después, regresaron alertados por llamadas que señalaban que se había producido una especie de carrera con conductores derrapando sus coches, una práctica que se repite en otros emplazamientos, donde se mezclan los botellones con juegos de derrape de coches. Y es que los Mossos también desalojaron una concentración de coches trucados en Rubí".

La actualidad nacional viene marcada por las encuestas. La primera, de El Mundo: 

PP, 131 (29,1%); PSOE, 98 (24,4%); Vox, 47 (14,9%); UP, 22 (10,3%); Más País, 8 (4,1%); ERC, 14 (3,4%); Cs, 1 (3,1%); Otros, 13 (6,8%).

Según el diario de Unedisa esto es que "Pedro Sánchez no frena el desgaste y el PSOE cae por debajo de los 100 escaños". El texto es de Roberto Benito y dice así: si Pedro Sánchez se proponía arrancar el nuevo curso político ofreciendo una imagen de recuperación del Gobierno y su partido, por el momento hay que concluir que no lo está consiguiendo. Los datos que ofrece el Panel de El Mundo-Sigma Dos muestran que el desgaste del jefe del Ejecutivo continúa y sitúan por primera vez a los socialistas por debajo del 25% de intención de voto y de los 100 escaños. El PSOE no estaba por debajo de esa peligrosa barrera desde antes de que Sánchez llegara a La Moncloa. Estando en el Gobierno nunca había tenido un desgaste tan pronunciado. El sondeo le da una intención de voto del 24,4%, con 98 escaños. Totalmente insuficiente para seguir en el poder y a mucha distancia ya del PP, que lidera por quinto mes consecutivo el Panel, con un 29,1% y 131 diputados, y amplía su ventaja". 

En Público también subrayan la caída demoscópica del PSOE. "La escalada del precio de la luz pasa factura al Gobierno en las encuestas" es el titular del diario de Roures. El resultado si hoy se celebraran elecciones sería el siguiente: PP, 125; PSOE. 101; Vox, 49; Up, 23; ERC, 13; Junts, 9; Más País, 7; PNV, 7; EH Bildu, 5; CUP, 2; CC, 2; Cs, 2; Otros 5.

El análisis corre a cargo de Pilar Araque Conde: "el parón vacacional no ha servido para revertir las tendencias electorales reflejadas al final del anterior curso político. En este sentido, según el estudio del mes de agosto realizado por el observatorio de Key Data para Público, los pocos cambios en las tendencias y el reparto de escaños observados en julio se han acentuado ligeramente durante el último mes. De esta forma, el Gobierno, que no consiguió darle la vuelta al panorama demoscópico tras la reforma profunda que Pedro Sánchez acometió en el seno del Ejecutivo en julio, tampoco ha logrado en agosto ese punto de inflexión necesario para revalidar su plaza en La Moncloa si se celebraran elecciones a día de hoy. Tal como apunta Paz Álvarez, directora técnica de Key Data, los continuos récords en la factura de la luz de las últimas semanas, así como las discrepancias que los socios del Gobierno han mantenido en torno a esta problemática, "ya se están reflejando en esta encuesta", un cambio que será más notorio en los sondeos sobre el mes vigente".

La apertura del curso judicial es la ídem de El País. "Una justicia sin renovar aborda causas de gran calado político" titula el diario de Prisa sobre un texto de José Maria Brunet: "el curso judicial se inaugura hoy, bajo la presidencia del Rey en el Tribunal Supremo, en un clima de alta tensión por el bloqueo de la renovación de órganos institucionales. Un pacto entre PSOE y PP se ve inviable, rotos los puentes por las exigencias de Pablo Casado. El Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes tiene el mandato caducado desde 2018, y el Tribunal de Cuentas desde el pasado julio, mientras quedan vacantes sin cubrir en el Supremo y el Constitucional. Estas instancias deben resolver asuntos de alto voltaje. El Constitucional abordará el recurso de Vox contra el segundo estado de alarma y examinará la reforma legal que impide al CGPJ efectuar nombramientos estando en funciones. Además, el tribunal deberá pronunciarse sobre la prisión permanente revisable y la ley Celaá. Por su parte, el Supremo tiene que decidir los recursos contra los indultos a los condenados por el procés, así como sobre la designación de Dolores Delgado como Fiscal General. Y el Tribunal de Cuentas estudiará si acepta los avales de la Generalitat a 34 ex altos cargos y funcionarios por la promoción exterior del procés. Mientras, en la Audiencia Nacional se acumulan casos que implican al PP, de la operación Kitchen a la trama Púnica".

6 de septiembre, santoral: Bega de Cumberland, Cagnoaldo de Laon, Eleuterio de Spoleto, Magno de Füssen, Onesíforo de Éfeso y Zacarías profeta.