Doble cita en Madrid: embargos y diálogo

Doble cita en Madrid para el independentismo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debuta en la Moncloa, donde será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a fin y efecto de sondear las profundidades del diálogo y arbitrar para la vuelta del verano una mesa de negociación. Aragonès acude a la capital del Reino henchido de orgullo patriótico tras agasajar ayer a los expresidiarios del proceso, los nueve de la trena que ayer fueron homenajeados en Palau y en el Parlament. El menú de la propuesta independentista se compone de dos platos, amnistía y autodeterminación, una aproximación a las lentejas, las comes o las dejas.

El segundo punto caliente será la sede del Tribunal de Cuentas, por donde desfilarán los representantes legales de 41 dirigentes y exdirigentes de la causa republicana catalana desde los tiempos de Mas y hasta la época de Puigdemont. El máximo órgano fiscalizador del Estado ha irrumpido en la escena con diversas aproximaciones respecto al dinero desviado para vender en el extranjero el empeño secesionista. Cantidades millonarias y amenaza de embargo, pánico entre los expresidentes y exconsejeros. De ahí la exigencia de amnistía, borrón y cuenta nueva. Pero amnistía a cambio de nada.

En El País contaban ayer que el PP se resiste a renovar la composición del Tribunal de Cuentas. Hoy vuelven a la carga, pero con las cargas que amenazan a los principales prebostes de la serie El Procés. "El Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Junqueras y a Puigdemont" dice el titular. La pieza viene con la firma de José María Brunet, que desglosa que "el Tribunal de Cuentas va a reclamar este martes 1.981.453 euros al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la justicia desde hace casi cuatro años, y 1.932.323 euros al exvicepresidente, Oriol Junqueras, indultado por el Gobierno. Esas cantidades responden a supuestos gastos indebidamente realizados en la promoción exterior del procés y la búsqueda de apoyos internacionales para el proyecto de independencia de Cataluña. Ambos dirigentes secesionistas forman parte de una lista que incluye a otros 39 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana, entre ellos el expresidente Artur Mas, a quien se le reclama la cantidad más elevada, 2.803.115,8 euros, según el acta de liquidación provisional, a la que El País ha tenido acceso".

Continúa el texto: "En total, el Tribunal de Cuentas reclama 5.417.899 euros que la Generalitat habría empleado en difundir sus proyectos de ruptura con España durante el período comprendido entre 2011 y 2017. En los casos en que concurre la responsabilidad de varios excargos del Govern respecto a un mismo concepto de gasto indebido, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados por ese concepto, según el Tribunal. Esto es, que el reintegro del importe total se puede exigir a cualquiera de los causantes del daño, el cual podrá reclamar a los otros la parte correspondiente. (...) Estos factores explican, por ejemplo, que el exconsejero de Acción Exterior en la etapa de Puigdemont, Raül Romeva, deba hacer frente a un pago muy similar al del expresident, en este caso de 2.108.818 euros, que si no se aseguran darán paso, como en todos los demás casos, al embargo de bienes hasta cubrir la cantidad reclamada. En relación con el exconsejero de Economía en la etapa de Mas, Andreu Mas-Colell, el acta se presta a cierta confusión. Su nombre completo aparece vinculado a gastos por valor de 963.615 euros. Pero en el mismo documento aparecen gastos atribuidos a Andreu Mas, a secas, por valor de 1.839.500 euros. Entre los implicados no figura ningún Andreu Mas, por lo que en medios del propio tribunal se estima que lo más probable es que esta última cifra deba sumarse a la anterior, por tratarse en ambos casos de la misma persona. El total reclamado alcanzaría en este supuesto la cantidad de 2.803.115 de euros, similar a la atribuida al expresidente Artur Mas, con quien compartiría la responsabilidad contable de la mayoría de los gastos que se imputan a ambos, en muchos casos coincidentes".

Quien crea que los citados van a ser pobres de hoy para mañana está muy equivocado. Las cosas de palacio van despacio, cabe recurso contra las decisiones del Tribunal de Cuentas y dicho órgano está recibiendo fuertes presiones por parte de quienes sostienen que la resolución del caso catalán es incompatible con que Mas y Mas Colell, así como Junqueras y los demás paguen lo que deben. 

En El Mundo aluden a esas presiones en el titular de portada. "El Tribunal de Cuentas activa el proceso para el embargo a líderes del procés: 'La presión del Gobierno no nos afecta. Seguimos adelante'". El texto es de Carlos Segovia y dice así: "La cúpula del Tribunal de Cuentas está recibiendo con estupor y malestar estos días las declaraciones de miembros del Gobierno en apoyo de acusados de desviar fondos públicos, pero sostiene que las va a desoír. Miembros del Ejecutivo del PSOE y Podemos presionan públicamente al principal órgano fiscalizador del Estado para que frene o incluso aborte los procesos de malversación contra ex dirigentes independentistas. En las conversaciones desde el pasado viernes entre la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, y sus consejeros, la conclusión es clara: continuar el caso y activar como estaba previsto el procedimiento de embargo preventivo para recuperar el dinero presuntamente malversado entre 2011 y 2017 en la red exterior de la Generalitat, incluidas las llamadas embajadas y Diplocat".

Sigue la nota: "«La presión del Gobierno no nos afecta, vamos a seguir el caso», resumen a este diario fuentes de la cúpula del Tribunal de Cuentas. El organismo fiscalizador ha descartado emitir comunicados oficiales de protesta contra las declaraciones de los ministros y evitar cualquier riesgo de recusación: «Hablaremos con los hechos». El hecho es que el Tribunal de Cuentas activa hoy el procedimiento temido por los independentistas para que presenten una fianza bajo pena del citado embargo preventivo. La previsión es que la delegada instructora, Esperanza García Moreno, comunique a los abogados de cerca de 40 ex altos cargos de la Generalitat que deben reunir este mes más de cinco millones de euros entre todos por si se confirma al final de la instrucción que ésa es la cifra -incluidos intereses- que malversaron. Entre los responsables, según el Tribunal, figuran indultados como Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull, por lo que el Gobierno se está desmarcando de este procedimiento e incluso presionando para que acabe cuanto antes".

En cuanto a la cita de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, la impresión generalizada es que el presidente del Gobierno está poniendo todo de su parte mientras que Aragonès se limita a expresar lo que le dice Junqueras. El PSC, por su lado, quiere que la mesa de Madrid tenga reflejo en una mesa de Cataluña con todos los partidos del arco parlamentario, propuesta de Illa que se topa con las reticencias de la parte independentista y de Vox. Es la apertura de El Confidencial, que viene con la firma de Marcos Lamelas en El Confidencial: "PP y Cs están abiertos a participar en la mesa de diálogo de los partidos catalanes que promueve el PSC siempre y cuando sea en el ámbito del Parlament de Cataluña y tenga formato de comisión parlamentaria, según han explicado líderes de ambas formaciones políticas a El Confidencial. Salvador Illa ha pedido a Pere Aragonès constituir este foro de partidos de manera que se otorgue voz al constitucionalismo y se puedan elevar propuestas a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que hoy se empezará a discutir en la reunión entre el presidente catalán y Pedro Sánchez en Moncloa. Pero ni Aragonès ni ERC pretenden darle ese espacio añadido a los socialistas, según confirman fuentes de los republicanos". 

En ERC, apunta el texto de Lamelas, consideran que Aragonès es la voz de toda Cataluña. Bien empezamos...

Los movimientos en torno a Cataluña tienen un reflejo fuera del ámbito de la comunidad, según cuenta Mikel Segovia en El Independiente. "El deshielo en Cataluña reactiva el procés vasco tras año y medio paralizado" es el titular de una información que arranca así: "Ha estado en un cajón durante año y medio. El final de la legislatura lo frenó, la pandemia obligó a relegarlo y sólo el proceso de indultos a los líderes del procés parece haberlo resucitado. El procés vasco que comenzó a plantearse allá por 2012, cuando Urkullu se presentó por primera vez como candidato a lehendakari, ha vuelto a la vida tras el deshielo en Cataluña. El nacionalismo vasco no quiere quedarse atrás en la nueva fase abierta en la relación entre el soberanismo catalán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Prosigue Segovia: "El PNV y el lehendakari Urkullu han visto la oportunidad de subirse al tren puesto en marcha en Cataluña y ultiman ya el regreso de su proyecto soberanista estrella, el nuevo estatus vasco. La fecha, el próximo otoño, cuando tras el verano en el que se confía en dejar atrás la crisis sanitaria, situar en el debate político el encaje territorial tenga acogida en la sociedad postpandémica. Una reactivación que se produce mientras ambos Gobiernos siguen dando pasos en el cumplimiento del Estatuto vasco de 1979. El mandato anterior terminó con tres propuestas de articulado para un nuevo estatuto. Uno en clave de relación confederal con España, apoyado por el PNV y en menor medida por Podemos y el PSE, que emitieron votos particulares al texto. Otro, el redactado por EH Bildu, con la independencia como última aspiración y un tercero, el del PP, como una mera actualización y puesta al día del actual Estatuto de Gernika como objetivo".

Se le abren dos frentes territoriales al Gobierno, que acaba de hilvanar un acuerdo de pensiones que está a la espera del visto bueno del empresariado. El asunto es la apertura de El Diario, que titula: "El acuerdo sobre pensiones tumba la reforma unilateral del PP y confía en retrasar las jubilaciones solo con incentivos". El texto es de Laura Olías: "El primer bloque de la reforma de pensiones ha terminado siendo más ambicioso de lo esperado en un inicio. Los primeros adelantos del Gobierno indicaban que abordaría dos grandes puntos: acabar con las subidas anuales del 0,25% de la época de Rajoy gracias a un nuevo mecanismo de revalorización según el IPC y una serie de incentivos para impulsar el retraso de la edad efectiva de jubilación. Finalmente, el acuerdo al que han llegado este lunes los agentes sociales y el Gobierno tumba también el segundo elemento clave de la legislación de pensiones del PP, el factor de sostenibilidad, y además incluye otras dos "patas" muy relevantes. Por un lado, refuerza los ingresos de la Seguridad Social con un compromiso de apoyo desde los Presupuestos y, además, aborda un listado de medidas adicionales con las que el Gobierno se compromete a cumplir con algunos compromisos y deberes pendientes".

Y: "Una vez cerrado el acuerdo en la mesa técnica del diálogo social, se espera que los empresarios respalden el pacto en una consulta de la CEOE y que el Ejecutivo pueda oficializar el primer acuerdo social en pensiones en una década en un acto a lo largo de la semana. La previsión es que el proyecto de ley se apruebe el próximo martes 6 de julio en el Consejo de Ministros y que las medidas entren en vigor para el comienzo de 2022. Ahora toca de nuevo el turno para el debate político, con la tramitación parlamentaria de la legislación. El objetivo comprometido en Bruselas es que esta primera parte de la reforma esté aprobada antes de 31 de diciembre de 2021".

También está en el cajón de salida la denominada "ley Trans", cuya aprobación podría tener consecuencias de largo alcance político. La Razón asegura que "Carmen Calvo saldrá del Gobierno después de su derrota con la “Ley Trans”" y que "Montero impone su criterio sobre la autodeterminación de género y en Moncloa ven a la vicepresidenta fuera del Gobierno". Escriben Ainhoa Martínez y Rocío Esteban: "El Consejo de Ministros aprobará hoy la Ley Trans y LGTBI tras meses de profundo y duro debate interno. El Gobierno avanza así en el paquete legislativo, de corte social y progresista, que desplegará en las próximas semanas para ganarse «la calle» tras la concesión de los indultos. La norma se ha hecho coincidir con la semana de celebración del Orgullo como gesto al colectivo, pero, al mismo tiempo, ha soliviantado a una corriente del feminismo tradicional. Este conflicto ha tenido también su reflejo en el seno del Ejecutivo, donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha topado con la oposición de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por la llamada autodeterminación de género, que sí avalaría el Ministerio de Justicia –coproponente de la norma–, alineándose con Igualdad".

Sigue la pieza: "Esto ha supuesto el desbloqueo de la ley y, de facto, una derrota para Calvo, que no ha logrado imponer sus tesis. No en vano, en el PSOE se habían opuesto radicalmente a esta cuestión hasta hace unos días, cuando tuvieron que virar argumentalmente. La derrota de Calvo se percibe como una muestra de debilidad interna de la otrora mano derecha de Sánchez, que anticipa su salida del Gabinete. Fuentes gubernamentales aseguran a La Razón que la vicepresidenta primera no mantendrá su cargo en la remodelación del Ejecutivo que Pedro Sánchez tiene previsto emprender en las próximas semanas. Esto no solo supone un cambio de ciclo, sino que dota la «crisis de Gobierno» de una dimensión muy trascendente".

El día viene repleto de curiosidades procedentes del independentismo. Torra propone, por ejemplo, hacer un "homenaje nacional" a Gonzalo Boye, el abogado, porque la Audiencia Nacional le investiga por blanqueo de dinero del capo del narcotráfico Sito Miñanco. Y ayer trascendió que Jordi Turull piensa recorrer a pie media Cataluña durante quince días para dar las gracias a la gente que le apoyó mientras estaba en la cárcel.

29 de junio, santoral: Solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo, Casio, Emma y Siro.